El desafío de la política previsional en la Argentina

El sistema previsional argentino enfrenta dificultades serias. Los problemas son muchos, y los venimos discutiendo desde hace años. Entre ellos, probablemente el más grave es la altísima fragmentación, ya que además del régimen general que todos conocemos hay cerca de 200 regímenes de excepción que, con distintos justificativos, dan a grupos de trabajadores la posibilidad de jubilarse en mejores condiciones que un ciudadano de a pie. Cerca de un 40% de los beneficios y más de la mitad de los recursos que nuestro país destina a jubilaciones y pensiones van a estos regímenes. Esto es injusto, caro e ineficiente. Si no avanzamos seriamente en reformas que permitan reducir su impacto, vamos a tener un sistema cada vez menos capaz de cumplir su objetivo principal (proteger económicamente a los adultos mayores) y cada vez más difícil de financiar.

Los regímenes de excepción ofrecen, por un motivo u otro, mejores condiciones para jubilarse a distintos grupos de trabajadores. Hay regímenes diferenciales que, porque presumen que determinados trabajadores se enfrentan a tareas arduas o riesgosas, permiten que accedan antes que el resto de la población a una jubilación. Hay regímenes especiales que, como reconocimiento a méritos de servicio, dan mejores jubilaciones a otros grupos (como jueces, docentes o científicos). Hay regímenes de retiro de Fuerzas Armadas y de seguridad que también como reconocimiento a méritos, pero además porque se entiende que quienes abandonan la actividad no tienen habilidades relevantes para el mercado de trabajo civil, ofrecen beneficios altos a edades muy tempranas. También hay regímenes provinciales, por lo que algunas provincias mantienen esquemas para sus empleados públicos que son más ventajosos que el sistema nacional. Y, por último, hay regímenes no contributivos, para poblaciones particularmente vulnerables o sujeto de alguna ley especial.

La injusticia de esta situación es clara: trabajadores con trayectorias laborales parecidas reciben jubilaciones muy distintas, dependiendo de la industria en la que trabajaron, si fueron empleados por una provincia o dónde viven, más allá que las condiciones de su trabajo y su salario hayan sido similares. Además, las excepciones hacen que el sistema sea mucho más caro de lo que debería. Un tercio de quienes tienen beneficios del sistema (cerca de 2,8 millones de personas) tienen menos de la edad mínima jubilatoria; más de 1,5 millones reciben jubilaciones mucho más generosas que el resto, encareciendo enormemente todo el sistema: la Argentina gasta en jubilaciones y pensiones lo mismo que países con el doble de población adulta mayor, como Bélgica, Suecia o Croacia.

Tener un sistema justo, sostenible y que cumpla con su principal objetivo (ofrecer protección económica efectiva a los adultos mayores) no es posible si, al mismo tiempo, no avanzamos en eliminar esta multitud de excepciones. Hacerlo es técnicamente sencillo, pero políticamente complejo, porque implica enfrentar a muchos grupos de interés que no están dispuestos a ceder sus privilegios. Es tarea de nuestra clase política (funcionarios y legisladores) asumir la responsabilidad y avanzar en una reforma integral del sistema que elimine estas injusticias. Es tarea del resto de la sociedad acompañarlos, exigiendo y apoyando estos cambios. ¿Estaremos a la altura del desafío?

Investigador principal del Cippec

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