Educación: relato, propaganda y realidad

Buenos días a todos, todas y todes –dijo la profesora–. Un saludo inclusivo de siete palabras, para los cinco alumnos de ese grupo diezmado. Lenguaje inclusivo frente a una realidad de exclusión. En esa aula secundaria de Berazategui, antes del confinamiento, eran 17, pero volvieron 5; tres chicas y dos muchachos, en silencio, tiesos, las bocas bien tapadas, los ojos tristes para sus 16 años, sobrevivientes de un naufragio, aferrados a sus celulares como a salvavidas. ¿Dónde está el resto? –pregunta la profesora–. Julieta y la familia se volvieron a Paraguay, Maxi está trabajando con el tío, los pibes de la gomería andan en cualquiera, Gisela tuvo un bebé…. Y así sigue la historia de los 17 indiecitos. Después de un año y medio de clausura escolar, el panorama es desolador. Además de la exclusión educativa, las consecuencias en la salud emocional y en sus futuras capacidades laborales ponen a estos jóvenes al borde de un abismo.

El cierre de escuelas en la Argentina, de los más extensos del mundo, fue una política duramente castigada por la sociedad en las PASO. Al menos eso interpretó el propio gobierno nacional, que, luego de los comicios, echó no solo al ministro de Educación, sino a prácticamente todos los funcionarios del ministerio, como si hubiese sido un cambio de gobierno.

El discurso oficial cambió: ya no se milita el cierre de escuelas, es la hora de la retórica de la presencialidad, aunque muchas escuelas aún no la recuperaron. Y surgió un frenesí de anuncios y reparto de recursos, algunos tan vulgares como viajes de egresados para jóvenes que no pudieron ir a la escuela. Todo se tramita bajo nuevos eslóganes y programas con inefables nombres que vienen a reemplazar los anteriores. Porque, cuando el relato manda, “gobernar es anunciar y renombrar”.

Se anuncia que se buscará “casa por casa” a los estudiantes que abandonaron, las mismas palabras con que ordenó el Presidente buscar los votos que faltan para las elecciones legislativas. Se anuncia que se recuperarán los aprendizajes. Se anuncia la creación de un fondo de 5000 millones de pesos, que lleva un flamante nombre: “Volvé a la escuela”, destinado a contratar personas para buscar a los chicos y para agregar tiempo de clases, porque de golpe el tiempo urge.

Pero es posible que la requisa “casa por casa” y la pedagogía del retorno imperioso no funcionen porque hay preguntas sin responder: ¿cuántos son los alumnos que faltan?, ¿quiénes son y dónde están?, ¿cuán profundas son las pérdidas de aprendizajes?, ¿cuál es la estrategia de reorientación del sistema educativo para mitigar la devastación del cierre de escuelas? Se multiplican anuncios y contrataciones, pero faltan datos.

Hace un año, el Gobierno había estimado que aproximadamente un millón de estudiantes habían perdido contacto con la escuela o tenían una relación muy débil. Ahora estima que son un millón ochocientos mil. Estimaciones, no se conoce la dimensión real, porque se carece de una base nominal nacional de alumnos, aunque hace años que la ley obliga a tenerla.

Tampoco se conocen las pérdidas de aprendizajes, porque las evaluaciones nacionales no se tomaron. Y la estrategia del tiempo extra de clases no garantiza que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados al término de su escolaridad. En este sentido, la investigación global RISE, liderada por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford, que estudió las consecuencias de los cierres de escuelas en los países en desarrollo y los diferentes escenarios de mitigación, indica que se necesitan evaluaciones que dimensionen los daños y que las medidas de remediación de corto plazo (como clases extras) son insuficientes. Se requieren estrategias de reorientación de largo plazo de los planes de estudio para asegurar que se produzcan los aprendizajes necesarios. Pero no hay tal plan de reorientación.

En medio de la campaña, comenzó el reparto de netbooks a algunos estudiantes de secundaria. La brecha digital en la Argentina es enorme y hay que cerrarla con un plan integral que garantice no solo acceso a dispositivos, sino también conectividad de calidad para todas las escuelas y los estudiantes más vulnerables, con criterios de justicia y transparencia y condiciones educativas para la efectiva apropiación del potencial tecnológico. Ahora se entregan dispositivos, con cuentagotas, desde el reeditado programa Conectar Igualdad, que sigue sin garantizar conectividad ni igualdad; las máquinas se distribuyeron primero en los terruños políticos de las autoridades ministeriales.

Y otra vez las imágenes pornográficas de menores, llevados a posar con las “netbooks del Gobierno” en las manos, con inscripciones como “Argentina presidencia”, junto a funcionarios sonrientes que reproducen esas imágenes en sitios oficiales y en sus redes personales, utilizando sin vergüenza los rostros necesitados de los chicos para provecho político. Esta práctica no es nueva y hay que ponerle fin. Aunque parezca una sutileza, no lo es; vulnera derechos de los estudiantes. La educación debe resguardarse de la propaganda política –como establecen muchas legislaciones en el mundo incluso de países latinoamericanos–. Los materiales que los gobiernos entregan a los estudiantes no deben llevar ninguna inscripción que identifique a la gestión gubernamental, en todo caso si la manía de los gobiernos es poner un sello, que diga: “Este libro, esta computadora, fueron comprados por la sociedad argentina a través de sus impuestos”. Y por supuesto, no debe permitirse ninguna repartija de recursos públicos en tiempos preelectorales para evitar atentar contra el derecho a elegir libremente.

El nuevo Congreso, que se conformará el próximo 14 de noviembre, haría bien en recordar que la educación importa. Y entre la agenda educativa que le toca encarar sobre temas centrales, como el financiamiento educativo, la carrera docente y el acceso integral a la tecnología, hay dos cuestiones urgentes: una ley que atienda a la emergencia educativa actual, estableciendo la esencialidad del servicio educativo, fijando políticas basadas en evidencias y fondos suficientes para reparar los daños, con un horizonte de por lo menos cinco años, y una ley que prohíba, a todos los gobiernos, la propaganda política en y desde los ámbitos escolares, la distribución oficial de materiales con leyendas y signos políticos y que establezca criterios objetivos para la entrega de recursos a escuelas y estudiantes, limitando cualquier reparto discrecional y en tiempos de campaña.

Hay una grieta. De un lado el relato delirante: un hipertexto de fragmentos discursivos, imágenes, eslóganes, anuncios, nombres mágicos que pretenden resolver problemas con solo pronunciarlos: volvé a la escuela, conectar, igualdad, en un montaje de indisimulable finalidad de propaganda. Del otro lado, la peor crisis de la educación argentina. Hay que resolverla, el futuro se juega ahí.

Doctora en Educación; profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella

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