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Democratizar la Universidad
Por Luis Alberto Romero Para LA NACION
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La consigna de la hora es democratizar la Universidad. Todos sus problemas, todos sus males, se solucionarían con un cambio estatutario que modificara los mecanismos de la designación de autoridades, en un sentido más democrático. Pero la democracia, valorada y reclamada por todos, acumula diversos sentidos, que conviene considerar separadamente. ¿Qué significa exactamente en este caso?
En primer lugar, y aplicado a una sociedad política, democracia significa igualdad de derechos entre los ciudadanos, y se expresa en la fórmula "un hombre, un voto". En ese sentido, y a diferencia de la comunidad política, la Universidad no es una comunidad de iguales.
Es curiosa la turbación que produce esta verdad elemental. Tal como ocurre con cualquier institución del Estado -un hospital, un juzgado, la policía-, la Universidad se funda en la desigualdad funcional y la jerarquía. La Universidad reúne a quienes enseñan y a quienes aprenden. Y aunque eventualmente se aprende al enseñar, y también se enseña aprendiendo, la relación principal no cambia. En última instancia, la Universidad se organiza de acuerdo con una jerarquía ordenada en torno del saber y expresada en lo que se denominan sus claustros, cada uno con diferentes funciones y responsabilidades.
En segundo lugar, la democracia significa hoy el régimen republicano. Hay otras formas: democracia directa o plebiscitaria. Pero en la Argentina se ha adoptado la republicana. Al igual que en el país, en las universidades hay normas que deben ser acatadas por todos. Son gobernadas por medio de representantes, elegidos por los claustros. Las opiniones se expresan libremente y la petición a las autoridades está consagrada. La acción de éstas se encuentra limitada por estatutos que acotan la así llamada voluntad política, y también por tradiciones, que en las universidades son importantes.
En suma, en su ley orgánica y en cada uno de sus estatutos, la Universidad asume y replica la normativa de la democracia republicana y es, en ese sentido, democrática.
Por último, lo más importante: la Universidad forma parte de una sociedad que aspira a ser democrática y opera sobre ella para colaborar en ese sentido. Como institución especializada, su primera obligación es asegurar a todos la posibilidad de estudiar en ella. Además de declararlo, puede compensar al menos en parte las desigualdades de la sociedad mediante sistemas de becas u otros similares. Pero, sobre todo, su obligación es suministrar a la sociedad algo más que una masa de graduados titulados: debe darle los profesionales, investigadores e intelectuales altamente capacitados que necesita para desempeñar las distintas funciones. Debe, también, ofrecer a parte de ellos, quizás a los mejores, la posibilidad de servir a la sociedad desde la misma Universidad, en la enseñanza, la docencia o el debate de ideas. Para todo ello debe preocuparse por la excelencia académica. No debe vacilar en someter a sus estudiantes a las máximas exigencias. Cuanto mejores sean sus docentes, mejor será su producto, y también mejor su contribución a la democratización social.
La clave reside en elegir a los mejores docentes. En una organización compleja, sólo hay un instrumento adecuado: el concurso por jurados. Quienes más saben eligen a quienes los han de seguir. Para ser democrática, la Universidad debe aspirar a que todos sus docentes sean elegidos por concurso y a que quienes integren los jurados tengan méritos reconocidos por la comunidad académica.
Es bien sabido que, en la práctica, el sistema tiene muchas imperfecciones. Requiere cuidados infinitos. Su mayor problema es la fragilidad, la posibilidad de desviarlo o desnaturalizarlo mediante el ejercicio de la voluntad política, por parte de los órganos de gobierno; por ejemplo, no llamar a concursos, o hacerlo y designar jurados inadecuados. Todo esto es cierto, pero no hay un sistema mejor. El concurso es la condición necesaria -no suficiente- para encauzar a la Universidad por el camino de la excelencia académica y, consecuentemente, de su realización democrática.
Hoy se discute principalmente sobre los órganos de gobierno de la Universidad, donde los claustros están representados de acuerdo con la regla del número. Deberían ser el lugar en el que esas decisiones clave se tomen conforme a la razón. En este caso, la calidad académica. Pero no siempre número y razón van juntos. Hoy es común señalar las limitaciones y deficiencias de los órganos de gobierno universitario, proclives a ser manipulados por diversos grupos de interés. Adviértase, sin embargo, que esas críticas, que son justas, se mezclan con otras parecidas, pero muy distintas, pues son formuladas con prioridades que no son las académicas. Están quienes, detrás del reclamo de la democratización, quieren, en realidad, generalizar en la Universidad las luchas partidarias y facciosas, y convertirla en mero escenario del activismo político. Están también quienes, al oponerse a esos reclamos, simplemente defienden concretos intereses de grupos o de corporaciones, enraizados en la Universidad.
En mi opinión, para democratizar efectivamente la Universidad y permitirle cumplir con su función en una sociedad democrática es necesario un debate que vaya más allá de la discusión sobre la forma de representación. El actual sistema de gobierno funcionó de manera eficiente cuando se sustentaba en una cierta cultura académica docente, y hoy el mismo sistema funciona de manera diferente. Aunque frecuentemente las dificultades emerjan y se hagan visibles en otras partes, creo que la clave de los problemas que hoy aquejan a la Universidad está en muchos de sus profesores y en una creciente desnaturalización de su función.
La Universidad necesita administradores eficientes, investigadores vinculados con las necesidades de la comunidad y también "maestros de juventudes". Idealmente, al menos, cada docente debería ser un poco de cada cosa. Pero es fácil advertir groseras deformaciones de esos modelos en otros tiempos considerados virtuosos. Están quienes limitan la gestión académica a la construcción de máquinas electorales y manejo del presupuesto público para alimentar redes clientelares. Están quienes utilizan la Universidad y su membrete prestigioso para la constitución de verdaderas empresas personales que escapan al control académico y, sobre todo, al contable. Están, finalmente, lo que Emilio de Ipola llamó "profesores- alumnos". Suerte de eternos Peter Pan, se niegan a crecer y a asumir responsabilidades y se pliegan a la ola de los grupos estudiantiles militantes, quizá por nostalgia o, más probablemente, porque saben que desde allí pueden alcanzar posiciones que no lograrían por sus méritos académicos.
Son tres tipos ideales. En la práctica se mezclan y amalgaman en un modelo de trayectoria universitaria de índole más política, burocrática y corporativa que estrictamente académica, cuyo resultado termina siendo la selección de la mediocridad. Estas conductas de los docentes alimentan y estimulan las de los demás claustros, potenciando su capacidad disgregadora, manifiesta, finalmente, en los órganos de gobierno. Estos suelen ser hoy, en alguna medida, el instrumento de sus alianzas espurias y también el botín de la lucha corporativa. Los cambios en las formas de representación o en la mecánica electoral, hoy reclamados, pueden significar meramente un cambio en las posiciones relativas o quizás incluso el aprendizaje de nuevas técnicas para construir poder y perpetuarse.
Creo que hay una cuestión cultural, o de ética profesional, más general, y una específica referida a los mecanismos de selección de los docentes. La calidad del cuerpo docente pasa por la posibilidad de una selección fundada en sus méritos y distanciada de los criterios corporativos, políticos o facciosos, visibles hoy en muchos órganos de gobierno. El perfeccionamiento del mecanismo de los concursos docentes, su atención prioritaria, puede ser a la vez el instrumento de un cambio y el modelo para nuevos patrones de comportamiento de los docentes. En mi opinión, es mucho más trascendente para la democratización de la Universidad que la mera modificación de los mecanismos de representación y gobierno.
