Derecho y política en la Corte ante el pedido de Cristina Kirchner
Sabemos que se ha presentado ante la Corte Suprema la cuestión del funcionamiento del Senado y también hemos conocido las diversas opiniones jurídicas de los constitucionalistas, aunque no se requerirá mucha ciencia constitucional para evacuar cualquier duda de opinión.
No queremos entrar ahora en la cuestión jurídica.
A nadie se le oculta que la cuestión tiene un aspecto jurídico, pero también otro, más apremiante: un dilema político. Si la Corte asume jurisdicción estará en política. Si declina jurisdicción, estará en política.
Sabemos también, según fuentes generalmente muy bien informadas, que asoman en el seno de la Corte opiniones encontradas. Tendrá que haber una mayoría. ¿Será una mayoría automática como alguna vez se le reprochó? Y precisamente por los peticionantes en este caso.
Como la cuestión, por no decir causa, tiene muy agudo perfil político, cabe suponer que la decisión jurídica expresada en el fallo, aun declinando jurisdicción, será políticamente orientada, influida, prejuzgada o como quiera llamarse a tal influencia.
Quiero decir muy claramente que hay cuestiones sometidas a la Corte que son necesariamente e ineludiblemente políticas y que ningún jurista o juez, por más cultor de la teoría pura del derecho que fuese, podría extirpar del asunto aquella coloración, aunque se niegue a asumir jurisdicción. Porque esta negativa será vista y juzgada, necesariamente, como una decisión política.
Así, hay cuestiones que son inexorablemente políticas.
En un tiempo, la Corte, para desembarazarse de ellas, recurría a la doctrina de la cuestión política no judiciable.
Pero la fuerza contraria tanto de la doctrina como de los hechos, hizo que la Corte fuera abandonando esa jurisprudencia cada vez más criticada. Y con razón. Porque decir que una cuestión era "política y no judiciable" era también, por imperio de los hechos, forzosamente política. De modo que la Corte ya no puede lavarse las manos. Aunque en las presentes circunstancias quizá el tiempo sea propicio.
Pero, en todo su rigor, los hechos, siempre testarudos, no darán margen ninguno para que la Corte resuelva el incordio a lo Pilato. Incordio hemos dicho, y lo es. También podría decirse un dilema, pues ante este, cualquier solución que se dé será, sin escapatoria, política.
Ahora bien, se presenta un segundo problema. Este es más jurídico. Hay que confeccionar para la decisión política un presentable traje jurídico. Acerca de cómo será ese traje es más prudente no opinar, por las dudas. No vaya a ser que se produzca alguna fortuita coincidencia.
Yendo al fondo del asunto alguien se podría preguntar agudamente ¿entonces el derecho es política? Aunque no soy el más autorizado para dar una sabia y tranquilizante respuesta, pues no soy experto en calmantes, parece ser que algunos casos tienen una intensidad política tal que toda respuesta es o al menos parece también política.
Recuerdo cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió por cinco a cuatro votos que el presidente era Bush y no Gore. Y cuando la misma Corte por cinco a cuatro votos introdujo el matrimonio unisexual para todos los Estados Unidos, cuyos estados tenían posiciones distintas.
Es de esperar que en este caso a la Corte no se la tache de política ni a su mayoría de "automática".
Expresidente de la Corte Suprema
Por Antonio Boggiano
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