El conurbano debe dejar de ser la capital de la pobreza
El crecimiento económico no depende hoy de los recursos naturales, sino del capital humano aportado por la educación, por eso la escuela ayuda a abatir la indigencia
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En este siglo el retroceso económico, sumado a una educación que no sea inclusiva y de calidad, es garantía para la expansión de la pobreza y la indigencia. Nuestra realidad económica y social es preocupante ya que la década pasada fue otra “década perdida”, porque el PBI por habitante cayó 16%. No será fácil, pero tampoco imposible, una recuperación no solo económica sino también social, pero según la OCDE demoraremos por lo menos 5 años en lograr que nuestro PBI recupere los niveles previos a esta pandemia.
Estas estimaciones de la OCDE informan el aumento de la pobreza y la indigencia, particularmente en el conurbano. Según el Observatorio Social (UCA) la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó sostenidamente en la década pasada (25,9 por ciento en el año 2011 y 44,7 por ciento en el 2020). En la actualidad la pobreza alcanza a 20 millones de personas, afectando gravemente a los niños, ya que son pobres 6 de cada 10 menores de 14 años de edad.
Lo que viene ocurriendo desde hace años en el conurbano es un llamado de atención, ya que de cada 100 habitantes de todo el país nada menos que 39 viven en Buenos Aires y 2/3 de ellos en el conurbano. El deterioro del nivel de vida y el desempleo se agravaron en la última década en el conurbano. Algo similar ocurre con las carencias en el acceso a la vivienda, a la red cloacal y al agua potable, que afectan más a la población del conurbano que la del resto del país.
En la actualidad el conurbano lidera la pobreza de nuestro país, según el Indec la pobreza castiga a más de la mitad de los habitantes en el conurbano, mientras que en el resto del país afecta a 35 cada 100. La mayor indigencia también se encuentra en el conurbano, ya que afecta al 15,2 por ciento de su población, en el resto del país la indigencia afecta al 6,9 por ciento de su población. En el conurbano habitan 6 de cada 10 indigentes de todo el país, es decir, hay más indigentes que en el resto del país.
Está incidiendo en este deterioro social el hecho de que están aumentando en las últimas décadas la vulnerabilidad social y la desigualdad salarial y en el acceso a empleos según el nivel educativo. El progreso técnico pesa fuertemente en el empleo y la desigualdad salarial, de manera cada vez más marcada, educación y empleo tienen una fuerte vinculación, condicionándose una a otro y dando lugar a la aparición de brechas importantes de empleo e ingresos entre los trabajadores que logran acceder a niveles altos de instrucción y los que poseen escasas u obsoletas calificaciones. El escenario del trabajo se replantea de manera permanente, ya que para mantener la competitividad no alcanza con la especialización en los saberes presentes, sino que es imprescindible la capacidad de adaptación a una frontera tecnológica en rápida transformación.
El Observatorio de la Deuda Social (UCA) estima que la pobreza hacia fines del año 2020 era un 72 por ciento mayor a la del año 2011, siendo cada vez mayor la diferencia en la pobreza según el nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar; cuando los jefes de hogar no concluyeron el ciclo secundario la pobreza asciende a nada menos que el 61,2 por ciento, mientras que cuando por lo menos son graduados secundarios se reduce a 26,6.
Es grave el peligro de una segmentación social entre quienes se incorporan capacitados a la nueva sociedad tecnológicamente avanzada y quienes quedan excluidos de los beneficios del incremento global de la productividad por los avances científicos y tecnológicos. El crecimiento económico no depende hoy de los recursos naturales, sino del capital humano aportado por la educación.
Se están eliminando empleos no calificados y aumenta la demanda de trabajadores con mayor educación, por eso la escuela ayuda a abatir la pobreza y favorece el crecimiento económico. La mayoría de los pobres tiene trabajos precarios y poco calificados o están desocupados porque carecen de un buen nivel educativo. La educación y el empleo tienen vinculación, dando lugar a la aparición de brechas importantes de empleo e ingresos entre las personas que logran acceder a niveles altos de instrucción y las que poseen escasas calificaciones. El nivel educativo se transformó en la llave de acceso al empleo productivo. La posibilidad de que una persona de bajo nivel de instrucción esté desempleada es mucho mayor a la de alguien con estudios universitarios completos. Los que tienen más educación son los que ganan mejores salarios, los que trabajan en empresas más sólidas y grandes y los que tienen más estabilidad laboral.
Señalemos que la jornada escolar extendida es importante para lograr mejores niveles educativos, por esta razón la ley determinó en 2006 su aplicación obligatoria. El gran incumplimiento de esta ley es preocupante en el conurbano, ya que apenas 6,3 alumnos cada 100 tienen acceso a escuelas estatales de jornada extendida; destaquemos que son nada menos que 19 las provincias con mayores accesos, por ejemplo, Córdoba con 52 cada 100 alumnos, y la CABA, con 50.
La mayor parte de los empleos creados en los últimos años requiere de estudios secundarios y universitarios, lo cual explica la creciente diferencia en la desocupación según el nivel educativo. El nivel educativo secundario se está transformando en el piso establecido por las empresas para el reclutamiento de su personal. La graduación secundaria en el conurbano no solo es baja, sino también desigual, ya que de cada 100 niños que en el año 2007 ingresaron al primer grado privado se graduaron en 2018 en la escuela secundaria privada 57, mientras que de los que fueron a escuelas estatales se graduaron apenas 41. Esto significa que los niños pobres del conurbano tendrán menos oportunidades laborales en el futuro de salir de su situación de pobreza o indigencia por la carencia de un buen nivel educativo.
Gran parte de las carencias sociales que alcanzan su máxima expresión en el conurbano se deben al hecho de que la coparticipación federal de impuestos por habitante (CFI) es desigual, debido a la aplicación de coeficientes distributivos fijados arbitrariamente sin ningún fundamento por ley en 1988. Es así como en 2018 un bonaerense recibió 83 por ciento menos que un fueguino, menos de la cuarta parte que un pampeano, menos de la mitad que un santafesino, la mitad que un cordobés y el 60 por ciento que un mendocino. Los más pobres son lo que menos reciben. Será difícil abatir la pobreza y la indigencia si seguimos incumpliendo el mandato de la Constitución de 1994, que, hace nada menos que 27 años, dispuso que debería implementarse una nueva CFI “equitativa y solidaria”. Es hora de que las autoridades políticas asuman su responsabilidad y encaren sin demoras este mandato constitucional para poder así ayudar a eliminar la pobreza y la indigencia, y no seguir promoviendo al conurbano como la capital de la pobreza y la indigencia.
Miembro de la Academia Nacional de Educación
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