Cultura cooperativa para pasar del trabajo informal al formal
“Es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular. Debemos avanzar en su productividad y crecimiento”, señaló el presidente Alberto Fernández durante la reciente apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza”, agregó.
Concretamente, el propósito consiste, inicialmente, en que unas 30.000 personas que hoy reciben planes sociales vayan incorporándose paulatinamente y a través de cooperativas, al mercado de trabajo formal durante 2022.
La economía popular cooperativa surge cuando los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo. En algunos casos también generan sus propios circuitos de comercialización e intercambios como ferias, venta ambulante y trueques.
El concepto de trabajador de la economía popular cooperativa excluye expresamente toda relación laboral de dependencia, sea ésta registrada o no registrada, del sector público o privado. Estrictamente son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, empresarios autónomos de su propio trabajo personal independiente, ratificando ahora su formalidad mediante una registración como monotributistas productivos que simplifique y garantice su legal formalización.
Ahora bien, si en espíritu y en verdad queremos impulsar la “economía popular cooperativa” -a pesar de nuestros profundos reparos públicos por corruptelas y rotundos fracasos anteriores con experiencias similares, por ejemplo, “Argentina Trabaja”-; no podemos menos que encarnar e institucionalizar sus características inherentes, mediante precisiones y propuestas con absoluta neutralidad política e interés por la comunidad excluida, dos de los siete principios cooperativos liminares, definitivamente innegociables, que son: afiliación voluntaria y abierta, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad.
Pensemos entonces en términos de igualdad, de la importancia de un Estado social y democrático de derecho en el que los ciudadanos puedan tener acceso, mediante verdaderas cooperativas de trabajo, a una economía popular compuesta especialmente de argentinos desocupados e insatisfechos.
Para ello resulta central un contundente impulso educativo federal. Cada cooperativista o aspirante a tal debe adquirir y/o profundizar gradualmente el hábito de pensar, de ver, de actuar, de hacer y evaluar de acuerdo con los principios cooperativos y su marco axiológico, (Leyes 1.420, 16.583, 23.427 y 26.206).
También tomemos en consideración una igualdad de oportunidades, en la cual todas las personas en cualquier territorio y bajo cualquier circunstancia, tengan posibilidades concretas mediante cooperativas de la economía popular para acceder a bienes, productos y servicios esenciales, especialmente aquellas personas que habitan zonas de difícil acceso, que tengan limitaciones físicas, geográficas o necesidades sociales especiales.
Debemos pensar además en un verdadero sector de economía popular cooperativa abierto a una estrategia de afines, incorporando otras formas solidarias de organización empresarial, incluso empresas familiares, para alcanzar ese punto de masa crítica, que favoreciera e incrementara palpables invulnerabilidades competitivas del sector cooperativo, y reivindicara progresivamente instrumentos de apoyo para este sector de la economía, de carácter educativo, de profesionalización de la gestión, agrario, crediticio, tributario, tecnológico, de seguros, de las telecomunicaciones, de genuinos fondos de inversión y de formación, que le permitiera una cierta igualdad en esa fría competitividad de mercados con los sectores especulativos privados y públicos de la economía.
La sinergia de esta alianza alcanzaría un efecto multiplicador y notables beneficios por la reducción de costos y el incremento de beneficios, ya que no son estos últimos los motores movilizadores del sector cooperativo de la economía popular sino, una noble y cabal redistribución equitativa en el marco de la reciprocidad mutual.
Fundamentalmente se trata también e inicialmente de que decenas de miles de planes sociales improductivos, finalmente puedan transformarse, federalmente, en trabajo genuino para igual número de familias argentinas, básicamente insatisfechas, mediante un trabajo auténticamente cooperativo, mancomunado y convergente, en pos de una cultura y de una economía que permita satisfacer todas sus necesidades.
Experto en cooperativismo de la Coneau