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El botín del Banco Ciudad
Ya desde el comienzo de los debates, el proyecto presentado por la diputada Diana Conti para que los depósitos judiciales vayan al Banco Nación ha comenzado a desnudar sus características disparatadas y marcar la desesperación del Gobierno por hacerse de nuevos fondos.
En su inicio se alegaba el derecho de las provincias a beneficiarse -a través del Banco Nación- con el manejo de ese dinero proveniente de los tribunales laborales y comerciales que por la ley manejaba el Banco Ciudad. Se ve que el Gobierno desconocía que la ley 18.869 de 1965 fue presentada por el senador nacional Santiago Fassi y votada por unanimidad en ese cuerpo, en representación de los Estados federales que constituyen la Nación. Así lo señaló el presidente de la comisión informante, el senador nacional Miguel Angel Martínez Saravia, por la provincia de Salta, al destacar "la necesidad de dar apoyo real al Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires por el profundo sentido social que presta a este gran conglomerado urbano". Pasó a Diputados y fue votado por la totalidad de sus miembros y convertido en ley.
El nuevo sistema influyó en el desarrollo y crecimiento de esta entidad, que hasta ese momento la mayor actividad que tenía era pignoraticia: empeño de alhajas, obras de arte, ropa de la gente con mayores necesidades y cobro de impuestos locales. En pocos años se expandió y llegó a tener hoy más de 50 sucursales en la jurisdicción, más de 10 en la provincia de Buenos Aires (incluida una en el Mercado Central), cajeros en supermercados, hospitales y distintos edificios públicos.
En la ciudad de Buenos Aires es el banco que más créditos de vivienda ha dado en la última década. Hoy sirve para que tanto el pueblo porteño como el del conurbano que desarrolla su actividad en la Capital tengan una mejor disponibilidad económica y financiera. Cómo pueden algunos legisladores del kirchnerismo -en nombre de una potencial puja política entre el gobierno nacional y Mauricio Macri en 2015- someter a un perjuicio concreto a millones de vecinos, comercios, empresas de la Capital y la provincia.
No quiero pensar en un déficit fiscal del Estado nacional que lo lleve a una búsqueda de fondos públicos a costa de un dislate político que ponga en riesgo nuestro banco.
Vaya como perla del desesperado objetivo oficial la denuncia efectuada por el doctor Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que en el preciso momento en que él exponía ante la comisión vio a Diana Conti acercarse a legisladores del oficialismo para entregarles unos papeles mientras susurraba las siguientes palabras: "Firmalo que éste es el despacho". Lo que llevó a dicho letrado a preguntar para qué lo habían invitado a opinar al respecto si ya tenían la decisión tomada.
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