El Congreso como garante de la gobernabilidad democrática

En este momento crucial, a poco más de un mes de iniciado el nuevo gobierno, la Argentina se debate entre la demanda de reformas profundas y la resistencia a los cambios. En este complejo escenario político, el Congreso emerge como un pilar fundamental para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad del país. La dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo constituye un delicado juego de poder y responsabilidad que, hasta la fecha ha resultado difícil y caótico.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) que revoca más de 300 normas y la extensa Ley ómnibus, ambos combinando temas centrales y urgentes con otros de menor relevancia, han generado un conglomerado impactos aun difíciles de dimensionar. Por un lado, gran parte del DNU, vigente desde el 29 de diciembre, está sujeto a procesos judiciales, con numerosas causas abiertas y varias suspensiones en curso. La Justicia irá resolviendo y se espera que la Corte Suprema se expida pronto respecto de su constitucionalidad.

En cuanto a la Ley ómnibus, esta fue mutando de un ambicioso paquete inicial de 664 artículos sobre una amplísima gama de temas, pasando por los 525 en el dictamen de mayoría, hasta llegar a 386 en su última versión conocida. Se hizo evidente que había aspectos del proyecto que merecían apoyo, pero también muchos que requerían rechazo o postergación, dada la necesidad de análisis más profundos y argumentos técnicos y políticos más sólidos, que superan los breves plazos establecidos para las sesiones extraordinarias. También resultó sugestiva la omisión de algunos puntos considerados cruciales para una emergencia económica como la eliminación de regímenes privilegiados como el de Tierra del Fuego, que cuesta al país 1500 millones de dólares anuales y resulta en que los argentinos paguen casi el triple por los productos tecnológicos fabricados allí, en comparación con los consumidores del mundo o bien la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que garantice su autonomía.

Un hecho que no pasa desapercibido es la dificultad del proceso en desarrollo para la aprobación de esa ley, que está resultando a todas luces traumático, plagado de marchas, contramarchas, atajos y enmiendas. Ha habido un manejo caótico e inexperto de una cuestión tan delicada, con efectos y consecuencias que afectan a todos los argentinos. De hecho a esta altura de las circunstancias a posteriori del dictamen de mayoría se han eliminado 139 artículos y se han modificado 17, siendo incierto aún cuál es el texto final que se llevará al recinto.

A modo de ejemplo, entre los artículos eliminados algunos fueron bien recibidos como los referidos a los que postulaban aumentos de retenciones, desalentadoras de exportaciones, pero otros, como el referido al ajuste de los haberes previsionales todavía generan gran preocupación. Es que en un movimiento pendular entre la pretendida discrecionalidad absoluta para fijar los haberes futuros de los jubilados y un ajuste pautado por índice de Precios al Consumidor propuesto por los bloques dialoguistas, finalmente el tema quedó en la nada, siendo retirado de la Ley junto con el paquete fiscal. Esto deja a los jubilados sujetos a la negativa fórmula del gobierno anterior, la cual ha erosionado significativamente su poder adquisitivo en el contexto de alta inflación que vive nuestro país. ¿Será que los jubilados deberán seguir pagando gran parte del ajuste?

En este marco de gran complejidad, el desafío del Congreso consiste no caer en la aprobación acrítica de las propuestas del Ejecutivo, actuando como una mera “oficina anexa”, ni tampoco rechazar sistemáticamente todo lo propuesto, cayendo en un obstruccionismo contraproducente.

Los bloques más positivos a los intereses del conjunto serán aquellos que, aceptando tal desafío, ofrezcan un apoyo sensato, diciendo “sí” a lo prudente y “no” a lo imprudente o dañoso. Esta labor requiere tiempo y reflexión, alejándose de decisiones apresuradas que llevan a soluciones inmediatas pero inapropiadas.

El trasfondo que encierra este proceso trasciende lo evidente para el ciudadano alejado de estas cuestiones, quien a menudo desconoce las dificultades, toma partido y exige soluciones inmediatas.

Por eso es importante informar con honestidad, sin distorsiones y clarificar esta complejidad, alertando sobre interpretaciones maniqueas que equiparan posiciones responsables con reacciones de una “casta” política insensible a las necesidades de la gente. Una expresión reciente de esta interpretación cuestionable, que confunde responsabilidad con interés, han sido las voces que etiquetan a aquellos legisladores que ponen límites fundamentados como el “bloque extorsión”. Verdaderamente este enfoque no contribuye a construir una democracia sólida, sino que más bien la debilita.

Si se mira al mundo, las experiencias legislativas en democracias consolidadas como Estados Unidos, Francia, Canadá y Reino Unido demuestran las ventajas de un diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo frente a la confrontación y la ofensa. La historia nos muestra cómo el debate y el análisis detallado han llevado a políticas más informadas y equilibradas. La reforma sanitaria de Clinton, las propuestas de reforma de pensiones de Alain Juppé, la reforma electoral de Trudeau y el proceso de negociación del Brexit son ejemplos de cómo el escrutinio del Congreso puede mejorar sustancialmente la calidad de la legislación. Fueron procesos superadores.

La dinámica legislativa actual en nuestro país muestra perspectivas alentadoras, indicando un camino hacia el fortalecimiento del sistema parlamentario. Un Congreso que actúa con responsabilidad y discernimiento no solo protege los intereses de la Nación, sino que a largo plazo, también salvaguarda los principios democráticos.

Afianzar estos valores no solo representa un salto significativo en la gobernabilidad democrática, sino también un poderoso testimonio de madurez política, marcando un paso adelante hacia un futuro de confiabilidad, estabilidad y prosperidad.

Los primeros días del nuevo gobierno, y en particular el proceso de la Ley ómnibus, aun no concluido, abren la oportunidad para la reflexión y el aprendizaje.

Una cosa es la conciencia de emergencia y la necesidad de desregulación y privatización, ampliamente compartida, y otra muy distinta la implementación práctica de tales conceptos, en la cual la determinación no alcanza sino que se requiere mesura, consultas y un amplio consenso. En otras palabras, hay una gran distancia entre lo declarativo de una ley y la implementación sostenible de medidas, que debe cubrirse mediante el diálogo entre los poderes y con las partes afectadas de la sociedad.

Otro punto importante es que la imprescindible gobernabilidad democrática no se lleva bien con un Congreso despreciado o maltratado. Por el contrario, y sobre todo para un gobierno con gran debilidad legislativa y novel en la gestión, se trata de construir una amplia mayoría parlamentaria de respaldo, capaz de llevar adelante la transformación necesaria del país sin contratiempos. Esto se logra valorando al Parlamento como lo que es; el garante de la gobernabilidad.

Todo esto no significa ignorar que el gobierno anterior dejó al país en una situación de extrema vulnerabilidad y crisis, sino que se trata de actuar para prevenir que tal crisis se profundice por actitudes disonantes.

Bajo esos preceptos funcionan las democracias republicanas que avanzan y así debería funcionar la Argentina. En las presentes circunstancias, la falta de estos acuerdos políticos del más alto nivel y de una relación armónica entre los Poderes del Estado obstaculiza el futuro, espanta inversiones y augura menos prosperidad para todos.

Presidente de Iniciativa Republicana

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