Disparos sobre la Justicia

Otra vez el Poder Judicial está en entredicho, ahora por la reacción popular frente al caso Marita Verón y por el conflicto político y de intereses, disfrazado de jurídico, que se expresa en el caso Clarín. Surgen así varias declaraciones: que la Justicia es corrupta, que hay que democratizarla, que se debe instalar el juicio por jurados, que los magistrados deben "respetar la voluntad popular". Es preciso y urgente clarificar estos puntos, antes de que la opinión pública se vea enredada en la propaganda política.

¿Hay corrupción judicial? Siempre la hubo, en algunas épocas más que en otras. La corrupción es minoritaria, pero muy dañina: un juez corrupto es un escándalo; tres o cuatro, un problema institucional. Un porcentaje de apenas un décimo echa a perder por completo el funcionamiento de la convivencia. La corrupción se evidencia de diferentes formas, pero la más permanente e insidiosa es la introducción de criterios de política partidaria en la selección de los magistrados. Esta condición siempre ha existido y ha tenido épocas de influencia devastadora. Las ha habido peores (todavía) que la que ahora vivimos, pero el más reciente funcionamiento de los cuestionados concursos judiciales y los debates políticos alrededor de ternas y órdenes de mérito demuestran que el país se encamina rápidamente hacia un nuevo récord.

¿Deben los jueces atender la voluntad popular? De ninguna manera, salvo en cuanto ella esté traducida en las normas jurídicas. Un juez debe, ante todo, velar por la supremacía de la Constitución, aun contra una ley del Parlamento. Debe aplicar las leyes y los códigos, aun contra la opinión pública. Debe garantizar los derechos de cada ciudadano, aun frente a la furia de todos los demás. Por ello es tan importante que los jueces se encuentren ajenos a los vaivenes de la política, para atender sólo a sus resultados permanentes, los cuales juran cumplir y aplicar.

Lo dicho sirve para explicar por qué sería inconveniente que los cargos judiciales fueran electivos: en lugar de ser seleccionados por sus conocimientos, su honestidad y su laboriosidad (cuestión que la Constitución dispone sin mucho acatamiento), lo serían en función de su adhesión a un partido, de forma similar a lo que sucede hoy con los diputados que la sociedad elige sin saber quiénes son. Si por añadidura los cargos fueran temporarios, la politización sería total: cada nuevo gobernante tendría la oportunidad de conformar un poder judicial a su gusto, que jamás discutiera una medida del poder y capaz de condenar o de absolver a quien se le ordenara. En la situación actual, al menos, la (indebida) lealtad de un juez novel al grupo político que lo nombró tiende a diluirse cuando cambian las circunstancias históricas.

¿Conviene establecer un juicio por jurados? Este reclamo se renueva cada vez que un juez absuelve o libera a un imputado a quien la opinión pública ha condenado. Si el debate se plantea en términos de conveniencia, la respuesta es claramente negativa. Primero, porque el jurado es más susceptible a las emociones: los ciudadanos comunes son propensos a considerar culpable a cualquier sospechoso mencionado por los vecinos o por los medios de comunicación, con tanta más fuerza cuanto más grave y perverso sea el crimen cometido.

En este sentido, la gravedad del crimen tiende a sustituir la prueba efectiva de culpabilidad ("alguien tiene que pagar por esto"), lo que es peligroso para todos y deja sujeto al imputado a la habilidad retórica de los abogados antes que al análisis desapasionado de la prueba. Existe, en segundo lugar, una razón económica: ¿hay fondos y locales suficientes para alojar, atender y alimentar a multitud de jurados en una multitud de juicios? Los Estados Unidos, por ejemplo, no los tienen, apenas una ínfima proporción de juicios se siguen ante un jurado. En tercer lugar, ¿creemos que los jurados harán "mejor justicia" que los jueces?

Hay jueces buenos y malos, pero es posible -si se lo intenta con lealtad- reducir la proporción de los malos y mejorar el promedio general. Los jurados, en cambio, son completamente incontrolables por definición. ¿Se abocarán seriamente al examen de las pruebas o serán influenciados por la simpatía o antipatía del acusado, por la habilidad del fiscal o del defensor o, simplemente, por las ganas de volverse a casa?

La administración de justicia está llena de defectos y de problemas, pero el modo de enfrentarlos es conocerlos, entenderlos y analizarlos seriamente. Abordarlos en medio del griterío político generado como consecuencia de casos controvertidos es la mejor garantía de empeorarlo todo.

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