Derechos humanos: el día de la memoria selectiva

Hoy se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instaurado a través de la Ley 25633 en 2002. Según esa norma se busca así “construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático”.

Está muy bien que los argentinos recordemos y mantengamos viva la memoria sobre lo sucedido durante la dictadura militar, básicamente, y lo dice la ley, para que estos no se repitan. Pero, lamentablemente, ni el Gobierno, ni sus militantes políticos, ni los organismos de derechos humanos que participan activamente de esta conmemoración, dirán una palabra de los cientos de violaciones a los DD.HH. cometidos durante los años 2020 y 2021 mientras transcurría la pandemia y el gobierno decretaba normas para regular el comportamiento social con el fin de generar un resguardo sanitario.

Algunos ejemplos: Luis Espinoza, de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo de 2020 en el sur de Tucumán. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca. El gobernador de esa provincia era el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, y días después de ese crimen el presidente Alberto Fernández visitó Tucumán y no dijo siquiera una palabra sobre este hecho aberrante, pero sí habló de “segregación racial” en Estados Unidos porque en esos días estaba vigente el crimen de George Floyd, víctima de la violencia policial en la ciudad de Minneapolis.

También en Tucumán, en 2020, fue asesinado Walter Nadal, detenido por seis policías y asfixiado contra el suelo, en un hecho similar al de George Floyd. En Jujuy se denunció el caso de Ariel Valerian, un mecánico que fue detenido ilegalmente cuando se dirigía por la ruta 66 a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sufrió torturas mientras estuvo detenido e incomunicado y, producto de los golpes recibidos, murió 29 días después de estar agonizando. En Santiago del Estero, encontramos el caso de Mauro Ezequiel Coronel, que fue detenido en la comisaría 10ª de la capital provincial, donde supuestamente fue torturado, para luego llevarlo al liceo policial, antes de trasladarlo al Hospital Regional de la ciudad, donde murió dos días después. Y también el caso de Franco Nicolás Isorni, quien fue hallado muerto el 26 de agosto del 2020 tras una persecución policial disfrazada de accidente de tránsito, con algunos detalles escabrosos sobre violencia y complicidad institucional para cubrir el delito

Vale detenerse en el caso de Franco Isorni, en Santiago del Estero, porque reúne todos los condimentos denunciados en el informe: abuso policial, violencia institucional con encubrimiento de la fuerza y la justicia. La muerte de Isorni fue notificada como un accidente de tránsito producido cuando viajaba en su moto. “Enterré a mi hijo creyendo que había muerto en un accidente, pero me enteré de que lo había matado la Policía”, relató en su momento su madre, Patricia Carolina Isorni. Las sospechas de la mamá de Franco se vinculan con hechos sucedidos tres meses antes, cuando fue detenido y golpeado por la policía. El joven denunció el hecho y la policía comenzó a perseguirlo, hasta que, según la denuncia, hicieron pasar un asesinato por un accidente de tránsito. La causa Isorni tiene ribetes increíbles, como que en la investigación se borraron 10 minutos de grabación de una cámara de seguridad que filmó su detención, una moto que aparece entera después del accidente, pero destrozada en el peritaje, ropa cambiada en la víctima; hasta una autopsia, solicitada por la familia ordenada por la fiscal Erika Leguizamón, que se hizo al costado del cajón, incumpliendo los principios básicos de la literatura nacional e internacional en la materia. Sin embargo, Emma Virginia Créimer, forense especialista jerarquizada en medicina legal y en clínica quirúrgica, que actuó como perito de parte de la querella, presentó en la causa “las conclusiones obtenidas sobre las fotografías criminalísticas aportadas por la parte que develan que fue un crimen, no un accidente de tránsito”.

Una situación inverosímil fue la vivida por Erika Peñaloza Luque, una niña de 10 años detenida en la localidad de Brea Pozo, provincia de Santiago del Estero, el 7 de enero pasado. La mamá, Evangelina Luque, relató en ese momento que fue “detenida por orden del jefe de la seccional, Adrián Argañaraz, por no usar tapaboca. Yo la miré a mi nena cuando llegué a la comisaría y la vi destrozada, llorando desesperada... se hizo pis encima”. La madre lo relata sin poder creer que haya visto a su nena de 10 años detenida en la comisaría del pueblo.

Habría que agregar a los mencionados el crimen de Sebastián Lagraña, que circulaba en moto con su amigo Alexis cuando fue perseguido y baleado por la policía en Saladillo en un caso que incluyó detenciones arbitrarias que alcanzaron a su abuela, Gladys Muñoz. El informe registra muertes o heridos en accidentes de tránsito, provocados por persecuciones policiales motivadas por el incumplimiento de un grave delito: la “violación de la cuarentena”.

Hay denuncias, con filmaciones caseras, de detenciones que incluyen torturas y acoso policial, como el sucedido en la localidad de Fontana, Chaco, donde se llevó a cabo la detención arbitraria y violenta de un grupo de jóvenes de la comunidad Qom, sin orden de allanamiento, que terminaron en maltrato y abusos de vejación sobre una joven sucedida en la comisaría.

También se detallan las consecuencias de la insólita política del gobierno de Gildo Insfrán de impedir el ingreso de 7500 formoseños varados en la entrada a la provincia, como lo padecido por el joven Mario Ledesma, que murió ahogado intentando cruzar a nado el río Bermejo en la desesperación por reencontrarse con su familia. Hace días la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno formoseño permitir el ingreso de esos ciudadanos.

Todo esto fue debidamente denunciado por el diputado Omar Manzi, en un relevamiento realizado el año pasado solo en provincias del NOA. Pero además, muchos de ellos figuraban ya desde meses antes en un trabajo realizado por el diputado Fernando Iglesias, que acompañan los fundamentos de su proyecto para la creación de la Comisión Nacional Bicameral de investigación de los Delitos cometidos por el Estado durante la Cuarentena (Conadec), donde demostraba que a julio de 2021 ya se habían registrados casi 200 casos donde aparecen violaciones de derechos humanos, que van desde aquellos que culminaron en muertes y desapariciones, como la que tuvo como víctima a Facundo Castro en Bahía Blanca, pasando por detenciones arbitrarias con situaciones de maltrato y tortura por parte de las fuerzas de seguridad de las distintas provincias.

En estos informes se detallan casi 200 casos de violencia institucional sobre ciudadanos, todo bajo pretexto de controlar el tránsito comunitario durante la pandemia.

En el informe de Manzi encontramos 5 muertes, 50 casos de tortura, 97 de lesiones graves, 69 de persecución, 52 de hostigamiento y 49 de represión, ocurridas en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja y Jujuy. Y en el de Iglesias 163 casos denunciados y de conocimiento público, donde las más graves ocurrieron 27 en la provincia de Buenos Aires, 23 en Santiago del Estero, 12 en Formosa, 10 en Santa Fe, 8 en San Luis, pero donde también aparecen casos en las provincias de San Juan, Tucumán, Chaco y también en Córdoba, Mendoza, Misiones, Corrientes, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa.

Los trabajos de investigación, tanto el del diputado Manzi como el de Iglesias, que permiten recopilar caso por caso los hechos de violencia institucional más aberrantes que se cometieron durante esos meses de pandemia, ponen en evidencia que el control social de las medidas restrictivas dieron carta libre a algunas fuerzas de seguridad provinciales que actuaron bajo su conocida falta de preparación profesional en un escenario donde los derechos civiles fueron vulnerados reiteradas veces, con la complicidad que otorga el silencio de los gobiernos responsables.

Hay que agregar las denuncias e informes de la Comisión Interamericana de DDHH, de Human Rights Watch, de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins y de Amnistía Internacional, sobre las violaciones a los derechos humanos y civiles en la provincia de Formosa. Amnistía, además, recopiló más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en el país en este período.

Todo esto sucedió durante el control de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno nacional nunca realizó un relevamiento o un pronunciamiento condenatorio sobre esta situación, como tampoco jamás se vio apremiado por los organismos de derechos humanos más caracterizados que acompañaron con silencio cómplice estos hechos de violencia institucional. Algo que no se vio durante los meses que Santiago Maldonado se encontraba desaparecido, donde no cejaron en sus denuncias que apuntaban al gobierno de Mauricio Macri, ni aun cuando el cuerpo del joven apareció y la investigación judicial apuntó hacia otro móvil, no el de la desaparición forzada.

Parece ser que, para el kirchnerismo y los organismos enrolados en sus filas, solo los derechos humanos que fueron violados durante la dictadura y en gobiernos no peronistas merecen ser denunciados, priorizando la búsqueda de un efecto político por sobre la demanda integral de la verdad acompañada con justicia. Esa apropiación corporativa sobre el control moral de los derechos humanos, sesgada por un sector de la política, de algún modo es responsable de que en nuestro país las máximas autoridades puedan elegir no pronunciarse sobre los hechos de violencia institucional que en un corto plazo dejaron cientos de víctimas, algunas fatales.

El Día de la Memoria hace bien en recordar la noche más oscura de la dictadura militar, pero también debería invitar a reflexionar para que estos no vuelvan a ocurrir en manos de fuerzas de seguridad estatales en democracia, investigando y castigando cuando esto sucediera.

Pero el gobierno y los organismos, que marchan este 24 de marzo, optaron por una memoria selectiva y discriminatoria hacia las víctimas de hoy, que parecen no merecer ni su memoria, ni el derecho a establecer la verdad y mucho menos la oportunidad de obtener justicia.

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