El difícil desafío que enfrenta la coalición opositora

En un sistema presidencialista como el nuestro, no tenemos experiencia sobre el gobierno de una coalición de partidos. Esta forma de gobierno es más bien propia de los sistemas parlamentarios de democracias más consolidadas y con partidos políticos más disciplinados.

El funcionamiento de la coalición de los partidos que integran Juntos por el Cambio, y que enfrenta al peronismo kirchnerista, sugiere algunas reflexiones. La primera es que todos los partidos han sufrido la influencia del corporativismo populista, y si bien son de inspiración democrática, su organización y su moral no se ajustan a la inspiración que los guiaba.

La segunda reflexión y fuerte sugerencia es que los dirigentes que han lanzado su candidatura presidencial para las próximas elecciones no deberían ser los presidentes de los partidos políticos que integran la coalición, porque no están en condiciones de actuar con la serena imparcialidad, no exenta de la dignidad, que la crisis requiere. Cabe recordar que la carta orgánica de la UCR prohibía que el presidente de la Nación fuera presidente del partido. El presidente Alfonsín, abrumado por los conflictos que le causaba el partido, logró que la convención modificara la carta orgánica y asumió la presidencia del partido. Fue un error.

Durante la presidencia de Illia, Balbín fue el presidente del partido. Entre ellos existía un trato muy respetuoso, no se tuteaban, y la relación fue bastante buena. Sin embargo, surgió un problema. Balbín a veces llevaba propuestas que Illia no quería aceptar, entonces el presidente concurría a la reunión con el edecán militar, lo que impedía tratar la propuesta. La presencia del edecán militar en la Casa de Gobierno es absurda, proviene de la tradición autocrática prusiana del ejército de Roca. El edecán solo debería participar en las ceremonias militares en las que concurre el presidente o en los actos protocolares que justifiquen su presencia. En la Casa Rosada no debería existir la Casa Militar, porque parece una casa dividida. La seguridad del presidente debería estar a cargo de civiles especializados en la materia.

La tercera reflexión se refiere a las decisiones que deben tomar los presidentes de los partidos, y que deben ser obligatorias para la coalición. Si la coalición aprueba, como debería ser, un programa socioeconómico para la próxima elección presidencial, o surgen conflictos de otro orden que deben ser decididos mediante el voto, surge el interrogante de cómo se deben computar los votos. En principio, parecería que deben ser decididos conforme con los votos que cada partido político obtuvo en la última elección para renovar las cámaras del Congreso. Estos interrogantes deberían ser acordados y aprobados antes de la elección presidencial.

Cabe aquí añadir una reflexión: en el artículo “Un plan para sacar un país de la ruina” (LA NACION, 15/12/2021), expresé que, en las últimas elecciones legislativas, una amplia mayoría de los votantes le dijo basta a la corrupción del peronismo kirchnerista. Esta realidad, que el Gobierno niega con la mentira sistemática, pronostica el triunfo de la coalición opositora en la próxima elección presidencial. En lenguaje futbolero, la coalición opositora está sola frente al arco desguarnecido y solo debe empujar la pelota, pero no basta hacer la plancha, a la pelota hay que empujarla. La reflexión final es que los dirigentes de la coalición parecerían estar frente a un dilema: desmantelar el Estado corporativo poco a poco, o permanecer en él para mantener los privilegios corporativos.

Héctor M. Guyot, en su artículo “La costumbre argentina de vivir en el engaño” (6/1/2022) expresa esta gran verdad. Es un engaño decir que vivimos en democracia, porque somos un país mucho más corporativo que democrático. No negamos que tenemos algunos débiles requisitos de la democracia, pero somos esencialmente un país corporativo. El presidente Fernández es presidente de una nación en formación, pero no es el jefe del Estado porque el Estado solo existe formalmente, y el poder reside en la vicepresidenta y en las corporaciones.

La dinámica de las corporaciones no está inspirada por el principio democrático de reconocer derechos básicos universales, sino por lo que se ha denominado “imitación de privilegios”. Los sindicatos agrupados en la CGT, y otros afines como Ctera y Suteba, son sindicatos del Estado y no de la sociedad civil. Por eso, se opusieron a dar clases durante la pandemia a pesar del clamor, en ese sentido, de la sociedad civil. Los sindicalistas de los sindicatos de Estado tienen en la justicia del trabajo un fuero especial; no están obligados a presentar su declaración jurada de bienes, muchos se han enriquecido, mientras un 40% de los trabajadores trabajan en negro y viven en la pobreza. El gremio de los camioneros es un sindicato privilegiado, y esos privilegios derivan de los camiones que son usados como fuerza de choque para obtener ventajas.

Tenemos una corporación judicial donde hay jueces y fiscales que defienden corporativamente la Constitución, pero dentro de ella una Justicia Legítima kirchnerista que compite con quienes defienden la Constitución. La corporación financiera con el Banco Central a la cabeza; la corporación empresaria, donde existen buenos empresarios, y muchos que en fila han declarado ser coimeros. Los servicios de inteligencia que se han multiplicado en todo el país. La opinión pública no está en condiciones de saber cuánto gastan, y han demostrado ser groseramente ineficientes, y algunos de sus agentes aparecen mezclados con los autores de los atentados (contra la embajada de Israel, voladura de la AMIA, la muerte del fiscal Nisman). Las comisiones del Congreso encargadas de su control, incluida la bicameral, no han ejercido ningún control. En síntesis, las corporaciones son innumerables, Aerolíneas Argentinas, YPF, etcétera.

Perón, que tenía un gran talento para la improvisación, con la máscara de una Constitución liberal y democrática que juró defender, armó un corporativismo híbrido que, como resumen Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito: “La característica de este híbrido institucional es que favoreció la expansión del sistema por un sendero de ‘imitación de privilegios’. Es decir, no se pugnaba por derechos básicos universales, sino que se legitimaban las diferencias de ‘estatus’ y los más rezagados buscaban ‘engancharse’ con los grupos que percibían beneficios máximos. Todo ello en un contexto populista autoritario que favorecía esa integración social fragmentada y clientelística de los trabajadores, pero distaba de hacer suyas las bases republicanas de una democracia representativa (Cit. Por José Nun, Democracia, ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, ed. FCE, Buenos Aires, octubre de 2000, p. 133). Un buen ejemplo de este “enganche” o “imitación de privilegios” son las organizaciones sociales o piqueteros. Evidentemente quieren ser reconocidos (enganchados) con derechos parecidos a los que tienen un sindicato como el de los camioneros.

En la actualidad, la función esencial de las legislaturas, más que legislar es controlar a la administración. ¿Por qué el Congreso no controla? Primero, porque a pesar de estar lleno de empleados, carece de un staff competente para cumplir su cometido. Segundo, porque el Congreso es una corporación llena de privilegios, razón por la que no puede suprimir los privilegios de las otras corporaciones públicas.

En síntesis, los dirigentes de la coalición opositora afrontan un desafío que los obliga a ser los primeros en comenzar a cambiar para que el país cambie. Por eso, es importante que elaboren un programa socioeconómico para las próximas elecciones presidenciales, donde tracen las políticas principales del próximo gobierno. ß

Abogado de la UBA, ex subsecretario General de la Presidencia de la administración Alfonsín

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