Dólares para pocos, una única política de Estado

El lunes, en el acto de la CTA en Avellaneda, en el momento en que cuestionaba a las organizaciones sociales y a lo que llamó política asistencial “tercerizada”, Cristina Kirchner tenía una novedad que no todo el Gobierno compartía: Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo, estaba evaluando sacarles 180.000 planes a esos movimientos y dárselos directamente a gobernadores e intendentes, algo que anunció finalmente anteayer. La vicepresidenta no solo sabía de la iniciativa, entre otras razones porque tres semanas antes había estado reunida con él en el Senado, sino que decidió tomarla y exponerla con estilo propio. “¡Si Evita los viera… mamita!”, dijo.

La interna del Frente de Todos acaba de entrar en fase territorial. La disputa por el manejo de esos recursos es en el fondo la del control de la calle. Para el kirchnerismo es casi lo mismo: no hay en su cosmovisión un elemento sin el otro. Alberto Fernández tira desde el otro lado de la manta: ha encontrado en el Movimiento Evita al único aparato capaz de equiparar la capacidad convocante de La Cámpora. “Si Evita nos viera, estaría orgullosa”, contestó anteayer la agrupación en Twitter. La disputa incluye también un intangible, algo parecido al sello del PJ: “Estamos en una etapa preperonista”, venía repitiendo Pérsico. “El peronismo es laburo”, provocó Cristina Kirchner. Y lo interesante del debate es que transcurre durante un gobierno que los incluye a ambos.

Zabaleta debe hacer pie en medio de estas tensiones. Consciente de que no incomodar a Pérsico está entre los pedidos presidenciales, necesita al mismo tiempo resguardarse porque, además de ministro del área, él es un intendente de licencia que pretende volver a su distrito, Hurlingham. Está forzado a convivir entonces con las organizaciones sociales, a las que viene auscultando desde que asumió no solo porque advierte que los recursos no se están asignando de la mejor manera, sino por propio instinto peronista: tiene sondeos que les endilgan a estos movimientos una imagen negativa comparable a la de los sindicatos. A fines de diciembre, a través de una resolución, el ministro les permitió a los beneficiarios de los planes cambiar de unidad de gestión, es decir, pasarse de una cooperativa a la otra. Una especie de desregulación del sector, algo siempre resistido por estos dirigentes. Y, días después, en febrero, anunció que no daría más altas en los planes.

Cristina Kirchner no tiene estos dilemas. Al contrario: le sobran motivos para demolerlos con una frase. El más obvio es de carácter personal: todavía no le perdona al Movimiento Evita haber respaldado en 2017 a Randazzo. Esa apuesta no le reportó al dirigente de Chivilcoy más que 4% de los votos, pero sirvió para dividir el voto peronista e hizo que ella perdiera la elección contra Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires.

Hay, además, una inquietud que la vicepresidenta admite cada tanto delante de quienes la frecuentan, que es la posibilidad de un gran conflicto social. Como fue ella la que eligió a Alberto Fernández para encabezar la fórmula, es entendible que gaste gran parte de su energía en tomar distancia al menos como puesta en escena. Lo único que está a su alcance.

Y lo mismo con cada resultado económico. Faltan dólares, es muy probable que todo empeore durante el segundo semestre y ella vuelve a optar por lo que sabe hacer, que es buscar culpables. Cada vez que Máximo Kirchner se reúne con empresarios, por ejemplo, les pregunta a qué atribuyen esa escasez. También quiere saber qué piensan de determinados funcionarios. Como si buscara en esas charlas ratificar algo asimilado previamente: que no funcionan. A los camporistas los motivan las mismas categorías. Y en la enumeración de responsables de la restricción externa incluyen también a los hombres de negocios que, suponen, se llevan o consumen esos dólares que faltan. Últimamente, esa acusación viene recayendo sobre el sector textil, al que le atribuyen estar demandando gran parte de las divisas que salen del Banco Central a través de medidas cautelares. Los textiles no se sienten aludidos: dicen que ellos solo importan insumos y recomiendan prestarles atención más bien a importadores asiáticos que operan desde hace tiempo financiados por cuevas. Pero el argumento no termina de convencer en el Instituto Patria, donde han decidido poner en consideración el trabajo de Ariel Schale, secretario de Industria y exreferente de la Fundación Protejer, el funcionario que decide sobre las licencias para traer mercadería.

Para Scioli, ministro de Desarrollo Productivo, representa un desafío bastante similar al de Zabaleta. Es cierto que a él lo respaldan años de experiencia en el ejercicio de la ambigüedad. Pero no tiene siquiera conformado el equipo que lo acompañará en la gestión. A la luz de estas urgencias y la interna, su primera visita a la Unión Industrial Argentina, el martes, empezó con una promesa bastante jugada: prometió que Schale y Guillermo Merediz, secretario de la Mediana Empresa, dos funcionarios que venían trabajando con Kulfas, seguirían en sus cargos. ¿Estará de acuerdo el kirchnerismo? Habrá que ver, por ejemplo, qué piensa al respecto Paula Español, desplazada el año pasado de esa cartera cuando llegó Feletti y replegada desde entonces en el Ministerio del Interior, bajo las órdenes de De Pedro, pero que se ha mostrado inusualmente interesada en las designaciones de Scioli. ¿La economista quiere saber de manera genuina o a instancias de alguien?

También como a Zabaleta, al exgobernador bonaerense le toca el doble riesgo de exponerse en el peor momento del Frente de Todos y definir sobre recursos escasos. Tal vez por eso en su primer paso por la UIA se haya propuesto bajar expectativas. Fue una reunión corta, pero le alcanzó para recordarles a los anfitriones que se estaban acabando los cupos de las SIMI A –licencias automáticas de importación que ellos pagan cuando quieren–, y que había llegado el tiempo de pasar a las SIMI B, para las que es necesario conseguir financiamiento a 180 días.

Los industriales conocen esta sensación de dólares para pocos. Matías Furió, representante de la Cámara del Juguete, aprovechó el encuentro para acercarle un dato al ministro: a los fabricantes de ese sector los afecta que esté entrando un 70% de importaciones de juguetes chinos gracias a medidas cautelares. Resumen de la visita: pidieron prioridad de licencias para “la actividad industrial”. Scioli no los aturdió a respuestas, pero alcanzó a garantizarles que le pediría a Julián Domínguez que intentara convencer a cerealeras y productores de liquidar la cosecha. El problema de la escasez en estado avanzado es que algunos requerimientos son incompatibles con otros igual o más gravitantes. Cuando los industriales le reclamaron al exgobernador, por ejemplo, gasoil para empresas del noroeste, alguno se preguntó en voz baja de dónde saldrían los dólares para pagarlo. Nada que no haya pasado en otros inviernos: ante la falta de recursos y opciones, la mejor política energética son los días templados.

Es el tiempo que ha tocado. Con restricciones tan evidentes que vuelven muy similares todos los diagnósticos económicos, a izquierda y a derecha. Pérsico suele decir, por ejemplo, que los subsidios eternos afectan la cultura del trabajo. Es lo mismo que piensa Cristina Kirchner. O Espert, Broda o Cachanosky. Estos años agregaron una coincidencia más preocupante: nadie está seguro de tener una solución. Es lógico que la discusión no sea entonces cómo salir de los planes, sino quién los maneja.

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