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El desafío de crecer sin destruir al ambiente y a sus habitantes
Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido por Naciones Unidas para concientizar sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Y mientras una gran parte de los países que integran la comunidad internacional se esfuerzan lenta pero sostenidamente por acordar e implementar acciones y políticas que detengan y reviertan los devastadores efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y la contaminación, el gobierno argentino se propone ir en sentido totalmente contrario.
Los negacionismos climáticos que se expresaron durante la campaña electoral hoy se han convertido en decisiones institucionales, económicas y políticas que ponen en tensión la protección de los bienes comunes, la defensa de la naturaleza y el cumplimiento del derecho a un ambiente sano, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En términos políticos y económicos, nos encontramos a la espera de la votación en el Senado de la Nación de la denominada Ley Bases. Esta Ley tiene una serie de instrumentos que, aunque no mencionan explícitamente la palabra ambiente, tendrán un impacto severo en caso de implementarse. En primer lugar, la posibilidad de eliminar los fondos fiduciarios que se incluyen los establecidos por la Ley N° 26.331 de Protección de Bosques Nativos, instrumento de fundamental importancia para compensar a las provincias y los privados para mantener a los bosques nativos en pie.
Igual suerte puede correr el Fondo Nacional del Manejo del Fuego (Ley Nº 26.815), herramienta indispensable para establecer acciones de prevención y combate contra las graves consecuencias que producen los incendios forestales, sobre todo en tiempos de crisis climáticas como las actuales.
En segundo lugar, si hablamos sobre ataques al federalismo y al ambiente, debemos centrar nuestra atención en uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Bases: el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
No caben dudas de que la economía argentina necesita de mayores niveles de inversión que le permitan mejorar su balanza de pagos, generar empleo e ingresos para la población y promover un mejor desarrollo para el país. Sin embargo, el sistema propuesto para atraer esas inversiones, el RIGI, no producirá ninguno de esos beneficios para nuestra economía. Es un sistema ideado para atraer proyectos de inversión entre 200 y 1000 millones de dólares, enfocándose principalmente en sectores vinculados a la extracción de minerales (cobre, oro, plata y litio) y en la profundización de proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fracking en la Patagonia.
Finalmente, uno de los elementos que más llama la atención es la ausencia absoluta de salvaguardas en materia de protección ambiental, sobre todo porque las inversiones que se promueven tendrán como destino la extracción, a una escala sideral de recursos naturales, en territorios frágiles cada vez más acosados por las consecuencias que produce la crisis climática y en donde habitan comunidades que sufrirán en carne propia las consecuencias que producen estas actividades.
La ausencia de todo tipo de salvaguardas de carácter ambiental y el acotamiento de las funciones de contralor y poder de policía por parte de las provincias que se establecen en el RIGI vienen a reforzar el negacionismo climático que impera en la actual gestión. No hay separación posible entre la promoción de un modelo de matriz económica primario extractiva y exportador y la degradación ambiental.
Por eso, tal como lo hemos sostenido durante el tratamiento de la primera Ley Bases, más conocida como Ley Ómnibus, presentada en diciembre del año pasado, el verdadero propósito que se busca es desmantelar las normas y mecanismos de protección ambiental que hoy existen, como las Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental que emanan del artículo 41 de la Constitución Nacional, principalmente aquellas que protegen a los bosques nativos y glaciares.
Frente al mensaje que dan el Gobierno y el Congreso es necesario recordar que nuestro país cuenta con una Constitución Nacional que incluye cláusulas dedicadas a la protección del ambiente y la promoción del desarrollo sustentable. Además, existe una sociedad fuertemente movilizada que a lo largo de los últimos 30 años construyó un proceso de protección ambiental. En el Día Mundial del Medio Ambiente, es bueno recordarlo.
Este 2024 se cumplen 30 años desde que el derecho al ambiente sano fue reconocido en la Constitución Nacional; sin embargo, en lugar de hacer un balance sobre los logros y los pendientes, la llegada del nuevo gobierno ha cambiado radicalmente el contexto y supone mayores desafíos en tiempos de crisis ecológica, política y económica. En la 16º edición de nuestro Informe Ambiental proponemos distintas perspectivas para avanzar hacia un futuro con justicia ambiental y garantizar el bienestar de todas las personas y ecosistemas de nuestro país.
Director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Por Andrés Nápoli
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