El futuro de Cristina Kirchner
Algunos dirigentes quieren ver a la procesada vicepresidenta disputando la presidencia de la Nación; una reciente encuesta, sin embargo, exhibe el creciente deterioro de su imagen
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LA NACIONFernando Laborda
Durante el acto que, bajo la organización de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), protagonizó Cristina Kirchner en Avellaneda el Día de la Bandera, se escuchó a no pocos dirigentes jugar con la posibilidad de una candidatura presidencial de la actual vicepresidenta de la Nación. Pero no faltan, al mismo tiempo, quienes desconfían de esa alternativa y se preguntan por qué habría de estar la expresidenta en condiciones de postularse con éxito una vez más a la jefatura del Estado ahora, con una situación socioeconómica visiblemente peor que la que un año atrás sufrían los argentinos y que condujo al Frente de Todos a una derrota en las elecciones legislativas.
A Cristina Kirchner el escenario electoral le presenta tres opciones: la primera es ser candidata presidencial; la segunda, volver a ungir a un delfín, como hizo en 2019 con Alberto Fernández, reservándose para ella o no el segundo término de la fórmula, y la tercera sería refugiarse en la provincia de Buenos Aires frente a la virtual certeza de que retener la presidencia de la Nación en 2023 será prácticamente imposible para la coalición oficialista.
La primera alternativa, su propia postulación presidencial aparece complicada, por cuanto su percepción negativa en la opinión pública supera largamente a la favorable en todas las encuestas. El más reciente relevamiento de Giacobbe & Asociados, concluido el 11 de junio entre 2500 personas consultadas a través de dispositivos móviles, le da a la vicepresidenta una imagen negativa del 72,8% contra una positiva del 20,3%. No le va mejor, sin embargo, a Alberto Fernández, quien tiene el 71,3% de imagen negativa y el 15,9% de positiva.
Repetir la estrategia de 2019 y convertirse en la gran electora de un candidato tampoco parece sencillo después de la traumática experiencia de Alberto Fernández, a quien ungió, para luego cuestionarlo y, finalmente, debilitarlo tratando de diferenciarse cada vez más de su gestión, aunque sin resignar el control de importantes áreas de la administración pública nacional. Es probable que, tras esta experiencia fallida, el dedo de Cristina no vuelva a ser un factor aglutinante ni confiable para el peronismo.
Una tercera opción sería refugiarse en la provincia de Buenos Aires frente a la virtual seguridad de que retener la presidencia de la Nación sería prácticamente imposible para el Frente de Todos. Así, su proyecto de mínima, por ahora el más factible, pasaría por presentarse como candidata a senadora nacional por el distrito bonaerense y apuntalar allí al cristicamporismo con vistas a seguir gobernando la provincia y el mayor número posible de intendencias.
Esta última alternativa guarda relación con la intención de Cristina Kirchner de reasignar la administración de los planes sociales, de modo que pasen de manos de las organizaciones sociales a las de los intendentes. Esta intención busca dejar atrás el camino paradójicamente iniciado por Néstor Kirchner desde la Casa Rosada, cuando les dio un enorme poder a movimientos sociales que hicieron de la cultura del piquete un instrumento de presión política, en detrimento de gobernadores y jefes comunales, en la administración de planes sociales.
La demanda de Cristina Kirchner parte del hecho de haber advertido que, en momentos en que el escenario electoral se torna cada vez más complicado para el oficialismo, la mayor tajada del botín se la estarían llevando otros grupos que no son controlados por su sector. Claramente, desea para La Cámpora y para los intendentes el control de una de las mayores herramientas para el clientelismo electoral. Pero, al mismo tiempo, procura asestarle un golpe al Movimiento Evita, la organización social que administra mayor cantidad de planes sociales y que es uno de los pocos sustentos territoriales del presidente Alberto Fernández.
Así la sociedad contempla las mezquindades de una pugna entre distintos sectores de la coalición gobernante por los recursos que pueden quitarles a los sectores más empobrecidos de la población: una virtual guerra por las cajas sociales.
Estos beneficios sociales, tales como los derivados del programa Potenciar Trabajo, no son ni planes de empleo ni una ayuda para la recapacitación y la reinserción laboral de los desempleados. Parecen casi exclusivamente concebidos para engordar los bolsillos de una oligarquía que conduce las organizaciones sociales y que se queda, en muchos casos, con un porcentaje de la ayuda que se les da desde el Estado a los grupos más carenciados.
Desde la perspectiva del cristicamporismo, predomina la lógica de ir por más, no conformes con manejar a través de funcionarios afines a La Cámpora y a Cristina Kirchner el 70% del presupuesto de la administración nacional.
La peculiar lucha dentro de la coalición gobernante hace que, desde el cristicamporismo, se busque poner en evidencia la creciente soledad del Presidente. Y muchas veces lo logran, aunque baste con los errores del primer mandatario para eso. En los últimos días, la propia legión de gobernadores peronistas, que Alberto Fernández imaginó en un primer momento como su base de apoyo y contrapeso de La Cámpora, comenzó a alejarse del jefe del Estado.
Ningún gobernador parecería hoy dispuesto a respaldar un proyecto reeleccionista del Presidente, con niveles de inflación que rondan el 70% anual y con un riesgo país que, lentamente, se va acercando a los calamitosos números de los últimos meses de la gestión de Fernando de la Rúa. En la víspera, superó los 2400 puntos.
El problema es que, en el peronismo, cuando un supuesto líder demuestra que está lejos de poder conducir al movimiento hacia la victoria, corre el riesgo de convertirse en una presa de la impaciencia de sus propios compañeros.
Por Fernando Laborda
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