Ecuador no es el mejor ejemplo
Hace ya tiempo que Ecuador, el presidente Correa y su política educativa son centro de una llamativa fascinación. Su eje es el contraste con la Argentina: un dirigente de "izquierdas", venerado por "progresistas", se atreve a realizar algunas reformas educacionales que hace varias décadas, aunque especialmente desde 2003, son vituperadas por el establishment político y educacional local.
Suponiendo que Correa sea de izquierda y suponiendo que acordemos qué quiere decir eso en 2014, el problema de esta fascinación consiste en pasar por alto las condiciones en las que se está llevando a cabo en Ecuador la pretendida Revolución Educativa, condiciones no neutrales para la educación.
Las reformas progresan en un modelo de control social que en la mayoría de los países democráticos del mundo, incluso en la Argentina, sería ilegal: se prohíbe el derecho a la huelga de los maestros y de todos los empleados públicos, se elimina la negociación paritaria y se limita toda organización entre educadores. No se trata de alguna restricción del derecho de huelga docente (cuestión que podría ser genuina en términos de un amplio debate) sino su prohibición. Ajeno a la lógica democrática y a causa de la resistencia, incluso internacional, varios dirigentes opositores son perseguidos.
En este entorno asfixiante, se implementan las publicitadas medidas educativas. Algunas apegadas a la tendencia mundial proevaluaciones a gran escala. Otra medidas son creativas y serían interesantes en un contexto político plenamente democrático. Por último, otras, francamente desopilantes, propaladas en el programa presidencial trasmitido por la TV y la radio públicas.
A la reforma ecuatoriana no se la ve interesada en la innovación, en el desarrollo de identidades y capacidades reflexivas, en la articulación de redes de proyectos abiertos que son los que generan masa crítica de cambio. Pero no es la intención debatir medidas concretas, lo que implicaría otros artículos. Sí, entender que esas acciones son instrumentos no aislables del conjunto.
Calidad educativa es un concepto con muchos significados y es preciso no reducirlos a su indicador econométrico: "respuestas satisfactorias a pruebas estandarizadas". Recordemos que los primeros puestos en las pruebas PISA 2012 están ocupados por países en los que hay partido único y no hay libertad de expresión. En contextos autoritarios, educación y calidad de la educación poseen significados diferentes que en Holanda, Finlandia, Brasil o Uruguay. Si gustan de estándares, bueno sería ocuparse, por ejemplo, del Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Adenauer, en el que Ecuador está en el puesto 16 entre 18 países de América Latina.
Y si tanto importan los resultados en las pruebas, por qué mejor no mirar a Cuba, que mantiene altos desempeños en pruebas latinoamericanas. Allí tampoco hay libertad sindical, la huelga está prohibida y las iniciativas pedagógicas de los educadores están políticamente condicionadas. Coincidencias de "izquierda".
Muchos estamos de acuerdo en evaluar con rigor el trabajo docente. Pero si se arrasa con los derechos políticos, sindicales y pedagógicos de los evaluados, es dable inferir que el efecto será la docilidad y el disciplinamiento de los educadores: ya sabemos qué "calidad educativa" se construye con docentes vedados de pensar y actuar por sí mismos.
Los muchos decepcionados por la educación post 2003 -y por décadas de deterioro- buscamos escenarios que orienten un cambio. Pero el ejemplo ecuatoriano es la trampa ideológica en la que no deberíamos caer: separar la política educativa de la política sólo puede traer soluciones tecnocráticas ineficaces o, peor, mecanismos que multiplican la opresión y el autoritarismo y con ellos mayor subdesarrollo económico.
No sea cosa que el péndulo argentino pase del actual cogobierno sindical de la educación a desmantelar cualquier actor educacional y someterlo a la lógica gubernamental. En ambos extremos del péndulo, la víctima es la educación.
En vez de exaltar las políticas educativas de Correa, sugiero mirar a Brasil, donde Lula y Dilma son también "de izquierdas", aunque sus reformas educacionales no fueron pretenciosamente fundacionales sino que han mantenido, corregido o profundizado lo comenzado por el presidente Cardoso. Otra lección para aprender
El ex ministro de Educación de Lula y de Dilma, Fernado Haddad, es un ejemplo. Doctorado con una tesis sobre Marx y Habermas, implementó medidas que mostraron mejoras en la calidad y la inclusión escolar en un Brasil de una escala más cercana a la argentina que a la ecuatoriana. Mantuvo debates y enfrentamientos con la oposición, con sindicatos docentes que impulsaron largas huelgas y con algunos ex compañeros de militancia y de academia que lo acusaron de "neoliberal". Llevó adelante reformas que pusieron al Brasil en lugares impensados años atrás. Ni con Haddad ni con Lula ni con Dilma, opositor brasileño alguno temió por su libertad. Y Haddad fue después elegido intendente de San Pablo, nada menos. ¿Será que Brasil está tan alejado de la Argentina que estamos condenados a seguir el ejemplo de pequeñas tecnocracias autoritarias?
La democracia es precondición y a la vez resultado de una política educativa democrática cuya implementación forme parte de un modelo de desarrollo social y económico con justicia y libertad.
El autor es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella
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