
El Estado, sin poder
Ayer, luego de una consulta del Gobierno sobre la ley de quiebras, el Banco Mundial y el FMI volvieron a exigir que el Congreso incluya el mecanismo del cram down, por el cual los acreedores tienen incidencia sobre la empresa en crisis. Sólo aceptaron, apenas, que la ley preserve para los jueces del concurso un margen amplio de decisión.
"El resto de la ley debe aprobarse, sin cambios, esta semana", fue el mensaje que recibió el Gobierno. Después, el abismo.
Algunos funcionarios interpretaban que la crítica que formuló el secretario de Estado norteamericano, Collin Powell, sobre la politización de la Justicia no eran tanto un reproche a un sistema judicial que mostró grandes fallas, sino una expresión de desconfianza y de por qué hay que recortar el poder de algunos jueces. Sin embargo, el artículo 52 de la ley de quiebras les reservará a los jueces cierto margen de discrecionalidad. Y en 45 días, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, remitirá al Congreso un proyecto definitivo sobre quiebras, elaborado por ocho expertos.
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Pero la desconfianza sobre la Justicia es un elemento más de la crisis de nuestro Estado. Hoy, si la supervivencia del Gobierno está atada a la aprobación de unas pocas leyes de matriz económica, es porque el poder político dejó de cumplir el rol que la Constitución había previsto que tuviera en nuestro Estado:
- El régimen es presidencialista e históricamente se vivenció como hiperpresidencialista. Pero a fuerza de fracasos, el poder se fragmentó y cada presidente ve cómo se escurre con mayor rapidez.
- La elección de Duhalde por la Asamblea Legislativa dio paso a una etapa que acerca el país a un vernáculo falso parlamentarismo, donde el poder político no reside en los bloques parlamentarios disciplinados ni en mecanismos de cooperación, sino en una confederación de intereses partidarios y provinciales, cuya representación no siempre es monopolizada por los gobernadores. El poder se feudalizó entre gobernadores, legisladores, empresarios y jueces.
- Los partidos y los jueces, durante años, minaron la confianza que les tenía la sociedad y ni unos ni otros sirven, aunque lo quisieran, para legitimar a las autoridades. Por eso, se vuelven creíbles -aunque no sean enteramente ciertas- las sospechas de corrupción que deslizó el BCRA sobre los jueces que le devolvieron dinero del corralito como también las críticas que efectuó Powell.
Durante años, las autoridades dieron la espalda a la sociedad y, hoy, el poder les da la espalda a las autoridades. Sólo se podrá reconstruir el Estado cuando se asuma que el Estado no puede existir sin poder (político y económico) y sin sociedad.






