Destruir las buenas causas
Hay que reconocerle al Gobierno una enorme capacidad para generar nuevos temas y la voluntad de poner sobre el tapete cuestiones significativas, aunque las encare de forma muy equivocada
PARA LA NACIONMartín Lousteau
Cuando fue elegida en 2007, Cristina Fernández de Kirchner representaba el salto hacia la mejor calidad institucional. Néstor Kirchner había tenido a cargo un hospital de guerra: amputaba, suturaba y daba penicilina. Con la profunda crisis en la que estaba sumido el país, la sofisticación, las sutilezas debían quedar para más adelante. La tarea de construir el hospital de mediana complejidad, convocando especialistas y utilizando los mejores métodos de diagnóstico, sería responsabilidad de la actual presidenta.
Esa fue la promesa en la campaña con Cobos (cuyo eslogan era "Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo"), en las palabras de su asunción y en el discurso de inauguración de sesiones del Congreso de marzo de 2008. Cuando CFK representaba esa esperanza de una mejora respecto de la administración de su marido y la economía sólo daba buenas noticias, sacó 46%. Cuatro años después, en un contexto significativamente más complejo, obtuvo una cifra llamativamente superior: 54%. Esos ocho puntos de diferencia son producto, entonces, no de más gente sorprendida gratamente por la Presidenta sino cedidos por una oposición que no era convocante.
Se trata de temas, todos, que por su envergadura merecen ser considerados y debatidos. El problema es que el Gobierno llega a ellos por los motivos equivocados
En el transcurso de estos años la ambición de otra institucionalidad, de parecernos a Alemania –ejemplo que la propia CFK propuso como rumbo- fue mutando radicalmente. Se transformó en el ya tristemente famoso "Vamos por todo", expresión que ni siquiera parece adecuada para una democracia. En sus dos administraciones, Cristina Fernández de Kirchner fue optando por otros cambios institucionales que los imaginables originalmente. Vinieron así la estatización de las AFJPs, la ley de medios, el cuestionamiento de la independencia del BCRA, la recuperación de YPF, la democratización de la justicia. Seguramente vendrán otros, por ejemplo una reforma tributaria que amplíe la aplicación del impuesto a las ganancias a las rentas financieras.
Los títulos de cada una de esas iniciativas resultan atractivos. Se trata de temas, todos, que por su envergadura merecen ser considerados y debatidos. El problema es que el Gobierno llega a ellos por los motivos equivocados, los enfoca con severas falencias y su implementación es desastrosa, a punto tal que hasta eventualmente contradice los objetivos que declama.
La Argentina nunca debió haber privatizado su sistema previsional: entre la informalidad, el alto desempleo, el diminuto y volátil mercado de capitales, el abusivo esquema de comisiones y la imposibilidad de financiar a tasas lógicas la transición de un sistema a otro era esperable que el resultado fuera calamitoso. Nuestro país estaba así obligado a revisar lo actuado en esta materia durante los 90 pero, en lugar de hacer eso en serio, optó por la estatización solamente para contar con más recursos y tapar otras falencias de la economía.
También nos debíamos una nueva ley de medios. Pero, para que sus postulados no acabaran siendo inviables, habría sido bueno que en su gestación hubiera también considerado la perspectiva empresarial. De igual manera, en un mundo con veloces cambios tecnológicos parece inconcebible que prácticamente se ignorara la cuestión de Internet.
Ahora es el turno de la "democratización de la justicia". No caben dudas de que ésta funciona de manera defectuosa, pero tampoco de que lo haría peor aún si entrara en funcionamiento todo lo aprobado
La crisis global puso de manifiesto que los bancos centrales son entidades políticas. Los que abogan fervientemente por su independencia harían bien en preguntarse de quién debería ser supuestamente independiente: porque si lo es del Gobierno, se deduce que es un ente solamente técnico y que el único capacitado para evaluar la idoneidad de sus autoridades sería el propio sistema financiero. Terminaríamos así con el controlado en el lugar del controlador. Pero de ahí a que el BCRA tenga una política monetaria que cubra los desatinos fiscales del Tesoro y emita dinero desenfrenadamente generando una inflación galopante hay un abismo. El tema fue tratado oportunamente desde aquí.
Algo similar a lo anterior puede decirse con respecto a YPF: nunca debió haberse extranjerizado, pero su recuperación respondió a la falta de previsión en la política hidrocarburífera y a una subestimación de los desafíos que esa movida conllevaba, lo cual también fue tema de esta columna.
Ahora es el turno de la "democratización de la justicia". No caben dudas de que ésta funciona de manera defectuosa, pero tampoco de que lo haría peor aún si entrara en funcionamiento todo lo aprobado. Es que las iniciativas no solucionan sus principales inconvenientes a la vez que agregan nuevos.
Por si fuera poco, en cada una de estas y otras discusiones el oficialismo ningunea sistemáticamente a la oposición. Hay que reconocerle, sin embargo, una enorme capacidad para generar nuevos temas y la voluntad de poner sobre el tapete cuestiones significativas, aunque las encare de forma muy equivocada. Esa es precisamente la condena a la que la sociedad está sometida: tener que optar entre un gobierno que pervierte y destruye hasta las buenas causas y opositores carentes de propuestas, todo intermediado y tergiversado por los intereses corporativos de medios concentrados. Con un país sumido en este contexto, lo que extraña es que sea Lorenzino el único que se quiera ir.
Por Martín Lousteau
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