Delincuencia de menores, problemas de mayores

La madre volvía de su trabajo. Llegó a su casa en el conurbano bonaerense, bajó del auto, pulsó el botón de la alarma y dio un par de pasos hasta que subió al cordón de la vereda. De allí en más y en un instante, todo se transformó. De la rutina diaria al caos mental cuando dos menores blandiendo un arma dirigida hacia su espalda le decían que se quedara quieta, que no gritara, que entregase las llaves del auto. Su reacción fue darse vuelta, apenas mirarlos y lanzar el llavero al aire para que se quedasen con el botín. La madre volvió a girar y solo atinó a decir: “Dios mío”.

Una vez finalizados los engorrosos trámites en la comisaría del barrio y ya en su casa, más calma y con su familia a su lado, su mente, su alma entera se detuvo en ese instante en que lanzó las llaves del auto, cual permuta de su salvación, y giró a sabiendas de que su vida dependía de un puñado de jóvenes delincuentes. Ahí la madre vivió ese instante único cuando el final o no de nuestra existencia depende de otro. El mismo instante que habrá vivido su hijo Matías cuando, volviendo del club del barrio, le robaron su celular. Pero a diferencia de ella, que podía revivir esa angustia, Matías fue asesinado. Y como él, tantos más.

En el destello en que la vida y la muerte se encuentran en manos de quien nos apunta con un arma, como en la memoria del ahogado, se representó la muerte propia de su hijo. Esa muerte que no pudo ver, apenas imaginar. Revivir lo que apenas puede ser imaginable. Esa muerte que la acompañará de por vida, como una persecución fantasmal, y que vuelve una y otra vez en forma de preguntas sin respuestas: ¿cómo habrá sido?, ¿tuvo conciencia de su propia muerte?, ¿cuánto duró su agonía?, ¿cuánto sufrió?, ¿vivió también él la “memoria del ahogado”?

En esta historia de vida y muerte, una vez más, reaparece el debate sobre la edad de imputabilidad: los protagonistas de esta historia no querida fueron dos varones acompañados por dos chicas que esperaban en el asiento de atrás de un auto robado a unas pocas cuadras de distancia. Chicas que, hasta hace poco, solo incursionaban en el delito como mecheras o mulas y hoy salen a delinquir en calidad de pares de los varones, ampliándose con ellas el espectro de la violencia y criminalidad adolescente. ¿Cuáles son los posibles principios explicativos del fenómeno en el que se roba y mata más temprano y sin diferencia de sexo?

En el estudio “Individual and contextual influences on delinquency: the role of the single-parent family” (Influencias individuales y contextuales en la delincuencia: el papel de la familia monoparental), Amy L. Anderson sostiene que la supervisión de los niños por parte de las familias es un amortiguador importante contra las altas tasas de delincuencia. A nivel individual, un niño en un hogar monoparental en un contexto de marginalidad puede correr un mayor riesgo de delincuencia porque se le imponen menos controles, debido a los efectos de la ausencia de un adulto en el hogar. En un marco social anómico, este factor alcanza un nivel colectivo: en contextos de marginalidad, una proporción significativa de hogares monoparentales en un barrio favorece un riesgo mayor de caer en la delincuencia en el universo adolescente, independientemente de su estructura familiar particular.

Diversos factores –padres presos, madres solas, esto es, madres como única fuente de manutención, factores asociados al crecimiento exponencial de los jóvenes “ni-ni”– dan cuenta de que la ausencia de uno de los padres en el hogar se asocia con el riesgo de delincuencia de un adolescente.

Numerosas investigaciones coinciden en este factor: en el libro Falacias de la justicia social, el idealismo de la agenda social frente a la realidad de los hechos, el economista y teórico social estadounidense Thomas Sowel menciona otros estudios que probaron que los chicos criados sin la presencia de su padre tienen una tasa de encarcelación superior a la media, factor que supera a la pobreza como causa explicativa de la delincuencia juvenil.

No se trata de reducir esta problemática a un determinismo –genético o social– basado en factores que pretenden justificar el crecimiento de la delincuencia adolescente. Porque estos datos explican parcialmente el fenómeno, pero no lo justifican. Entonces vayamos a la otra pata del problema de la seguridad, relacionada con las víctimas y la responsabilidad del Estado: ¿cuánto cuesta hoy a un ciudadano o cuánto invierte una persona viviendo en la provincia de Buenos Aires para “vivir seguro”, “protegerse” mediante alarmas, cámaras, rejas, seguros, alarmas de presencia sumadas en los llaveros, seguridad privada? Vivir en la provincia de Buenos Aires exige esos recursos con efectos emocionales y económicos.

En plena pandemia, cuando fuimos secuestrados por una política sanitaria basada en un miedo redituable para el gobierno de turno, se produjo un hecho que selló la política penal de la provincia donde vive el cuarenta por ciento de los habitantes del país. En un fallo tan escandaloso como inconstitucional en cuanto contravino los protocolos vigentes en la materia, el juez del Tribunal de Casación bonaerense Víctor Violini soltó a miles de presos. La ONG Usina de Justicia presentó un amparo para frenar la liberación masiva de presos, y un pedido de enjuiciamiento contra dicho magistrado –nunca respondido– por “incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de sus deberes”.

Según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema, entre los años 2021 y 2023 la criminalidad juvenil se incrementó un 25% en la ciudad de Buenos Aires, distrito donde aproximadamente la mitad de estos delincuentes proviene de la provincia vecina. Los menores no tienen ni la supervisión de las familias ni la del Estado, que debe velar por la seguridad de todos.

En este escenario, no se trata de defender indiscriminadamente los derechos de los niños y adolescentes, los cuales también son violados cuando no se los provee de una vida digna por irresponsabilidad parental o por omisión del Estado. Ni en la ley de minoridad ni en el fallo del juez Violini se dice algo sobre las víctimas cuyos derechos humanos a la integridad física y a la vida dan sentido al Estado de Derecho.

Para que no haya más madres que revivan una y otra vez esa muerte no presenciada, la misma que sume al doliente en un duelo irreparable, solo pedimos que la élite política y judicial escuche la voz de quienes arriesgan su vida, como en una ruleta rusa, en el día a día de su temerosa existencia.

Dra. en Filosofía y ensayista. Presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia

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