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El derecho al voto no debe tener restricciones o usarse con fines políticos
El voto es el derecho fundamental e inalienable de un pueblo soberano, fortalece el espíritu cívico y robustece las instituciones. Este año, la democracia argentina se enfrenta a un nuevo desafío, transitar un proceso electoral en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedente. En las próximas elecciones se renuevan bancas en el Congreso Nacional, en Legislaturas provinciales y en los concejos deliberantes, a su vez, Santiago del Estero y Corrientes eligen gobernador.
Días atrás, y al límite de lo que establece la Ley Electoral, la Cámara Nacional Electoral dio a conocer el cronograma previsto para las elecciones legislativas nacionales. Finalmente, y ante los embates constantes del Ejecutivo y de varios legisladores oficialistas, que excusados en la pandemia, pretendieron y pretenden cercenar los derechos cívicos de los argentinos, hemos obtenido algunas, aunque pocas, certezas sobre cómo se desarrollará este año en materia electoral.
Según el cronograma electoral, el 8 de agosto se celebran las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hasta esta fecha, el gobierno nacional cuenta con un plazo razonable para aprobar un protocolo sanitario que comprenda las medidas necesarias para celebrar las elecciones sin poner en riesgo la salud de los electores y de las autoridades de mesa.
Son innumerables las veces que distintos actores relevantes del gobierno nacional han manifestado su interés de suspender o posponer las elecciones excusándose en el Covid-19. Desde Juntos por el Cambio hemos manifestado siempre que cualquier reforma vinculado a la electoral debe necesariamente ser discutida en el Congreso de la Nación y respetando las mayorías necesarias. Es irresponsable por parte de las autoridades nacionales seguir insistiendo en discutir este tema fuera de ese ámbito, así como seguir generando confusiones al respecto.
Desde el comienzo de las pandemia se han realizado diversos procesos eleccionarios. Entre ellos, las elecciones en El Salvador, donde María Eugenia Vidal participó como jefa de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o bien la elección del Parlamento catalán, en pleno invierno europeo. También hubo elecciones en un país vecino, Bolivia, en este caso incluso ciudadanos de esa nacionalidad residentes en nuestro país pudieron emitir su voto.
En los casos mencionados, el haber adoptado las medidas sanitarias y precautorias apropiadas permitió que la jornada electoral se desarrolle sin mayores problemas ni riesgos para los ciudadanos.
Un protocolo sanitario en vistas al proceso electoral debe contemplar, al menos, el uso del barbijo obligatorio durante toda la jornada, una distancia mínima de seguridad y alcohol en gel en ingresos, mesas y cuartos oscuros, el establecimiento de aforos máximos dentro de los centros de votación y esperas fuera de las instituciones, la limpieza periódica de los cuartos oscuros y circuitos de sentido único y el control de documentos de identidad sin contacto por parte de las autoridades de mesa, horario de votación de acuerdo a la finalización numérica de la cédula de identidad y la firma del acta con un bolígrafo que el ciudadano debería haber llevado. En lo que respecta a las autoridades de mesa, y por qué no a los fiscales de las diferentes agrupaciones políticas, se les debería practicar un test de PCR 72 horas antes de la jornada electoral.
La Organización de los Estados Americanos, de la cual la Argentina es miembro, presentó en 2020 su “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”. Este documento contiene una guía de buenas prácticas para su aplicación durante los procesos electorales del continente americano en el marco de la pandemia. Dentro de sus puntos más relevantes, además de muchas de las medidas ya señaladas, recomienda la creación de instancias interinstitucionales que tengan como objetivo brindar rápidas respuestas a los obstáculos de carácter sanitarios que ocurran el día de la elección.
El 2021 no será un año fácil para la Argentina, eso está a la vista, pero no por ello bajaremos los brazos, seguiremos trabajando para que ningún argentino sea menoscabado en sus libertades individuales ni en sus derechos constitucionales.
El gobierno nacional debe garantizar a los ciudadanos el absoluto ejercicio de los derechos cívicos, sin que ello ponga en riesgo la salud de los argentinos ni el esfuerzo y la dedicación de nuestro personal de salud, sin lo cual las consecuencias de las pandemia hubiesen sido infinitamente mayores.
El derecho al voto está garantizado por la Constitución Nacional y no permitiremos que con argumentos falaces se restrinja su ejercicio o bien sea utilizado como una variable política del Ejecutivo en turno.
Diputado nacional Pro
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