El desafío de generar recursos propios

En el año que acaba de terminar se conmemoró el sexagésimo aniversario de la ley 14.557 que estableció el régimen de las universidades privadas. El subsistema de Educación Superior de Gestión Privada ha tenido un vigoroso desarrollo en los últimos sesenta años: conformado por 63 instituciones radicadas en todo el país, hoy concentra el 22% de los estudiantes universitarios, el 24% de los ingresantes y el 34% de los graduados de todo el sistema.

Ya la ley 14.557 establecía en su artículo primero que las universidades privadas "no podrán recibir recursos estatales". Sin embargo, algunos sectores del subsistema de Educación Superior de Gestión Privada están reflexionando actualmente sobre la conveniencia de requerir financiamiento al Estado, de recibir subsidios para desarrollar sus actividades, especialmente aquellas vinculadas con la investigación y la extensión.

Las universidades privadas hasta ahora han colaborado de manera muy eficaz para que el país ofrezca educación de calidad sin cargar a las arcas públicas con su financiamiento. Cabe entonces preguntarse, ¿no significaría este pedido de subsidios renunciar a la identidad fundacional de la universidad privada? ¿Tendría sentido que la universidad de gestión privada se financie con fondos públicos? ¿Sería lógico que el IVA que paga un trabajador o los impuestos de una pyme se direccionen a la universidad privada?

Es evidente que el accionar de las instituciones privadas de educación superior genera externalidades positivas para toda la sociedad. Pero eso no implica que se las deba financiar con fondos públicos.

Sin duda, las universidades privadas deberían diversificar las fuentes de financiamiento y no depender exclusivamente de los aranceles que pagan sus alumnos. Pero esos fondos deberían buscarlos en el mismo sector privado y la sociedad civil, sin cargar al sector público. En ese sentido, una posibilidad sería orientar las actividades de investigación y desarrollo a las necesidades de los ámbitos productivos en los cuales las universidades privadas se encuentran insertas. Las universidades privadas tienen mucho para aportar a los ecosistemas productivos de los que forman parte, para que puedan ser más innovadores y competitivos. Aportando verdadero valor a los ámbitos productivos, habrá recursos disponibles provenientes de los sectores que verdaderamente generan riqueza, no del Estado. Además, el apoyo económico del sector privado a la investigación en las universidades permitiría mejorarla, porque implicaría un control por oposición realmente riguroso sobre su valor, calidad y utilidad social.

Pensar en una ley de mecenazgo que tenga un tratamiento preferencial para las universidades privadas por sobre otras organizaciones de la sociedad civil tampoco es razonable. Sería una forma de subsidio indirecto. Las universidades privadas tienen el desafío de generar sus propios recursos y gestionarlos adecuadamente. Sería un gran aporte, digno de imitación, que la universidad privada demuestre a la sociedad que es posible ofrecer educación superior de calidad administrando con eficiencia recursos económicos finitos. Se trata, simplemente, de poner en práctica la misma gestión que se enseña en las aulas, apalancada por los valores del esfuerzo, la racionalidad, la transparencia, la pasión y el compromiso.

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