El Gobierno Nacional, cómplice de la violencia y de la entrega del patrimonio en la Patagonia

Hace unos días los argentinos recibimos un nuevo golpe a la dignidad, al orgullo y a la defensa de la soberanía. Nos enteramos por los medios de que gracias a la impericia o connivencia, esto resta por verse, del Ministerio de Defensa y de los abogados que deben velar por los intereses y patrimonio nacional, quedó firme la sentencia mediante la cual la jueza interina del Juzgado Federal de Bariloche, dra. María Silvina Domínguez, ordena que dentro del plazo de sesenta días se escriture a favor de la comunidad demandante. Son 180 hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y que se encuentran actualmente registradas a favor del Estado Nacional y como reservadas al uso de la Escuela Militar de Montaña.

Este solo hecho, ordenar la transmisión del dominio, daba lugar a una apelación por cuanto la jueza, tratando una medida cautelar, se ha extralimitado resolviendo el fondo de la cuestión. No es lo único grave, en el juicio no se escuchó ni se dio traslado a la provincia, al municipio ni a cualquier otro particular que se pudiera considerar con derecho. Tampoco se tuvo en cuenta que la ley 26.160, sobre relevamiento y restauración de derechos a pueblos indígenas originarios, establece que si al momento de la sentencia el territorio reclamado se encuentra ocupado por terceros es deber del Estado otorgar a la comunidad un predio de similares características y en caso de no ser aceptada esta opción, pagar una indemnización. Dichos terrenos integran parte del Parque Central de Bariloche, creado por Ley Provincial 5155/16 “para extender el uso público socialmente inclusivo de dichas tierras y la protección del paisaje y la condición mayoritariamente agreste de sus ambientes.”

Sin embargo, lo más grave fue lo que ocurrió al llegar la notificación al Ejército sobre la decisión de la jueza y surgió la necesidad de apelar en un plazo de cuarenta y ocho horas. La abogada Silvia Cristina Vazquez, actuando en representación del Ministerio de Defensa, en su condición de integrante de la Procuración del Tesoro que dirige Carlos Zannini, presentó la apelación cuando ya habían vencido los plazos procesales, Dicho accionar negligente o doloso fue denunciado por varios diputados de la oposición y la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público recayó en el mismo juzgado federal de Bariloche que entregó las 180 hectáreas. No es la primera vez que este gobierno se desentiende del cuidado y preservación de territorios fiscales propios. En el caso de la usurpación del terreno de Parques Nacionales frente al lago Mascardi sobre la ruta Nacional 40, Parques Nacionales por orden del Ministerio de Medio Ambiente, desistió de la demanda contra los usurpadores que se anexaron esos terrenos mediante actos violentos, sin mediar ninguna disposición judicial ni del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que les reconociera esa tenencia.

Quedó aún más en evidencia esta actitud del Gobierno Nacional cuando se produjeron una serie de hechos violentos protagonizados por grupos pseudo mapuches en Mascardi y cerca del Bolsón que llevaron a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, a pedir el auxilio de fuerzas de seguridad federales ante ese contexto de violencia en aumento. La gobernadora se encontró con la negativa por parte del gobierno de Alberto Fernandez a brindarle alguna ayuda concreta en materia de seguridad. Sin embargo, no siempre el actual gobierno nacional se desentendió de la acción de los violentos en las provincias patagónicas, sino que hubo al menos dos ocasiones donde actuó en favor de los violentos. Cuando un funcionario del INAI, Luis Pilquiman, utilizando vehículos del Estado Nacional fue detenido por autoridades provinciales llevando personas y pertrechos a los ocupantes violentos de Mascardi. La otra fue cuando el embajador Rafael Bielsa se presentó a convalidar el pedido de excarcelación en Chile del líder argentino de la RAM, Patricio Jones Huala. Dicho lonko mapuche fue encontrado culpable de actos terroristas en nuestro vecino país y purgaba una pena de prisión producto de incendios y estragos de los cuales él participó. De más está decir que, a partir de que el pedido de libertad fuera otorgado de manera temporal, el líder de la RAM jamás volvió de su salida transitoria y se encuentra prófugo de la justicia chilena.

La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) la integran jóvenes, algunos de los cuales tienen ascendencia mapuche, que reivindican de manera violenta la conformación de una Nación Mapuche, y han sido responsables de varios actos violentos en la Patagonia andina. Son la réplica de la CAM (Coordinación Arauco-Malleo) y la ORT (Órganos de Resistencia Territorial) chilenas. Los integrantes de ese grupo se presentan como miembros de cualquiera de estas organizaciones sin diferenciar si son argentinos o chilenos porque, según su percepción, ésta es una división artificial realizada por el winka (hombre blanco) para socavar y desconocer sus raíces y derechos. De hecho desconocen la Constitución, las leyes y la bandera argentina e intentan con actos terroristas recuperar lo que ellos consideran su territorio ancestral. Como explica Francisco Ljubetic, quien fuera titular de la Fiscalía Regional de la Araucania: “Varios de sus integrantes se han entrenado con las FARC colombianas y desde hace años se han transformado en una guerrilla rural financiada por el narcotráfico, la usurpación y el robo de madera. La violencia en la región al sur del Bio-Bio no se limita a los daños materiales (quema de fundos, camiones y maquinaria) sino que se ha cobrado muchas vidas.”

Estos grupos se financian con aportes internacionales que consiguen ONG’s extranjeras como Mapuche Nation asentada en Bristol, Gran Bretaña, que mediante denuncias presentadas en Naciones Unidas sobre “un plan de exterminio sistemático de indígenas que llevan adelante Chile y la Argentina,” consiguen donaciones importantes. Pero también el tráfico ilegal de estupefacientes entre ambas naciones es otra fuente de financiamiento para estas organizaciones, como lo muestra la detención de uno de los máximos exponentes de la CAM Emilio Berkhoff en posesión de 823 kilos de pasta base de cocaína. En este contexto de violencia creciente y usurpaciones la ministra del Interior y Seguridad chilena, Iskia Siches, reivindicó el Wallmapu (nación mapuche) como el territorio que se extiende desde las regiones chilenas de Bio Bio y Araucania y las provincias argentinas de Río Negro, Neuquén, La Pampa, parte de Buenos Aires y Mendoza, abogando por su autonomía e independencia. A pesar de las implicancias que dicha reivindicación tiene para nuestra soberanía, una vez más el Gobierno Nacional no realizó ningún reclamo formal ante el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Por cierto, unos días más tarde de dicha declaración, la ministra fue recibida en la Araucanía con una andanada de piedras y tiros por parte de estos grupos violentos.

Todas estas omisiones de intervención, respuesta e inacción del Gobierno Nacional no explican más que la complicidad de funcionarios nacionales que entregan vastos territorios y ponen en riesgo nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Con un falso prisma ideológico que quedó de manifiesto por la vocera presidencial, que al ser consultada por un periodista por la inacción del Estado frente a todos estos incidentes respondió: “Esta cuestión me retrotrae a la Conquista del Desierto. Retrocedemos 200 años. Nosotros no vamos a hacer esto una cuestión entre el Ejército y los mapuches.” La ideología como falsa excusa para entregar lo que es propio, para incumplir los deberes de funcionario público que los obliga a resguardar los intereses de la Nación. Como reza el juramento que sella el compromiso de cada funcionario público, “si no respetan nuestra Constitución y las Leyes que Dios y la Patria los demanden.”

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