El Estado no debe atribuirse la potestad de la verdad del discurso público

Los discursos de odio (basados en el nativismo, la xenofobia, el racismo, la homofobia, el antisemitismo, etc.), al igual que las revueltas violentas, la polarización extrema y otras manifestaciones antidemocráticas de las derechas radicalizadas, se han incrementado y expandido en los últimos años en varias democracias liberales. Muchas de estas demostraciones en la arena pública se diseminan con rapidez explosiva por las redes sociales como fake news. Las falsedades, las distorsiones y las teorías conspirativas son el formato discursivo de varias de estas expresiones extremistas que afectan a la democracia liberal, erosionando la confianza y el respeto mutuo de su ciudadanía. ¿Cómo reaccionar ante este fenómeno?

Recientemente el gobierno de Alberto Fernández ha creado un organismo estatal, el observatorio de la desinformación y violencia simbólica denominado Nodio, en el marco de la Defensoría del Público. Este organismo está orientado a "la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión", según versa en el sitio oficial

Recientemente el gobierno de Alberto Fernández ha creado un organismo estatal, el observatorio de la desinformación y violencia simbólica denominado Nodio, en el marco de la Defensoría del Público. Este organismo está orientado a "la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión", según versa en el sitio oficial. El objetivo entonces es contener y desarticular los discursos de odio que exacerban muchos de los fenómenos violentos y antidemocráticos arriba descriptos.

Un Estado liberal puede imponer ciertos límites al derecho a la libre expresión sancionando los discursos de odio. También puede intervenir en la esfera pública promoviendo valores democráticos. ¿Se podría justificar Nodio desde esa perspectiva? No. ¿Puede entonces Nodio cumplir el objetivo institucional que se propone? Tampoco. Veamos las razones.

Las expresiones de odio son aquellas que atentan contra los valores constitutivos de una democracia liberal negando el estatus de igualdad y libertad a otros ciudadanos con los mismos derechos. Sus defensores buscan no solo airear su preferencias discriminatorias, sino también implementar medidas que segreguen sobre la base de la religión, la raza o el género entre otras categorías adscriptivas.

¿Qué hacer frente a este tipo de discurso? Las posiciones son dos. Por un lado, aquella que sostiene que el Estado debe permanecer completamente neutral ante cualquier acto de habla incluyendo las expresiones de odio. Esta predomina en Estados Unidos, donde la jurisprudencia sobre la libertad de expresión casi irrestricta ha quedado plasmada en las sentencias de la Corte Suprema sobre varios casos que atañen a la primera enmienda constitucional. Según esta doctrina, los discursos de odio quedan protegidos legalmente a no ser que constituyan amenazas creíbles o epítetos que inciten a la confrontación física.

La segunda posición, más restrictiva, prevalece en la mayoría de las democracias liberales europeas, al igual que en la Argentina y otros países. Esta postura sostiene que la libertad de expresión no protege los discursos discriminatorios basados en el odio hacia segmentos específicos de la ciudadanía. Manifestaciones de esta índole quedan en general sujetas a las sanciones establecidas en el Código Penal. Por ejemplo, Alemania, Canadá, Austria, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Sudáfrica y la Argentina, entre otros, tienen tipificadas sanciones para las incitaciones al odio. El Estado, pues, no es neutral en referencia a todos los actos de habla y condena aquellos que dañan el ideal democrático igualitario.

En el caso argentino, el Estado, a través de la ley antidiscriminación bajo la competencia del Inadi, se pronuncia categórica y coercitivamente en contra de las manifestaciones de odio. ¿Cuál es entonces el propósito de Nodio? El observatorio carece de facultades coercitivas y punitivas, por lo tanto ejercería una función expresiva del Estado. Si así fuera, cabe preguntarse cuáles deben ser lo límites legítimos de esa facultad. Dicho de otro modo, cuando el Estado liberal y democrático se expresa, ¿qué debe y puede decir?

El organismo incursiona en un terreno que trasciende la defensa de valores democráticos ejerciendo un rol de veedor o árbitro no coercitivo sobre la verdad y la mentira del discurso público. Esta atribución, de difícil implementación y carente de un marco regulador que especifique sus alcances, se presta a arbitrariedades ideológicas en manos de funcionarios estatales. Funcionarios que, por otra parte, no son jueces ni han sido elegidos democráticamente, sino que forman parte de la planta administrativa elegida por el gobierno de turno.

El Estado no debería atribuirse la potestad de la verdad del discurso público. Ninguna parte del Estado debería por sí sola ejercer esa facultad ni la de interpretar el ideal de legitimidad democrática. La tarea de persuasión e interpretación debe ser compartida entre los distintos poderes del Estado y los ciudadanos. Crear un organismo ad hoc cuyo objetivo es discernir entre la verdad y la mentira en la esfera pública sugiere la monopolización de una tarea colectiva.

El Estado puede ejercer su capacidad expresiva educando, comunicando e informando para fortalecer valores fundamentales que subyacen a la atribución de derechos individuales. Varias de estas funciones ya las cumple el Estado argentino cuando se expresa financiando actividades culturales inclusivas que promueven la diversidad y la pluralidad. Asimismo, habla a través de la educación pública inculcando valores como la verdad, la tolerancia, el respeto, la integración, la igualdad y diversidad de género, la importancia de los derechos individuales y la secularidad en los asuntos públicos. El Estado también se pronuncia a través de sus monumentos, nombres de calles, designación de días no laborables, celebración de eventos históricos y actos de Estado desde conmemoraciones hasta funerales. En todos estos casos, el Estado argentino interviene en el discurso público expresando simbólicamente los valores de libertad e igualdad.

Las expresiones de odio y los actos de habla políticos son discursos destacadamente elusivos y difíciles de reglamentar. Sus fronteras están siempre en disputa y los criterios para establecer qué constituye odio, daño o expresión política son cambiantes. Si a esa dificultad le agregamos la pretensión de discernir la verdad desde un organismo del Estado, la tarea expresiva de persuasión democrática, pública y colectiva puede desvirtuarse en la imposición tácita de la ideología parcial del gobierno de turno. El Estado argentino expresa su compromiso con la democracia promoviendo valores inclusivos e igualitarios. Con ese propósito, abdica del neutralismo estatal y ejerce facultades coercitivas y expresivas al servicio de esos ideales. No es necesario implicarse en el arbitraje de la verdad para afianzar el compromiso democrático. Más bien lo pone en riesgo.

Filósofa política, PhD en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley

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