El giro de la Argentina que quiebra su liderazgo global por los DD.HH.

En poco más de seis meses de gobierno, el presidente Javier Milei pasó 39 días fuera de la Argentina, de gira por Estados Unidos, Europa e Israel. El dato, de por sí polémico en medio de una gestión cuya política económica ha traído aparejado un duro retroceso a nivel social y de acceso a derechos humanos fundamentales, cobra otro volumen cuando se analiza que gran parte de la agenda del mandatario en el exterior se ha focalizado en viajes partidarios que en más de una ocasión pusieron al Estado y el bien común en tren de colisión con las motivaciones personales de quien debe representar al colectivo de la Nación.

No solo ello: incluso cuando de decisiones y acciones políticas se trata, el gobierno de Javier Milei ha seguido durante estos poco más de seis meses una hoja de ruta que implicó giros de 180 grados en posicionamientos que quebraron una larga tradición diplomática de nuestro país en foros como las Naciones Unidas, la OEA y el Mercosur. O que catapultaron a la Argentina al ojo del huracán de un conflicto bélico como el de Ucrania en contraposición a la histórica neutralidad que han pregonado los gobiernos democráticos en la Argentina más allá de los colores partidarios en la gestión.

En la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se convocó a fines de junio en Paraguay, la Argentina estuvo cerca de romper un consenso que se construye con el continente y gran parte del mundo en torno a la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Se trata de 17 objetivos comunes que se trazaron hace casi una década como metas para la construcción de una sociedad más igualitaria y sustentable y que abarca aspectos tan amplios como el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, energía asequible y no contaminante, igualdad de género y trabajo decente.

El lema de la convocatoria, en esta oportunidad, era “Integridad y Seguridad para el Desarrollo de la Región”. Desde nuestra organización estimamos que la integridad y la seguridad sólo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida que se centren en el respeto y garantía de los derechos humanos. Y de hecho, la OEA ha determinado la importancia e interdependencia de los derechos humanos al consagrar dentro de sus cuatro pilares fundamentales a “la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”

Así y todo, en las rondas técnicas previas, el Gobierno planteó sus diferencias poco antes con los textos que abordaban estas cuestiones, como ya lo había anticipado la representante de la Argentina en el organismo multilateral, Sonia Cavallo, al oponerse a la inclusión de conceptos relacionados al género frente al flagelo de la violencia sexual en Haití, uno de los países más castigados de América en términos de desarrollo socio-económico e institucionalidad. Esto resulta llamativo, cuando no preocupante, si se mira en la perspectiva de los dramáticos datos que describen la crisis en aquella nación del Caribe: decenas de muertos, secuestros, violaciones sexuales a mujeres y niñas y el desplazamiento forzado de más de 95,000 personas en una escalada de violencia que no aminora desde inicios de 2024.

Si bien al final prevaleció la presión del resto de los países, lo objetable es el giro conservador premeditado que impulsa la Argentina en su posicionamiento continental aún en flagrante contradicción con los mandatos legales de su propio ordenamiento jurídico. En otras palabras, el Gobierno pretende adoptar posturas de cara al mundo que van en contra de lo que las leyes dictan dentro de sus fronteras, generando una disociación entre el relato de construcción del poder del gobierno libertario y el país real que le toca timonear, donde el desconocimiento de sus propia normativas ponen en peligro la vida y los derechos de todas las personas que aquí residimos.

Lejos está de llamar la atención cuando desde el primer momento el discurso en las redes del presidente Javier Milei -su canal de comunicación predilecto y más directo- como así también su carta de presentación por el mundo aspiran a posicionarlo como referente internacional de un colectivo de gobiernos que desconocen el cambio climático, cuestionan las políticas de género y rechazan cualquier tipo de injerencia del Estado en el desarrollo social. Incluso celebran el cierre de organismos como el exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades tras reducirlo a una subsecretaria y luego disolver su capacidad de operatividad con el despido del 85% de sus trabajadores y la clausura, de facto, de gran parte de los programa de prevención y denuncia de casos de violencia de género como la línea 144.

Todo esto no puede despegarse tampoco de declaraciones contrarias al ejercicio de derechos humanos conquistados en Argentina durante los últimos cuarenta años de democracia en la boca del secretario de Culto, Francisco Sánchez. El funcionario atacó la ley de divorcio vincular sancionada en 1987 –dijo que los hijos de padres y madres divorciados “sufren trastornos de ansiedad” y tienen “rendimientos inferiores a los niños de “familias consolidadas” –, cargó contra la ley de matrimonio igualitario de 2010 –al que erróneamente denominó como de “matrimonio homosexual” –, desinformó sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2020 –asegurando que avala la “matanza de criaturas” aunque redujo la mortalidad materna en un 53%– y se refirió a la Educación Sexual Integral (ESI) como “leyes para que la ideología de género se haga obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos” y “hacer daño a nuestra sociedad”.

La orden de desacoplar a la Argentina de toda iniciativa vinculada a la Agenda 2030 en los foros multilaterales forma parte del mismo paradigma que promueve Sánchez y que no pasa desapercibida en el mundo. Aún más porque el país supo ser un referente en el desarrollo de los derechos humanos desde el regreso de la democracia y más allá de las transiciones partidarias que hubo en la conducción del Estado. Pero Milei no está solo en esos esfuerzos que forman parte de una verdadera batalla cultural a lo largo y ancho del mundo signada por intereses económicos y con los derechos de las personas como prenda de cambio.

En el cónclave del G7 del cual formó parte Milei en calidad de invitado, se impuso la postura de la anfitriona Giorgia Meloni para remover la palabra “aborto” de la Declaración Final. La premier italiana forma parte del ascenso al poder de figuras conservadoras con las que el líder libertario dice sentir una mayor proximidad aún a costa de entrar en colisión con los postulados del liberalismo que él mismo pregona.

Desde la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, incluyó a la Argentina en su discurso frente al organismo, hace solo unas semanas. “En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos”, comenzó el titular del Acnudh. Apuntó contra “recortes del gasto público que afectan especialmente a los más marginados, el anunciado cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia”

Giros globales

No solo los viajes del Presidente desviaron a la Argentina de sus posiciones tradicionales. También la Cancillería se vio obligada a adoptar posturas que van en contra de la coherencia de su línea, al son de los realineamientos políticos que promueve el Gobierno. Por ejemplo,en lo que refiere a la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno ha desviado al país de su histórica senda de no involucramiento y la promoción del diálogo diplomático como estrategia de resolución de conflictos. Milei se mostró en Suiza para participar en una cumbre de aliados de Ucrania que reclamaban un alto el fuego a Moscú pero unos días antes, sin ir más lejos, su ministro de Defensa, Luis Petri, selló el ingreso de la Argentina al llamado Grupo Ramstein, una plataforma de 57 países que oficia de canal de aprovisionamiento de armas y fondos para Kiev desde el inicio de la disputa territorial.

Por último, otro dato no menor que emparenta hoy a la Argentina con otros países de América latina y que desde Amnistía Internacional advertimos con honda preocupación en la última asamblea de la OEA es el cierre del espacio cívico de la mano de la restricción y criminalización del derecho a la protesta en diversos lugares. Esta ola represiva recorre el continente y alarma a quienes monitoreamos y venimos previniendo sobre un evidente retroceso.

En la Argentina el denominado “protocolo anti-protesta” pone en jaque diversos derechos humanos, además de identificar a la protesta pacífica como un delito, y de criminalizar, perseguir, estigmatizar a manifestantes, organizaciones y grupos determinados, con especial foco en líderes, referentes sociales y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como defensores de derechos humanos. En lo que va de este año, diversas personas, incluyendo periodistas que cubrían las protestas han resultado lesionadas. También organizaciones sociales, denuncian haber sido criminalizadas debido a la aplicación del anterior protocolo. Desde nuestra organización elevamos esta alerta a los organismos encargados de velar por el estricto cumplimiento de las libertades y los derechos humanos en toda la región

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina