Día Mundial del Agua: un derecho humano que el Estado debe garantizar
PARA LA NACION
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución por la cual fue declarado el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua con el objetivo de que los estados impulsen acciones de concientización de la población acerca de la conservación y uso sostenible de este elemento vital para la vida.
Teniendo en cuenta que el cuerpo humano está formado en un 70% por agua que fluye por las células, la sangre, los órganos, los huesos y la masa muscular, las personas necesitan consumir, al menos, dos litros diarios de agua para hidratar el cuerpo, oxigenar el cerebro, la sangre y regular el funcionamiento de los órganos y la expulsión de los nutrientes y sustancias nocivas presentes en el cuerpo. Pero lo cierto es que esta regla solo es válida si el consumo de esas cantidades goza de la calidad suficiente para ser consideradas aptas para el consumo humano.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo unas 844 millones de personas carecen de un servicio básico de suministro de agua potable y, al menos, 2000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces. Esto provoca enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis y se calcula que la contaminación del agua potable provoca -solo por diarrea- más de 50 mil muertes al año.
En nuestro país, según el último censo de 2010 realizado por el INDEC, sobre un total de 12.277.937 hogares ubicados en áreas urbanas y rurales, unos 10.208.884 tenían acceso a servicios de agua potable (83%); por debajo de la media nacional están las provincias de Misiones (72%), Buenos Aires (75%), Santiago del Estero (76%) y Chaco y Formosa (77%) mientras que el resto se encuentra con niveles de cobertura que están por encima de esa cifra, incluyendo a la CABA que logra cubrir un 100% de los hogares.
Estas cifras dan cuenta de la necesidad de encarar con urgencia y dedicación una verdadera política de Estado para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual es condición sine qua non para garantizar otros derechos esenciales como la vida, la salud, la alimentación y la dignidad de la persona humana.
22 de marzo, Día Mundial del Agua
Para ello, es necesario que se convierta en un tema prioritario de la agenda política argentina y se adopten en todos los niveles de gobierno medidas conducentes para que todos los hogares cuenten con este servicio esencial, teniendo en cuenta que el suministro de este servicio público en algunos casos está en manos de la Nación -a través de AySA en la CABA y el GBA- las provincias, los municipios y, en muchas ciudades, a través de las cooperativas.
Ello implica aumentar en términos reales las partidas presupuestarias en todos los niveles de gobierno para garantizar no solo la ejecución de las obras de extensión de los servicios sino también mejorar la infraestructura de las redes existentes para garantizar la calidad del agua que sale por las canillas de nuestros hogares y que usamos a diario para beber, cocinar, lavar e higienizarnos.
En este último sentido, solo para mencionar un problema entre otros tantos, podemos citar el caso de muchas ciudades del interior del país en donde a pesar de tener servicios públicos los niveles de arsénico en el agua por causas naturales derivadas de la erupción de los volcanes se encuentran por encima de lo regulado por el Código Alimentario Argentino, el cual establece un límite de 0,05mg/l para el agua destinada al consumo humano.
Esto genera un gran problema para la salud, ya que la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas y se ha asociado también a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes (OMS).
Además de la infraestructura, es necesario proteger y conservar las fuentes primarias de donde se extrae el agua para consumo humano y que antes de entrar a las plantas purificadoras y distribuirse por las cañerías se encuentra distribuida en los acuíferos subterráneos, los ríos, lagos y canales superficiales y las capas de hielo de los glaciares de las altas montañas.
Para ello, se necesita poner límites a determinadas actividades productivas como la agricultura, la minería o la industria, las cuales, además de utilizar grandes cantidades de agua en sus procesos de producción, vierten desechos tóxicos que contaminan las fuentes naturales de este elemento vital.
El control permanente por parte del Estado en el cumplimiento de las normas ambientales existentes y la aplicación de sanciones a aquellos que las infrinjan resulta fundamental para tener éxito en esta tarea. Se necesita, además, avanzar de manera urgente en el saneamiento de aquellas cuencas que ya están contaminadas como es el caso paradigmático de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Por último, en el ámbito parlamentario resultaría necesario incorporar en el Código Civil el artículo que fue eliminado del proyecto original, que establecía el derecho fundamental de acceso al agua potable y cuya en redacción consagraba que "todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales". Y dar sanción definitiva al proyecto de ley de protección de humedales que aún está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.
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