El Estado debe proteger mejor a las mujeres
Pasó un año de la primera marcha de #NiUnaMenos y los datos siguen siendo preocupantes: en 2015 la ONG Casa del Encuentro registró 258 femicidios en la Argentina. Lo que se ha hecho para la protección de las mujeres dista de ser suficiente y el sistema es muy dispar en sus resultados.
La suerte de la víctima todavía muchas veces depende de la comisaría o fiscalía en la que hace la denuncia y de los mecanismos de protección con los que cuenta su jurisdicción. Que el Estado se haga cargo de la protección de una mujer en situación de violencia de género no es una cuestión menor. Se trata de una vida.
La violencia de género es un problema antiguo, pero su judicialización, al igual que la conciencia generalizada del deber del Estado con la protección de las mujeres, es relativamente nueva. El enfoque a generar también debe ser novedoso, para poder combatir este problema con una mirada amplia e integrada. Hay que recordar lo que hace tan particular a este tipo de violencia y pide un tratamiento especial: que las víctimas suelen conocer a sus agresores, algo que no ocurre con otros tipos de violencia. Y no sólo esto, sino que además muchas veces comparten casa o hijos con ellos. Más allá de la denuncia penal, las víctimas deben pasar por complejos procesos en la justicia civil y necesitan apoyo psicológico para poder cortar los lazos que las atan a sus agresores.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsa un modelo de atención integral (MAI) para la violencia doméstica y sexual. El objetivo es brindar atención integral desde el inicio de la denuncia y durante todo el proceso judicial a partir del apoyo jurídico, terapéutico y social, para proteger mejor a las víctimas mediante una actuación coordinada de los profesionales de distintas áreas, por primera vez en el país. El modelo incluye también un proyecto de ley procesal que funciona como guía para que las provincias la adapten a sus necesidades.
En este modelo se inserta el diseño de un equipo de jueces y fiscales con competencia penal y civil para casos de violencia de género. Se basa en el trabajo de operadores judiciales especializados en la problemática, un procedimiento especial y una unidad de tramitación común para casos de incumplimientos alimentarios.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia también está implementando el patrocinio jurídico gratuito en todo el territorio para mujeres víctimas de violencia de género. El objetivo es ofrecer a las víctimas asesoramiento legal de calidad. También se capacitará a los centros de acceso a la Justicia (CAJ) en las provincias para que puedan dar respuesta a consultas relativas a esta problemática.
Los llamados "botones antipánico" que están en uso en varias jurisdicciones han tenido en muchos casos respuestas satisfactorias, pero colocan el peso de la decisión de pulsar el botón sobre la víctima. Los dispositivos electrónicos duales de monitoreo y detección de proximidad de agresores apoyan el cumplimiento de las medidas cautelares, como las de no acercamiento, alertando directamente a las fuerzas de seguridad si el agresor se encuentra cerca y evitando la carga innecesaria sobre la víctima. Estas pulseras electrónicas se están incorporando este mes en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y esperamos poder llevar la herramienta a todo el país.
Gracias al valiosísimo trabajo realizado por la Casa del Encuentro, podemos contar con una estadística de femicidios. Pero una ONG no puede reemplazar al Estado en la responsabilidad de generar estadísticas confiables. Por esto, el Ministerio planifica la primera encuesta nacional de violencia de género para el año que viene. Adicionalmente, este año se llevará a cabo en todo el país el primer estudio de necesidades jurídicas insatisfechas, con preguntas específicas sobre problemas de acceso a la Justicia en casos de violencia.
En última instancia, necesitamos recordar que el problema es cultural. Una sociedad que mata a sus mujeres y niños es una sociedad que ha fallado. Debemos cambiar la mentalidad en el tratamiento de la violencia de género y necesitamos mostrar claramente que no la toleraremos. Nos tenemos que hacer cargo.
El autor es ministro de Justicia y Derechos Humanos
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