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El futuro se crea hoy
El Estado argentino ha asumido, a través de diversos tratados internacionales de jerarquía constitucional, obligaciones de ineludible cumplimiento más allá de la ideología del gobernante de turno.
Estamos familiarizados con la ineludible protección de los derechos humanos de cualquier habitante del suelo argentino, sin embargo, a la hora de hablar de niñez pareciera que nadie recuerda las obligaciones específicas que el Estado argentino ha contraído en relación a la protección y garantía de sus derechos.
Los niños no son personas en estado potencial, con lo cual, por más obvio que resulte, les corresponden cada uno de esos derechos humanos de los cuales tanto hablamos y, además, derechos específicos vinculados con su condición de seres en formación.
Un país sin niños en pleno uso y goce de todos los derechos de los cuales son sujetos, es un país sin futuro.
Quizá la reiterada urgencia por solucionar problemas coyunturales repetidos nos haya acostumbrado a ser espectadores de una realidad que se agrava año tras año y a la cual, probablemente porque los niños no votan, los gobiernos de turno no le prestan atención.
Los últimos datos del Indec dan cuenta de porcentajes alarmantes en materia de niñez. El 67% de los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país viven en condiciones de pobreza; de ese grupo, el 27% crece en un estado de pobreza extrema. Para ser más gráficos, más de 8.1 millones de chicos y chicas son pobres y más de 3.3 millones no acceden a la alimentación mínima necesaria.
Es decir, estamos frente a una realidad en la cual más de la mitad de la niñez argentina no tiene garantizados sus derechos mínimos, lo cual, más allá de representar una flagrante violación del Estado argentino respecto de obligaciones asumidas internacionalmente, revela un absoluto desorden en la escala de prioridades que cualquier gobierno debería tener.
Está claro que la Argentina atraviesa una crisis económica y social muy profunda; la pregunta frente a ese diagnóstico en el cual todos podemos coincidir es si para salir de esa situación alcanza con fijar una regla de equilibrio fiscal que, son pretexto de lograr un déficit cero, deje a chicos sin comer, sin educar.
El presupuesto que prevé el gobierno para 2025 establece en su artículo primero una regla de equilibrio fiscal que obliga al Estado a no gastar más de lo que recauda, permitiendo recortes y limitando aumentos en partidas no indexadas por inflación.
Si traducimos este principio a la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes en la Argentina, nos encontramos con recortes que sólo van a agravar una situación que, hace tiempo, resulta alarmante.
El Estado debe garantizar que cada chico que vive en el suelo argentino goce de una larga lista de derechos. Cada uno de esos derechos deben ser respetados, sin embargo, podemos concluir que un chico que no come, que no tiene acceso a la salud o a la educación, difícilmente podrá ejercer otros derechos tales como ser oído, opinar, no ser sometido a la explotación o trata infantil, etc.
El gobierno ha usado, entre otras frases, una referida a “verla”. Quien tenía las cosas claras, veía que la propuesta libertaria traía la solución para todos los males argentinos. Sin embargo, pareciera que nadie quiere ver la situación de una infancia cada vez más invisibilizada ante los ojos de una sociedad que se mira los bolsillos y no comprende que si no comemos todos, la macroeconomía no es más que una abstracción que no le sirve a nadie.
El presupuesto del gobierno para 2025 provoca serios recortes en tres áreas básicas relativas a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así, en materia de Protección Social, al modificarse los parámetros según los cuales se actualizarán las Asignaciones Familiares, AUH y AUE, la protección de los niños en esta área quedaría sujeta a las decisiones discrecionales que el gobierno tome en miras de lograr el famoso déficit cero.
Esto equivale a condicionar la alimentación de muchos chicos a las variables económicas que se buscan conseguir. El “déficit cero” es una meta a alcanzar y mantener para sanear la economía en beneficio de todos, pero nunca puede ser a costa del futuro del país que justamente está en los niños.
En lo relativo a educación, el Proyecto de Ley de Presupuesto propone suspender la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en el Sistema Educativo, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional. La inversión que se proyecta implicaría una disminución del 50% respecto del año 2023.
Si observamos el tema con un poco más de detenimiento aparecen números que dan escalofríos; así, las Becas Progresar tendrían una disminución del 63,4% en relación al 2023 y el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes recibiría un 58,8% menos que en el citado año.
En relación a la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Salud incluye ocho programas presupuestarios en esta área. Para el 2025, entre todos los programas se propone una disminución del 14% de la inversión realizada en el 2023.
En paralelo, en el mismo país en el que se prioriza el déficit cero sobre la subsistencia de más de tres millones de chicos, pareciera no importar las cifras miles de veces millonarias que el Estado deja de percibir al mantener la exención del pago de impuesto a las ganancias del Poder Judicial, lo cual implica que el Estado no recaude más de 766.000 millones de pesos. Como tampoco lo hacen distintos regímenes promocionales como el de Tierra del Fuego, entre otros privilegios corporativos que tienen mineras, tabacaleras, industria del conocimiento, que significan más de 27 billones de pesos que el estado deja de recaudar, y me quedo corta, pero para la SIDE hay un incremento de 145% en su presupuesto, que será de $198.000.000.000.
Podemos pensar en diferentes modelos de país, en distintas prioridades, en variadas formas de ejercer el poder, pero no podemos dejar pasar la violación de obligaciones que un Estado de Derecho tiene para con sus habitantes.
Todos queremos ver salir adelante a nuestro país. Sin dudas, necesitamos resolver una problemática económica que nos deja estancados en un lugar de padecimiento. Un país con más de ocho millones de chicos que viven debajo de la línea de pobreza necesita de medidas que reviertan esa situación, lo cual, por lógica, solo puede lograrse con la asignación de los fondos necesarios.
Puede que con presupuestos como el propuesto para el 2025 lleguemos, en algún momento, al famoso déficit cero. La pregunta que nadie parece formularse es cómo serán las personas que vivan en ese país que, en un futuro difícil de determinar, tenga una economía con equilibrio fiscal.
La niñez es el futuro. Ese futuro se crea hoy. Y es responsabilidad del Estado hacerlo eficientemente.
Diputada nacional de la Coalición Cívica, integrante de la Comisión de Familia y Niñez
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