El discurso kirchnerista y la respuesta de Macri
Si una sociedad percibe que la corrupción está en todos lados y que anida en toda su dirigencia política y en todo el empresariado, siempre resultará dificultoso, si no imposible, identificar a los corruptos. Esta teoría, que podría resumirse diciendo que si todos son corruptos, nadie en verdad lo es, está volviendo a ser empleada por el kirchnerismo para hacer frente a los múltiples frentes que tiene abiertos por los escándalos de la última década.
En los últimos días, trascendió que Cristina Fernández de Kirchner le habría sugerido a Lázaro Báez que apuntara contra otro empresario, Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y beneficiario de no pocas concesiones de obras públicas durante la era kirchnerista, en ocasiones en sociedades transitorias con el propio ex cajero del Banco de Santa Cruz a quien se sospecha como testaferro de los Kirchner.
Paralelamente, llovieron desde la oposición kirchnerista cuestionamientos a la declaración jurada patrimonial de Macri que se conoció la semana última. Las críticas se centraron en una cuenta con el equivalente a unos 18 millones de pesos radicados en las islas Bahamas, algo que se explica por el hecho de que el monto que tenía depositado Macri en Suiza y los Estados Unidos, a través del banco Merrill Lynch, pasó a aquel paraíso fiscal caribeño porque la citada entidad bancaria fue adquirida por otro banco suizo con sede allí.
Con todo, el Presidente recogió el guante y ayer anunció que ordenará al administrador de sus bienes repatriar esos fondos desde las Bahamas. Comprendió, así, que era difícil reclamarles confianza a los argentinos que tienen sus dólares afuera si él no es el primero en traer su dinero del exterior.
Curiosamente, pocos repararon en otro dato de la declaración jurada de Macri que debería llamar la atención. Se trata del hecho de que, en 2015, haya adquirido tres lotes en Pilar que suman casi 500.000 metros cuadrados por una suma de 1.789.000 pesos, una cifra que parece exigua en función de los valores de mercado. No menos llamativo es el precio de 334.000 pesos pagado el mismo año por un campo de 370 hectáreas en el departamento de Rivadavia, en Salta, y que también resultaría inferior a los valores habituales, ya que la hectárea en esa zona ronda hoy los 380 dólares. Es probable que desde el kirchnerismo no se hayan cuestionado tales datos, porque, después de todo, la propia Cristina Fernández de Kirchner, acostumbraba declarar sus inmuebles al valor fiscal, que es muy inferior al de mercado. Especialistas en cuestiones tributarias coinciden en que se debe declarar el valor que resulte mayor entre la valuación fiscal y el precio por el cual se escrituró la propiedad.
La estrategia discursiva del kirchnerismo machacará alrededor de la idea de que la transparencia dista de ser patrimonio del macrismo, junto al latiguillo de que el actual Presidente "gobierna para los ricos".
La respuesta de Macri llegó con el anuncio del programa de "reparación histórica" para los jubilados, que en las próximas horas aterrizará en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa sirvió para justificar el siempre polémico proyecto de blanqueo impositivo, por cuanto, según lo expresado por el jefe del Estado, los fondos para la clase pasiva "provendrán del tributo que van a pagar los que más tienen y que en estos años evadieron los impuestos".
Así las cosas, mientras el Gobierno intenta con cada gesto mostrar la sensibilidad social que sus críticos dicen que le falta, la oposición kirchnerista busca correr al Presidente con argumentos que no llegan a tapar las inconsistencias del período en que gobernaron, aunque pueden poner bajo sospecha la transparencia del macrismo y su real preocupación por la cuestión social. Pero el mensaje más extravagante no provino de ningún dirigente político kirchnerista, sino del empresario Cristóbal López, quien en una carta al Presidente revelada horas atrás por el periodista Luis Majul, corrió a Macri con la idea de que unas 15 mil personas que dependen directa o indirectamente de su grupo empresarial podrían quedarse sin trabajo si la AFIP le sigue reclamando los casi 8 mil millones de pesos que su empresa Oil dejó de transferirle años atrás al fisco por el impuesto a la transferencia de combustibles.
