Cuando la independencia judicial molesta
MONTEVIDEO.- Hace más de una década, un jerarca del gobierno uruguayo, que ni siquiera era ministro, generó un gran revuelo por cuestionar un fallo de la Suprema Corte de Justicia que afectaba la repartición que él dirigía. "Doy mi opinión como cualquier ciudadano lo haría", se defendió ante el furor desatado. Debió recordársele que si bien la Corte podía ser cuestionada por la gente (aunque no desacatada), a él no se le reconocía la misma libertad. Por provenir de alguien investido de un cargo, su opinión fue vista como una presión indebida de un poder sobre otro.
Poco antes de terminar su mandato, en marzo pasado, el entonces presidente uruguayo José Mujica se despachó contra la Suprema Corte. Lo enojaban algunos reclamos económicos y más que nada cuestionaba algunas sentencias de inconstitucionalidad a varias leyes aprobadas por la bancada oficialista. En esta oportunidad la reacción popular fue más moderada. Diez años después, menos gente consideró que con su opinión el presidente estaba ejerciendo una presión indebida.
Si bien grave, lo de Mujica fue un pecado menor comparado con lo que viene pasando desde hace rato en la Argentina y que se agudizó con el caso Fayt. Pero iba en la misma línea. Aún peor es lo que sucede en Venezuela, con una Corte dócil al poder del mandamás.
Lo que no se entiende, o no se quiere entender, es que todos los integrantes de la Corte, y en especial Ricardo Lorenzetti, que preside la Corte argentina, así como Jorge Chediak, que hace lo mismo en la Corte uruguaya, son pares del presidente de la república. Son sus iguales en la medida en que unos y otros son titulares de su correspondiente poder.
Dadas las características del rol presidencial, encargado de administrar un país, gestionar el Estado, tomar decisiones y vigilar que éstas se cumplan, su perfil ejecutivo es muy fuerte. Pero eso no quiere decir que un presidente, por elegido que sea, reúna la suma de poderes. Tiene potestades diferentes, pero no mayores que las del Congreso o la Corte Suprema.
La esencia de la democracia constitucional moderna es que el poder esté diluido, repartido, vigilado y equilibrado. Un presidente no puede darle órdenes a la Corte Suprema de Justicia, no puede mandonear a sus integrantes como si éstos fueran sus subordinados. La presión puesta por la presidenta argentina y sus allegados se asemeja a un intento de sometimiento, como si realmente creyeran tener esa facultad. No la tienen y no les corresponde tenerla. Se podría pensar que Cristina Fernández, o su colega uruguayo, se saltearon alguna bolilla de la asignatura Educación Cívica en el secundario. Sin embargo, o ellos mismos son abogados o tienen quienes los asesoren.
Estas situaciones van de la mano con otros debates, como el de elegir por voto popular a los jueces de la Corte (la mal llamada "democratización de la Justicia"), para que cada gobierno tenga un Poder Judicial leal y fiel a sus cometidos. Sin embargo, una Corte no debe ser leal a partido alguno (menos aún a un gobierno), sino al ciudadano individualmente considerado, cuando cree que un derecho suyo fue afectado aun si queda en solitaria soledad frente al resto de la sociedad. Quien obtiene la mayoría gobierna. Asimismo, la correlación entre mayorías y minorías queda proporcionalmente reflejada en el Parlamento o el Congreso. Por eso es bueno que este otro poder, cuyos miembros son designados a veces por iniciativa del Ejecutivo (según cada país), pero siempre confirmados por mayorías especiales en el Legislativo, no sea un fiel espejo de la votación popular, sino un celoso custodio de los derechos individuales garantizados por la Constitución.
En la Argentina, en Uruguay, también en Venezuela y en otros países, se han dado largos períodos de gobiernos que cuentan con amplio respaldo en las cámaras. Eso facilita la tarea legislativa y permite una gestión expeditiva por parte del presidente. Pero disminuye la vigilancia que debe ejercer el Parlamento.
Para eso existe ese otro poder. Al contar con mayorías tan amplias y demasiado disciplinadas, los parlamentos se tornan laxos en la discusión de leyes y pasan por alto violaciones claras a la Constitución y a normas que afectan derechos reconocidos. También les es más fácil cometer otros excesos. Corresponde entonces a la Justicia dar equilibrio a las cosas.
En algunos países esa tarea se viene realizando relativamente bien, hasta el punto de irritar a sus presidentes. Por fortuna en Uruguay la cosa quedó en un enojo presidencial por parte de un Mujica que suele ventilar sin pudor sus fastidios como sus alegrías. Pero en la Argentina la actitud es más grave. Al Gobierno le molesta tanta independencia judicial. Para acallar fallos que no le sirven o que teme, lanzó esta ofensiva sorprendente por su intromisión descarada (y hasta cruel) en un terreno que no le corresponde.
En esa ofensiva, pasa la aplanadora y pone en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas.
Por Tomás Linn
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