Cuando se cancela a quien comete un exceso verbal pero no al que delinque

“No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente”, decía en febrero de 2021 el presidente Alberto Fernández al referirse al escándalo que se dio a conocer como el “Vacunatorio VIP”.

Todos recordamos aquellos días cuando un grupo de funcionarios, familiares y amigos del gobierno se vacunaron anticipadamente. La causa judicial, que actualmente lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, tiene un pedido de indagatoria de parte de los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, para Ginés González García y también para Alberto Alejandro Maceira (exdirector del Hospital Posadas); María Elena Borda (exjefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas); Marcelo Ariel Guille (exsecretario privado de González García); y Alejandro Salvador Costa. Todos ellos fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal.

Los fiscales señalaron que Maceira y Borda, que estaban a cargo del vacunatorio del mencionado centro de salud, ordenaron el retiro de al menos 35 dosis del suero contra el coronavirus para vacunar a 23 personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos, al no integrar la categoría “Personal de Salud y/o Estratégico”.

Las indagatorias fueron aplazadas por ahora, pero es una causa que deberá avanzar, porque el “privilegio” no fue solo para estas 23 personas, ni solo para los 70 que reconoció el propio gobierno cuando estalló el escándalo que le costó el cargo a González García. El número se multiplica a centenares si se toma en cuenta que esa operatoria se llevó adelante en provincias y municipios de todo el país en un momento donde no había vacunas y el personal sanitario y los adultos mayores debían ser prioridad. Los contagios por Covid crecían y muchos enfermos morían. Pero para el profesor de Derecho que preside el país “no hay delito por saltarse la cola”. Ese es el lugar que le otorgó el gobierno a la preocupación masiva, al dolor y la angustia que vivían los argentinos. Tiempo después, la propia portavoz del gobierno le mostró a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, la vista desde una ventana de Casa Rosada hacia la Plaza de Mayo, mientras decía: “En la fuente… ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”. Así, Cerruti ubicó a familiares de las víctimas de la pandemia en un sector ideológico que intenta caracterizar a la oposición. Lo supimos porque ella misma subió el vídeo a sus redes sociales, demostrándonos que algunas personas pueden estar orgullosas de su propia estupidez. Aunque, vale aclarar, luego se disculpó en las mismas redes, gesto que, si es sincero, debemos aprender a reconocer. Y también tuvieron tiempo, a fines del año pasado, para homenajear por sus décadas dedicadas a la salud pública a Ginés González García, que en su momento fue despedido por ser responsable de “un hecho reprochable e inadmisible” según el propio Presidente. En el homenaje nadie habló de las vacunas del Covid.

Hay varias razones por las que vale recordar estos sucesos en estos momentos. Primero, porque una acción tan inmoral, egoísta y perversa como vacunarse anticipadamente por el solo hecho de pertenecer o ser amigo del gobierno de turno que administra esas dosis en medio de una pandemia que nos tenía a todos pensando en la posibilidad de enfermar o morir, nunca debe ser olvidado. Segundo, porque es una causa en curso que puede ir más allá de los nombres mencionados y que merece tener una conclusión: “no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, bien señala al respecto el dictamen de los funcionarios del ministerio público. Y tercero, porque varios de los involucrados siguieron siendo funcionarios. Un ejemplo: Carlos Zannini y su esposa se hicieron pasar por médicos para vacunarse, y ahí está el Procurador del Tesoro dictaminando desde un lugar carente de probidad.

El mismo candidato a la presidencia por Unión por la Patria, el ministro Sergio Massa, fue salpicado por este hecho cuando se conoció que Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, su padre y sus suegros, se vacunaron contra el coronavirus entre fines de enero y principios de febrero de 2021 con dos dosis, según quedó asentado en los registros el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA. Otros adultos mayores o personal sanitario, en su misma condición, debieron esperar hasta marzo y abril de ese año para recién aplicarse la primera dosis. También hay intendentes, legisladores, concejales, muchos militantes que se vacunaban y subían su foto mostrando los dedos en V mientras nuestros médicos y enfermeros se debatían cara a cara con el virus esperando su turno correctamente para inocularse.

Muchos de ellos hoy son candidatos. En una época donde la cultura de la cancelación está a la orden del día, lo vimos con lo sucedido en Juntos por el Cambio con el caso de Franco Rinaldi, que le costó la candidatura por comentarios de humor negro que parecen ser más ofensivos e imperdonables que robarse una vacuna que salvaba vidas en una situación mundial que desconocíamos y que nos aterraba porque vivíamos contando casos de contagios y muertes diariamente. Claro que los vacunados con privilegios también conocían esa realidad y llevaban esa misma cuenta, por eso abusaron del poder o al que podían acceder y se olvidaron del resto. A los que se llenaban la boca señalando que “la patria es el otro”, les faltó agregar “pero las vacunas son mías”.

El año electoral, la firmeza con la que algunos candidatos cancelan sin dudar a otros sin detenerse a atender las disculpas del caso, junto al debate enconado que se da alrededor de algunos temas y que se advierte en redes sociales de un lado y de otro, debería ser un buen escenario para preguntarnos si en el afán de tener razón somos demasiados firmes y terminantes con algunos excesos verbales o con aquellos que sostienen un pensamiento o una opinión demasiado conservadora para el presente, pero que tienen todo el derecho de sustentar en el debate público, o si somos inquisidores e intolerantes con el que piensa distinto, como sucedió en el debate por la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, pero a la vez, somos capaces de dejar pasar de largo hechos y acciones que hoy se dirimen en la justicia que conllevan una carga de inmoralidad enorme, contaminada con el nepotismo y el egoísmo que suelen ejercer quienes se creen excusados y dueño de los bienes y servicios públicos solo por pertenecer a la fuerza política que está en el poder.

Los candidatos que en esta elección pretenden representarnos y que se hayan aprovechado de ese privilegio deberían ser recordados y dar las respuestas a su respectiva comunidad que no dieron en su momento. El peor error sería olvidarlos solo porque la pandemia ya pasó, en este caso el olvido será un castigo para el que fue víctima y un premio para el olvidado.