El control de pensiones y subsidios

La fuerte polémica desatada a partir de la decisión del gobierno nacional de dar de baja alrededor de 70.000 pensiones no contributivas para quienes poseen algún tipo de discapacidad desnudó, al menos, dos cuestiones que no pueden ser pasadas por alto.

La primera: que el Gobierno sigue sin poder comunicar con acierto lo que realmente dice que quiere comunicar y se lanza a tomar decisiones de las cuales se ve obligado a dar marcha atrás. Impericia, cuanto menos, es lo que reflejan esos actos espasmódicos de costos políticos tan innecesarios como increíbles.

La segunda: que la falta de una adecuada comunicación oficial de los problemas que el Gobierno va descubriendo no puede ni debe ocultar el propósito administrativo y ético de la necesaria revisión que debe hacerse sobre todos los dispendios políticos de las administraciones estatales en nuestro país. No está mal que se verifique quiénes son los destinatarios de las pensiones y si éstas fueron bien otorgadas. Lo malo es que paguen justos por pecadores, que el afán por regularizar termine atropellando derechos de las personas.

La torpeza del Gobierno en comunicar fue un festín para muchos dirigentes opositores -algunos con decidida participación en el otorgamiento a diestra y siniestra de pensiones como botines políticos-, pero fue también oprobioso para representantes del propio gobierno de Cambiemos, que cuenta entre sus miembros con numerosas personas con discapacidad. Entre ellas, Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, que hace muchos años se traslada en silla de ruedas como consecuencia de un accidente automovilístico. No pudo haberlo pasado peor.

Tras el escándalo, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que era absolutamente falso que hubiera una baja masiva de pensiones por discapacidad y prometió que se revisará cada caso y que serán repuestas aquellas que no corresponde quitar.

En el trasfondo de esta desagradable situación figura la otra cara de la moneda: hay poblaciones enteras con más pensiones de este tipo que habitantes empadronados.

Es que esas pensiones fueron también una poderosa arma política para los punteros que hicieron y hacen negocios electorales con la necesidad de la gente más vulnerable. A ellos se suman falta de auditorías de los certificados médicos que se extendieron para acceder a los subsidios, falsificaciones de firmas, no comunicaciones de fallecimientos, venta de certificados y flexibilización de criterios profesionales a la hora de otorgarlos.

No es una tarea fácil determinar cuántas pensiones se encuentran en esa condición, pero es absolutamente necesario encarar un correcto empadronamiento.

Hace pocos días, la Anses anunció que revisará las pensiones por viudez y que se quitarán sólo aquellas en las que halla irregularidades. Parece una aclaración de Perogrullo, pero resulta necesaria después del error del procedimiento encarado por Desarrollo Social.

No debe asustar que un gobierno quiera controlar las prestaciones que se abonan. Debería horrorizar que las reciban quienes no las necesitan, en desmedro de quienes dependen de ellas para poder seguir adelante con sus vidas. Se trata de combatir las mafias, de ponerles fin a los abusos y al uso clientelar de esos beneficios. Si no se hubiera realizado el correspondiente análisis de eventuales irregularidades, no se habría llegado a detectar, por ejemplo, que cobraban pensiones en forma indebida numerosos ciudadanos extranjeros que ni siquiera residían en el país. Tampoco, la existencia de caseríos cordobeses donde hay más beneficios por discapacidad que habitantes. O que se haya verificado que son muchas las personas fallecidas que siguen percibiendo un subsidio, además de otros casos similares al del formoseño que cobraba una pensión oficialmente justificada para manejar un remise a pesar de que estaba ciego desde hacía muchos años.

Es de esperar que de aquí en más, mediante un trabajo serio y responsable, esos beneficios vayan a quienes realmente los necesitan.