El conflicto con Monsanto

Cuestiones de procedimiento están creando un conflicto lamentable entre el Gobierno argentino y entidades representativas de los productores agropecuarios, por un lado, y la principal compañía de semillas del mundo, por el otro. Y podría añadirse que en el fondo de ese enojoso enredo, en cuyo epicentro están Monsanto y la soja transgénica conocida como Intacta, hay mayores bases de acuerdo que de disidencia.

Después de meses de negociaciones, desde la sede central de Monsanto se hizo saber que la compañía ha resuelto, como consecuencia de la "decepción" que siente por la marcha del asunto, suspender el ingreso al país de un nuevo evento. Se trata del Roundup Ready 2 xtend, por el que se mejoraría la lucha contra las malezas. El Ministerio de Agroindustria ha sido rotundo en su oposición a que se fiscalice en acopios y puertos la presencia de la soja Intacta con instrumentos privados, sin normas ni homologación gubernamental. En los hechos, por lo menos en el destino final de los granos antes de salir del país, la fuerza de Monsanto se apalanca en el conocimiento de los exportadores de que compradores como China quieren tener sobre la Intacta un certificado de bioseguridad expedido por la compañía generadora del evento.

Los productores se sienten avalados en su posición por aquella determinación del Ministerio de Agroindustria, pero los semilleros se alinean al lado de Monsanto. Todos éstos se manifiestan por igual víctimas de una utilización ilícita de semillas a través de las llamadas "bolsas blancas" y de una reiteración del uso de semillas por productores que pagaron de forma legal por su adquisición. Son dos cuestiones distintas. La comercialización de "bolsas blancas" constituye un delito; la segunda es de naturaleza controvertible: aquí, el punto en discusión debería ser por cuántas campañas un semillero puede reclamar regalías por el uso de la semilla. ¿Por una campaña, por dos, por tres, indefinidamente, acaso?

Nadie pone en duda la seriedad del reclamo de que se respete el derecho a la propiedad intelectual. La Argentina está en deuda consigo y con el mundo por carecer de una ley actualizada de semillas. Con un Congreso más atento a la sanción de normas que protejan los derechos de propiedad industrial e intelectual, y menos afecto a políticas que dañan, cualquiera que sea su intención, las posibilidades de inversión en el país, ya estaríamos oyendo la intervención de los legisladores en esta controversia, de la que no pueden estar ausentes. El encabezamiento hecho al comunicado de la casa matriz por la representación local de Monsanto puso el dedo en la llaga, cuando al referirse a la "decepción" de la empresa, dijo: "Con implicancias que podrían tener impacto más allá de la agricultura...".

Conviene en estos casos no jugar con la ironía porque se puede quedar expuesto a interrogantes como el del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sobre si Monsanto se sentía más cómodo por alguna razón con la administración kirchnerista que con ésta, a la que han dado la bienvenida tantos gobiernos extranjeros, como el que tiene su sede en Washington. De lo que se trata es de que las partes reanuden ya mismo con seriedad lo que pueda convenirse para los resultados de esta campaña antes de que el Congreso llene un verdadero vacío en la materia, con la salvedad de que nada hay para discutir con honorabilidad sobre la campaña 2014/15 respecto del cumplimiento de contratos libremente pactados.

Se ha armado a esta altura un escándalo internacional cuando en realidad, sobre los supuestos 56 millones de toneladas que arrojará la campaña 2015/16 de soja, sólo alrededor del 16% se origina en la variedad Intacta. Y de ésta, los productores ya pagaron el 60%, es decir que hay cerca de 3,5 millones de toneladas afectadas por el conflicto, por las que Monsanto reclama 5 dólares por tonelada. O sea que la magnitud del problema, en dólares, es de no más de 20 millones de dólares sobre un valor total estimado de la cosecha de 19.000 millones.

La Argentina no puede olvidar que sin la incorporación incesante de los nuevos avances de la tecnología de punta, su agricultura perderá en competitividad. Tampoco puede ignorar, como bien dice el comunicado de Monsanto, que es su obligación como empresa preservar la igualdad de trato con productores de otros países.

No es materia de este capítulo si la Intacta ha terminado por demostrar o no que su verdadero valor específico se ha verificado en el norte del país, tan aquejado por plagas de diversa índole, más que en la zona núcleo. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha utilizado un lenguaje impropio al hablar de "bioterrorismo" para referirse a la contraparte. En cuanto a Monsanto, no debería olvidar que la Argentina es el tercer productor mundial de soja.

No parece ser éste el momento más apropiado para extremar las posiciones en esta antigua reyerta. ¿Por qué extremarla, cuando acaba de hacerse cargo de la administración un elenco de hombres y mujeres que ha manifestado, según lo reconoce la Casa Blanca, un apoyo inusual a la iniciativa privada?

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