Educación: esencial, pero para pocos

Cuando en 1840 Domingo Faustino Sarmiento comenzó su exilio en Chile, huyendo de la “barbarie rosista” -así la llamaba-, comenzó a trabajar como periodista en El Mercurio y otros diarios trasandinos y llegó a dirigir El Progreso, El Heraldo Argentino y La Crónica. También cosechó una amistad con quien fue presidente de Chile, Manuel Montt, que lo protegió y vio en el sanjuanino un intelectual que podía ayudarlo a construir una nación, tal era el desafío de los países americanos en ese entonces. Montt fue su protector y lo envió a Europa a estudiar distintos modelos educativos. En ese viaje, que duró dos años, Sarmiento conoció al educador estadounidense Horace Mann, quien fue el creador del modelo de educación pública, laica y gratuita que recién en 1936 comenzó a aplicar Estados Unidos. Tras su regreso a Chile, en 1847, Sarmiento elaboró un plan educativo para aplicar allí. A Manuel Montt no le disgustó, pero lo veía improcedente por las presiones de las elites chilenas, que exigían un circuito de enseñanza educativa para ellos y sugerían que para los sectores populares la educación debía estar en manos de las congregaciones religiosas. Así fue y Sarmiento guardó su proyecto que luego pudo aplicar en la Argentina cuando sentó las bases durante su presidencia y que quedó plasmada en la Ley 1420, años después. El Proyecto que Montt rechazó era ni más ni menos que “De la educación popular”, una marca, un camino que llenó de logros a la educación argentina.

Hoy vale recordar esta parte de nuestra historia porque la educación, que viene en permanente retroceso hace décadas, recibe un tiro de gracia de parte del gobierno de Javier Milei que decide desentender al estado nacional de la responsabilidad sobre el financiamiento y los lineamientos generales que buscan igualar las posibilidades, una insignia sagrada de nuestro modelo educativo. Una decisión que afecta no solo a la universidad pública, como vemos está marcado en la agenda de estos días, sino también en la educación básica. Algo que, seguramente, nos traerá mayores problemas, algunos insalvables, que postergarán a generaciones enteras porque en un país federal dejar la educación solo en manos de las provincias, donde no todas tienen las mismas posibilidades, desentender al gobierno central de un tema prioritario como es la educación pública, solo derivará que en pocos años educarse con calidad será para pocos, como eligió Montt, solo para las elites y para quien pueda pagar una oferta privada.

Hoy no se puede soslayar el daño que se le hizo a la educación durante la pandemia, cuya responsabilidad absoluta recae en el enamoramiento de la cuarentena de Alberto Fernández, que no solo alejó a miles de chicos de la escuela sino que retrasó los saberes de manera catastrófica durante dos años. Además, el populismo educativo nos llenó de normas con fines nobles pero que no se cumplen. Comenzando con la Ley 25864, sancionada hace dos décadas, que garantizaba 180 días de clases a todos los alumnos del país, y desde su aprobación nunca se cumplió. Para colmo, casi el 90% de las escuelas primarias argentinas es de jornada simple. Comparado con países de la región, nuestro país dicta pocas horas de clases al año porque, salvo en CABA, en el resto de los distritos casi no hay escuelas de jornada completa. Cumpliendo la ley, en el mejor de los casos, se dictarían entre 720 y 750 horas de clase al año en primaria contra las 1800 que se dictan en Chile, sí, el mismo país que tardó 100 años más que la Argentina en atender la educación pública hoy obtiene mejores resultados. Supuestamente esto lo solucionaba la Ley de Financiamiento Educativo, que se proponía que en 2010 el 30% de las escuelas debían ser de jornada completa, que tampoco se cumplió, como tampoco el financiamiento integral que la norma dictaba. En lugar de aplicarla, la solución que encontró el gobierno libertario fue suspender la Ley de Financiamiento Educativo, ni siquiera intentó aplicarla correctamente, borrando de un plumazo su responsabilidad gubernamental en el tema. Por supuesto que todo esto redunda en profundizar los resultados alarmantes que ya tenemos hoy: chicos que terminan el primer ciclo de la primaria sin saber leer o alumnos que terminan la secundaria sin comprensión lectora, todo demostrado en la caída en los resultados de las pruebas de evaluación de aprendizajes nacionales e internacionales.

Como respuesta al problema educativo hoy vemos que ya no hay Fondo Nacional de Incentivo Docente, tampoco Fondo Nacional de Garantía Salarial y que desaparece de a poco el origen “nacional” del financiamiento educativo. Lo vemos al repasar que hay partidas que se evaporan en un 100% del presupuesto educativo presentado para el año próximo como son: mejoramiento de la calidad educativa; Conectar Igualdad, fortalecimiento territorial y todo tipo de transferencias a las provincias. Y, en un país que tiene como obligatorio escolarizar a los chicos a partir de los 4 años, presenta una merma del 70% en Educación Inicial. Hay otros ítems que bajan entre un 30 y un 75%, todos importantes. El Presupuesto 2025 muestra un total desinterés del gobierno por la educación pública.

En las universidades sí hay una necesidad de dar un debate sobre como regular un servicio educativo que supo ser modelo. La Ley de Educación Superior actual rige desde 1995. Mucho cambió el mapa universitario en casi tres décadas, hay más universidades y la oferta se atomizó, para muchos de mal modo, pero es una realidad que necesita ser abordada, y la ley que hoy tutela la vida universitaria de nuestro país fue sancionada ¡cuando no había internet! Una herramienta que cambió la comunicación y, obviamente, la educación en todos los niveles en todo el mundo. Pero que parece que aquí no nos dimos cuenta y sostenemos una norma “analógica” para los tiempos que corren, que son tan dinámicos. ¿La solución libertaria?: Desfinanciarlas. En el Proyecto de Presupuesto 2025 se contempla otorgar un tercio de lo que el Consejo Interuniversitario solicitó para cumplir con los salarios y gastos de financiamiento. Se podría avanzar en hacer eficiente el gasto, en definir la regularidad de un alumno, en debatir el ingreso irrestricto, aprovechar la crisis como una oportunidad para mejorar el gasto universitario. Sin embargo, y acá no hay responsabilidad compartida con las provincias porque el sistema universitario es responsabilidad absoluta del gobierno nacional, la solución es desentenderse del mismo.

Todo esto está sobre la mesa. El problema existe, es tangible. Vivimos una verdadera tragedia educativa, donde hay un gobierno que no se interesa en el tema -mucho más que otros que tampoco lo hicieron bien- o plantea propuestas absolutamente inviables, como financiar con vouchers la educación, sin dejar de señalar que del otro lado de la mesa están los gremios docentes que manejan los sistemas educativos como si fueran trincheras políticas y actúan de acuerdo al color del gobierno al que enfrentan. En el medio están las familias. Parece un problema sin solución.

Pero principalmente la educación pasó a ser un enunciado de buenas intenciones declaradas en leyes que tuvieron el consenso necesario para hacerlas políticas de estado, pero que nunca se aplicaron. El último ejemplo fue hace poco, el oficialismo y sus aliados declararon a la Educación como “servicio esencial”, dos meses después presentan un presupuesto donde prácticamente la desfinancian y les trasladan toda la responsabilidad a las provincias (¿cómo? ¿no era esencial?) ¿O solo se trataba de una Ley para restringir el derecho constitucional a la protesta que tienen los maestros? Para defender la esencialidad de un servicio primero hay que cumplir con la responsabilidad que le cabe al Gobierno, en este caso, priorizar su inversión, incluso cumplir con la palabra tomada en la firma del Pacto de Mayo, cuando se incluyó el tema de la educación pública. El gobierno mintió o firmó un compromiso que no estaba dispuesto a cumplir.

Si tomamos en cuenta el desdén, no oculto, que Javier Milei ha mostrado por la educación pública (solo basta escucharlo cuando justifica decisiones en su desmedro: “la educación pública ha hecho mucho daño lavando el cerebro de la gente”), aferrándose a una valoración personal o ejemplos malos pero aislados, se puede comenzar a entender su propósito.

Al comienzo de esta columna contamos sobre esa propuesta que Sarmiento le llevó a Manuel Montt y que éste rechazó. Sarmiento era un liberal auténtico, Montt un conservador de carácter autoritario, fue definido por otro presidente chileno, Manuel Bulnes, como alguien de “pura cabeza sin corazón”, su insensibilidad manifiesta le significó generar varias crisis políticas. Así es muy sencillo encontrar un camino paralelo entre Milei y Montt, un sendero ideológico que pasa bastante lejos del legado que dejó Sarmiento al país. Simplemente pasa por estar convencido de que la educación de calidad debe alcanzar a todos o solo está destinada a unos pocos privilegiados.