Delitos en tiempos de pandemia
Existe una percepción creciente en la ciudadanía respecto de la dificultad que atraviesa el Estado en hacer frente al avance del narcolavado, la corrupción policial, la estafa y los ciberataques. Un ejemplo de ello son los más de 120 asesinatos de corte mafiosos (por ajuste de cuentas) ocurridos en lo que va del año. Sin embargo, estas datos crudos y alarmantes se contraponen con la disminución que registra el número de denuncias por estos delitos complejos. En torno a un 70%, menos de lo habitual.
Quizás la explicación para ello se encuentre en que las oficinas de fiscales especializadas en la ciberdelincuencia (Ufeci), el narcolavado (Procunar) y contra el delito económico y la corrupción (Procelac) trabajan con suspensión de sus plazos procesales y con atención reducida y remota de su personal judicial.
La caída radical en el número de crímenes complejos denunciados es diametralmente opuesta al incremento en la actividad investigativa federal en delitos de desobediencia derivados de las salidas no justificadas del domicilio (fruto del retorno a las fases 1, 2 o 3 o 4, del confinamiento social obligatorio).
Durante la cuarentena también ha crecido la violencia intrafamiliar, de género, producto de la forzada convivencia doméstica. Los delitos de pedofilia y el consumo ilegal de drogas y alcohol en los hogares también aumentó sustancialmente (se triplicó) con crecimiento en los llamados de auxilio al *911.
Pero esta reducción en las denuncias por delitos sofisticados de fraude informático, corrupción o lavado de activos, no supone que el derecho punitivo no vaya a tener un papel protagónico luego de restablecida a pleno la actividad de nuestros tribunales. De hecho, según los estudios de criminología realizados por el profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Yale, las crisis económicas producto del caos social generado por una aguda pandemia facilita al desarrollo y penetración de la ciberdelincuencia, el soborno y el fraude corporativo.
El criminal de "guante blanco" aprovecha las distracciones de las fuerzas de seguridad y de contralor estatal, abocado en contener los desajustes económicos y las necesidades más elementales de la ciudadanía durante la pandemia (pobreza, salud pública y orden en las calles) para llevar a cabo sus acciones delictivas desplegadas con el anonimato y la dificultad probatoria que concede el mundo de la criminalidad globalizada, la web y el descalabro social.
Según estos mismos estudios académicos, los grupos mafiosos se mueven con más comodidad en países como la Argentina, que cuenta con normas adecuadas contra la corrupción, el cibercrimen o la delincuencia organizada, pero sancionadas por un Estado que no cuenta ni destina los recursos suficientes –sobre todo en tiempos del coronavirus- para controlar y condenar estos delitos.
El avance del Covid-19 y la ilegalidad producto de los "espejismos legales", funciona como "caldo de cultivo" para el desarrollo de estos crímenes inteligentes. En definitiva, según Andrew Ashworth, de la Universidad de Oxford, no hay mejor refugio para el crimen organizado que la redacción de fórmulas penales adecuadas, que se transforman en "letra muerta" al no tener aplicación práctica.
¿De qué sirve, entonces, la redacción adecuada de un marco legal contra el crimen complejo, si su aplicación en concreto resulta insuficiente? Analizando esta premisa a la luz del principio económico "costo/beneficio", el costo parece ser de la sociedad en su conjunto que se ve amenazada por el avance de la criminalidad; mientras que el beneficio será de los delincuentes, quienes gozarán de las virtudes propias de los "espejismos legales", donde las condenas por estos delitos y sus decomisos de activos se reducen al miserable 1% de los casos (según publicó LA NACION recientemente).
Por su parte, si se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, postcuarentena volverán a escena figuras delictivas vinculadas a la empresa. Las dificultades en los ingresos exacerban los conflictos entre administradores y los socios y accionistas, dando lugar a un aumento en las denuncias de estafa, administración infiel y la insolvencia fraudulenta. Y los concursos y las quiebras se transforman en fraudulentos cuando se ocultan o manipulan los balances en perjuicio de la masa de acreedores, con el fin de beneficiar a tal o cual proveedor o empleado. De hecho, según estimaciones de la UIA, más del 30 por ciento de los comercios y las empresas se encuentran ya en cesación de sus pagos y deudas.
Finalmente, en tiempos de crisis también se incrementan los problemas penales tributarios y de la seguridad social. Sin embargo, los tribunales especializados en la materia tienen dicho que el no pago de las deudas fiscales y de las cargas sociales solo tiene consecuencias penales si se realiza con severo engaño a la AFIP, por medio de maniobras simuladas, ocultamiento o la manipulación de gastos, pasivos o activos. No existe sanción penal, por simples deudas con el Estado, ni con los particulares.
En el contexto de mayor litigiosidad penal que se avecina, cabe preguntarse: ¿los tribunales están listos para ser efectivos en la administración de justicia?
Doctor en derecho por la Universidad de Oxford y doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA
Por Roberto Durrieu
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