Cuál es la letra chica de la gran apuesta del Gobierno y por qué vienen días decisivos para el blanqueo
El Presidente escribió personalmente los detalles de la reglamentación del RIGI, su proyecto fundamental para seducir desembolsos internacionales; será de adhesión voluntaria para las provincias, incorpora la ecuación económica financiera de los negocios y propone castigos económicos para el Estado si infringe lo que promete
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LA NACIONJosé Del Rio
Se vienen días muy decisivos en la economía argentina en los que se va a correr el velo de algunos de los secretos hasta ahora mejor guardados por el gobierno nacional. “La reglamentación va a estar, en principio para el último día hábil de la semana que viene”, aseguró en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Estamos expectantes”, señalaron en la Unión Industrial Argentina. “No tenemos ningún detalle”, describieron en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “La semana que viene estará seguro”, agregaron en el Ministerio de Economía.
LA NACION tuvo acceso exclusivo a los detalles de la reglamentación que está barajando el Gobierno para el Régimen de Incentivos para grandes inversiones (RIGI). El tema de fondo es que fue el propio presidente Javier Milei quien trabajó en la letra chica de la bala de plata para atraer dólares frescos a la economía local y que apuntan sea una revolución para los sectores forestoindustrial, turístico, de infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El primer punto de la reglamentación del régimen de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversiones que superen el mínimo de US$200 millones que agregó el propio Presidente es que se incluya la ecuación económica financiera del negocio. Eso tiene un doble objetivo: busca contar con una herramienta que permita al sector privado cuantificar cuando el Estado le cause un perjuicio a una empresa por una suba de impuestos, porque crea uno nuevo o directamente por una regulación que afecte al sector en particular, pero a su vez generar una especie de seguro de reglas de largo plazo. Por ejemplo, si a un grupo dedicado al sector inmobiliario que tiene operaciones en centros comerciales, turismo, renta agropecuaria y créditos que adhirió al RIGI le surge luego la ley de alquileres, el Estado le cambia el marco comprometido porque perjudica su negocio. “Entonces esto hace que ese grupo privado pueda demandar al Estado cuando le genere una acción o cambio de reglas y haya una forma de cuantificarlo”, sostienen cerca del Presidente.
El objetivo de fondo pasa por terminar con los péndulos habituales de la economía ante un cambio de signo político y que los anzuelos a inversores tengan mayor certidumbre que un incentivo político de corto plazo. Entre los libertarios están convencidos que para que la “lluvia de inversiones” se produzca será imprescindible mostrar un cambio profundo respecto de gobiernos anteriores y seducir a aquellos grupos que miran de reojo la Argentina para convencerlos. La adhesión de las provincias será voluntaria y no coercitiva.
La otra cuestión es que se podrá demandar al Estado en la dependencia que cambió las reglas de juego. Es decir, si sube los impuestos el gobierno nacional, existirá la posibilidad de ir contra él. Si fue alguna provincia contra ella o directamente si es una tasa municipal, existirá la opción de demandar al municipio. Este punto es otro de los agregados que quiere imponer el propio presidente. “Cuando el Estado quiera aplicar su estrategia de degenerado fiscal va a perder no solo por el monto del daño sino también por los intereses. De alguna manera hay que poner un freno definitivo y también terminar con la pesada carga tributaria que se acumula por capas entre municipios, provincias y Estado nacional. Aquí el objetivo es que el costo de esas decisiones demagógicas sea más caro que él retorno”, les resumió el titular del poder ejecutivo a los integrantes de su mesa chica en una reunión de más de dos horas que mantuvo el viernes pasado. El concepto es similar a lo que planea aplicar en materia de emisión monetaria donde propone un proyecto de ley en el que toda autoridad que imprima dinero pueda ser sancionada con prisión y que esto aplique tanto para el titular del Poder Ejecutivo como para todas las autoridades del Ministerio de Economía. Aquí lo que se busca es cortar de cuajo la imprevisibilidad propia de nuestra historia reciente adonde la certidumbre termina siempre en incertidumbre.
Otro punto en el que venían trabajando para la reglamentación del RIGI es que originalmente un inversor podía optar entre tres tribunales para establecer un reclamo formal. Ahora sumará la posibilidad de elegir entre opciones complementarias en lugar de suplementarias. “Por ejemplo, si una empresa eligió el CIADI y no avanza tiene la posibilidad de ir a otro tribunal. Crearemos competencia entre ellos para dar también más velocidad”, graficó el Presidente a los propios. Además, Defensa de la Competencia creará un área específica para los VPU (vehículos de propósito único), es decir un sistema que se ocupará pura y exclusivamente de esto.
Si el Gobierno empieza a insinuar que va a hacer algo con tal o cual sector, sabrá de raíz cuánto le va a costar. Para crear este cuerpo y para quienes formen parte se va a tener que rendir un examen de ingreso que estará diseñado por el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; por el titular del ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger y hasta por el propio Presidente. “Vamos a poner toda la bibliografía en la red para el examen teórico y otra parte del examen tendrá que ver con casos prácticos”, describió otro de los integrantes que trabaja en la letra chica del proyecto con el que se le intentará dar un perfil bien técnico al nuevo organismo.
“La ley es clarísima. Es dar estabilidad tributaria y salir de la trampa de la política de una vez por todas. Por ello es importante que las provincias adhieran y no les pase lo que vivió Kicillof que se perdió la inversión más importante de su provincia por no entender que sin un marco real y concreto nadie pone un dólar. Mucho menos con su historial en YPF y como ministro de Economía del kirchnerismo que nos trajo hasta acá”, se ufanó un ministro libertario desde el off the récord.
Hasta el momento existen desembolsos “RIGI” anunciados por US$39.000 millones: YPF-Petronas en Río Negro, ductos en Vaca Muerta, de TGS y dos desarrollos mineros en San Juan, son solo algunos de los principales aunque todavía no se encuentra vigente porque no fue reglamentado.
La llave del blanqueo
Otro de los proyectos que tendrá novedades en los próximos días es el del blanqueo. Desde septiembre aparecerá un acelerador fundamental que cambiará las reglas de información entre la Argentina y Estados Unidos y que surge a partir de un acuerdo sellado el 5 de diciembre de 2022 entre nuestro país (AFIP) y FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) que supone el primer reporte masivo de datos de cuentas de argentinos en Estados Unidos en forma automática. Eso significa que ya no sólo estarán disponibles los pedidos de información por requerimientos puntuales de la AFIP sino que por primera vez en la historia local se abrirá el secreto financiero desde Estados Unidos a la Argentina. “Ya se pueden abrir las cuentas especiales para él blanqueo (CERA, cuenta especial de regularización de activos) y es un paso más de los que se había sellado durante la gestión de Mauricio Macri con los miembros de la OCDE y con Sergio Massa cuando era Ministro de Economía. Al sumarse Estados Unidos eso será un gran aliciente”, estima César Litvin, titular de Lisicki, Litvin & Asociados.
Para el tributarista, el nuevo blanqueo aportará entre US$ 20.000 a US$ 30.000 millones a la economía local. “Muchos quedaron heridos después del gobierno de Mauricio Macri porque a contramano de lo prometido se incrementaron los tributos a los bienes personales y a la riqueza con el recambio de gobierno. Por ello, el aliciente que se buscó ahora es la posibilidad de pagar cinco años juntos para tener una mayor previsibilidad y estabilidad fiscal, y más beneficios”, graficó Litvin. La estrategia del blanqueo no es nueva pero su impacto difiere mucho según quien gobierne.
En 2009 en plena época de “Cristina, Cobos y vos” se blanquearon unos US$ 4300 millones; en la temporada de Kicillof y Cristina Fernández y era de los cedines solo US$ 900 millones; durante la gestión Macri se quebraron récords a nivel mundial con US$ 116.700 millones y durante la gestión de Alberto Fernández se instauró un blanqueo para la construcción y para importar con dinero en negro y el éxito fue nulo. “El que ahora no entra y tiene activos no declarados corre el riesgo primero de ser detectado y después además de multas económicas ser pasible de la ley penal tributaria”, agregó Litvin.
La madre de todas las batallas
Mientras tanto, en la mesa chica de Balcarce 50 lanzarán también la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y presentarán nuevos proyectos de ley con ejes muy disímiles. Desde la posibilidad de divorcios exprés (sin necesidad de pasar por un estudio jurídico) hasta un cambio profundo en las sucesiones. Hay un nuevo cronograma que supone cerrar 60 organismos públicos -la semana pasada se anunció la puesta en venta del inmueble que ocupaba el Ministerio de la Mujer en un valor de US$ 12,5 millones- y un nuevo organismo se pondrá en la mira. Se trata de la Procuración Penitenciaria de la Nación que depende del poder legislativo y que tiene como objetivo principal expuesto en su página: “la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”. “Trabajan allí unas 500 personas y tiene un organigrama más complejo que el del Ministerio de Capital Humano. Habrá que someterlo a revisión”, sostienen fuentes del Ministerio de Desregulación. Todas estas iniciativas no se lanzarán en forma de paquete sino una por una como para dar debate en dos sentidos: económico y de época, sostienen en el gobierno libertario.
En tanto eso ocurra hay un eje que sigue siendo prioritario en la mesa chica presidencial: la inflación. La posibilidad de una convergencia a tasas del 2% mensual fue mencionada por Milei, en relación con la medición “núcleo”, que es la menos expuesta a variaciones vinculadas con factores estacionales. Y la confianza respecto a un nivel que ronde el 0% en alimentos y bebidas la sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en la reunión que mantuvo hace una semana con supermercadistas, encuentro en que les aseguró que desde el Gobierno ya se está trabajando para lograr una baja en los costos de las empresas a través de la eliminación de impuestos nacionales y subnacionales. Los analistas de mercado aglutinados en el REM, creen que el índice de precios al consumidor (IPC) habría cerrado julio en 3,9% de julio (siete décimas por debajo del 4,6% que marcó en junio) y este miércoles el INDEC dará su veredicto ante la mirada atenta de propios y ajenos en un contexto atravesado como nunca por la implosión del peronismo tras el escándalo de los chats.
Por José Del Rio
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