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El derecho a saber
Hoy se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una jornada declarada por la Unesco y también conocida como “día del derecho a saber”. En un contexto desafiante para los gobiernos democráticos, que deben construir acuerdos sociales en escenarios de alta polarización política, reforzada por una incesante producción y difusión de información engañosa, resulta imperativo reflexionar sobre este derecho y revisar las prácticas que pueden contribuir a fortalecer nuestra democracia.
Actualmente, 132 países miembros de las Naciones Unidas han adoptado leyes y garantías de acceso a la información pública. Es decir, han reconocido la necesidad de abrir la información a los y las ciudadanas, de publicarla de manera activa, responder a las solicitudes y sentar las bases para una mayor transparencia. Específicamente, de los 33 países de América Latina y el Caribe, el 75% reconocen este derecho (un total de 25 Estados). Si bien el diseño institucional para asegurar su garantía puede variar entre países, es posible observar un avance en términos del número de leyes y políticas adoptadas al respecto.
Un marco de referencia en la región es la ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 21 de octubre de 2020. Esta ley implicó un gran compromiso para los Estados miembros, que reafirmaron el rol del acceso a la información para incrementar los niveles de transparencia, combatir la corrupción, afianzar los niveles de confianza en las instituciones y empoderar a la ciudadanía. Asimismo, incorporó la necesidad de incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad y de adoptar una perspectiva de género en la garantía de este derecho.
En la Argentina el panorama también es positivo. A nivel nacional la ley 27.275, sancionada en 2016, reguló el derecho de acceso a la información pública (en adelante, DAIP) y estableció como sujetos obligados a los tres poderes del Estado, empresas estatales, partidos políticos, universidades y sindicatos que reciban aportes públicos. Esto es una marca distintiva en Sudamérica, porque obligó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a compartir la información que producen y a responder a las solicitudes de la ciudadanía. A nivel subnacional, la CABA fue pionera en el país reconociendo el DAIP en 1998. En el mismo sentido, en 2016, adaptó su normativa a los estándares establecidos por la OEA. Así, creó un sistema de doble instancia, con la posibilidad de reclamar, para asegurar su cumplimiento dentro de la esfera administrativa, con un enfoque propeticionario e incluyendo a los tres poderes como sujetos obligados. A su vez, es destacable la incorporación de políticas de transparencia activa. Son 20 provincias las que cuentan con algún tipo de normativa en la materia, ya sean leyes o decretos. Únicamente San Juan, Formosa, La Pampa y Tucumán aún no poseen normativas al respecto.
El acceso a la información pública, además de ser un derecho humano y constitucional, es un derecho “llave” que posibilita la garantía y el ejercicio de otros derechos. En una democracia que entrega datos confiables sobre su propio ejercicio, para conocer con certeza qué se hace y cómo se hace, es factible la rendición de cuentas a la ciudadanía, la evaluación de la gestión pública y la participación de los individuos en los asuntos políticos. Sin embargo, la información que recibimos cotidianamente no siempre tiene su origen en el Estado o en fuentes oficiales.
En un mundo cada vez más polarizado, la falta de conocimiento y la difusión de información engañosa intensifican posturas extremistas, que son contrarias a la conquista de derechos. Este es un fenómeno global. Se presenta como un problema para democracias históricamente más establecidas, como Estados Unidos, pero también para las democracias latinoamericanas. La Argentina no es ajena a este desafío.
En este marco, la información de calidad facilita la deconstrucción de los prejuicios y la revisión de nuestros argumentos. La información pública es información de calidad y así nos ayuda a contextualizar los mensajes que se enuncian y luego reproducen en medios de comunicación y redes sociales. El acceso a información pública, veraz, oportuna y completa abre la posibilidad de construir puentes entre perspectivas y juicios de valor que parecen antagónicos pero que tienen su origen en hechos concretos, en datos que pueden acercarnos a construir soluciones colectivas.
Es primordial para un sistema democrático saludable contar con personas informadas, para que la participación en la vida pública sea con conciencia y compromiso.
Ph.D., Profesora de la Universidad de San Andrés
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