Cristina: la Justicia es mía
Cuando Cristina Kirchner lo quiera, el procurador general de la Nación y jefe de los fiscales será la instancia unipersonal más poderosa de la Justicia. Sucederá cuando se ponga en funcionamiento el llamado sistema acusatorio, que consiste en darles a los fiscales el poder de la investigación en el fuero penal federal. Esto es: en las causas que investigan la corrupción, el lavado de activos o el narcotráfico (o que persiguen a los opositores del poder político). El nuevo procedimiento ya está en el Código Procesal Penal y solo falta que se ponga en marcha. La función de los jueces será solo la de impartir justicia. Para poner un ejemplo de estos días: con el sistema acusatorio en plena vigencia no se estaría discutiendo si Elisa Carrió será llamada o no a declaración indagatoria en una causa por espionaje que se investiga en Lomas de Zamora, como pidieron arbitrariamente lo abogados de Cristina. Carrió ya habría sido llamada y zarandeada en varios juzgados, no solo en el de Lomas de Zamora. Será el jefe de los fiscales el que tomará esa decisión y no el juez, como sucede ahora. El momento del funcionamiento pleno del sistema acusatorio depende de una comisión bicameral que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti. Una cristinista de pura cepa. El nuevo sistema judicial se podría poner en funcionamiento en 24 horas, si Cristina Kirchner lo quisiera. Lo que se decide en estas horas es cómo se nombrará al próximo jefe de los fiscales, cargo cuya titularidad está vacante desde hace varios años.
La ley vigente, que reglamenta una modificación de la Constitución de 1994 que elevó a los fiscales al rango de órgano extrapoder (esto es: un cuarto poder en los hechos), establece que el jefe de los fiscales debe ser propuesto por el Gobierno y contar con el acuerdo de los dos tercios del Senado. El sentido de esta mayoría especial interpreta el espíritu de la Constitución: el jefe de los fiscales debe tener el respaldo de un amplio acuerdo partidario. Nunca podría haber dos tercios surgidos de un solo partido. Es el caso de ahora. Al peronismo le es imposible alcanzar esa cifra en el Senado sin el aporte de la oposición de Juntos por el Cambio. El punto de vista del cristinismo modifica radicalmente ese criterio. Es el partido que sacó más votos el que debe decidir quién conducirá las investigaciones judiciales. La victoria da derechos, también para nombrar al jefe de los fiscales. No se trata de una inferencia; es lo que los senadores cristinistas expresaron sin disimulos en sesiones de comisiones y ante expertos que abrumadoramente se manifestaron por respetar el espíritu de la Constitución. Nada vale. Manda el que tiene más votos. Al procurador general lo debe nombrar el cristinismo o, para decirlo más francamente, Cristina Kirchner. Justo la persona pública más investigada por hechos de corrupción, cuyas causas deben pasar todavía por juicios orales, por la Cámara de Casación y seguramente por la Corte Suprema. En todas esas instancias hay (o habrá) fiscales que deberán expedirse sobre la jefa del jefe de los fiscales. Cristina quiere que la Justicia tenga una patrona: ella, desde ya.
Al procurador general lo debe nombrar el cristinismo o, dicho francamente, Cristina Kirchner, la persona pública más investigada por corrupción
La Comisión de Justicia del Senado, presidida por el incorregible cristinista Oscar Parrilli, se respaldó en el dictamen del comité de juristas convocado por Alberto Fernández para analizar cambios en los tribunales. En rigor, seis expertos de esa comisión se pronunciaron a favor de eliminar los dos tercios y cinco opinaron que esa mayoría especial debía conservarse. Seis a cinco. Un voto puede ser decisivo en un cuerpo parlamentario. Debe serlo. Pero es irrelevante cuando se trata de la opinión de académicos que analizan nada menos que la interpretación de un mandato constitucional. Vale mucho más en este caso el contenido de las opiniones o la fortaleza de los argumentos que una victoria extremadamente módica. Aunque los debates de ese comité fueron técnicos y no políticos, no puede desconocerse que la votación final tuvo dos bloques diferentes. Uno integrado por simpatizantes políticos del oficialismo y por abogados que defienden a exfuncionarios que son investigados por hechos de corrupción (Carlos Beraldi, abogado de Cristina, es el caso emblemático) y otro formado por juristas sin adscripciones partidarias ni intereses económicos. Los nombres de este último grupo son tres juezas que integran cortes supremas provinciales: Inés Weinberg (Capital), Hilda Kogan (Buenos Aires) y María Battaini (Tierra del Fuego). A las que se agregaron el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el jurista hispano-argentino Enrique Bacigalupo, que fue miembro del Tribunal Supremo de España. Estos cinco se opusieron a que se cambiara la mayoría senatorial para darle el acuerdo al jefe de los fiscales.
La ajustada mayoría de esa comisión dio un dictamen contradictorio. El acuerdo del jefe de los fiscales debería necesitar solo de la mayoría absoluta del Senado, pero su destitución debería requerir de un juicio político por parte del Congreso, que significa reunir los dos tercios de cada una de las dos cámaras, escribió. La comisión Parrilli le dio un giro más estrafalario aún. Bajó la mayoría necesaria para nombrarlo, pero la destitución necesitaría de los dos tercios de cada cámara y solo a pedido del Gobierno o de un legislador, sin juicio político. Digamos las cosas como son: el peronismo se asegura de esa manera (y para siempre) la designación del jefe de los fiscales, porque tiene la mayoría absoluta en el Senado, como ahora, o tiene una mayoría simple que puede agrandar con aliados que nunca faltan y que corren en ayuda de las decisiones más descabelladas. Al mismo tiempo, establece de hecho que nunca ningún opositor podrá relevar al jefe de los fiscales. Los dos tercios de cada una de las cámaras del Congreso es un número improbable, bordeando lo imposible, para cualquier partido.
La comisión Parrilli propone modificar una ley (la del Ministerio Público) con sus cambios sobre el acuerdo senatorial al jefe de los fiscales. Una nueva ley debe ser aprobada por las dos cámaras. El cristinismo tiene la mayoría necesaria en el Senado, pero carece de esa ventaja en la Cámara de Diputados. Ya se vio en la aprobación del populista impuesto a la riqueza que pudo apenas con lo justo. Solo 133 votos, sobre los 129 necesarios, con los increíbles aportes de gobernadores como Juan Schiaretti y Gerardo Morales o de dirigentes con fama de sensatos como Roberto Lavagna. Si solo dos de ellos hubieran sido coherentes con su pasado, esa ley, que ahuyenta la imprescindible inversión en el país, no habría salido. ¿Seguirán siendo Schiaretti, Morales y Lavagna (con historias parecidas de lejanías con el cristinismo) funcionales a los intereses de la actual vicepresidenta o de su poderoso hijo?
El caso del jefe de los fiscales abrió grietas en el oficialismo. El candidato de Alberto Fernández para ese cargo es el actual juez Daniel Rafecas, que ya dijo que no aceptaría el cargo si se modificara el requisito de los dos tercios en el Senado. Cristina pareció no escucharlo. Alberto volvió el jueves pasado a defender la candidatura de Rafecas y aseguró que es el candidato del Gobierno. Al día siguiente, Parrilli avanzó en nombre de Cristina contra los dos tercios. No le importan ni Alberto ni Rafecas. ¿Tratará el Presidente de cambiar las cosas en el Senado? ¿Podrá cambiarlas?
Llama la atención que la comisión de expertos no haya dicho una sola palabra sobre la ampliación –o no– de los miembros de la Corte Suprema. Pasó muchas horas debatiendo sobre el alud de casos que anualmente terminan en el máximo tribunal. Pero la evidente intención de la mayoría era no hablar de la ampliación de la Corte. Otra vez Weinberg, Kogan y Battaini opinaron que no se debe modificar el número de miembros de la Corte ni se deben crear tribunales intermedios. Los amigos del Gobierno cumplieron tal vez un pedido con su silencio sobre el número de cortesanos. Se confirmarían, así, las versiones de que algunos miembros de la Corte (o algún miembro) negociaron con el Presidente la intangibilidad del tribunal a cambio de la resolución sobre los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que juzgaron y procesaron a Cristina Kirchner. Según la Corte, Bertuzzi y Bruglia deberán rendir un nuevo examen para ser jueces y tendrán que lograr después el imposible acuerdo del Senado, señorío de Cristina.
Para esquivar la ampliación de la Corte y responder sobre el número abrumador de casos que debe resolver, esa mayoría de juristas propuso un nuevo tribunal intermedio. Pura fraseología o mera burocracia inútil. No pueden ignorar la Constitución. Para esta, la Corte Suprema es (y seguirá siendo) la máxima instancia judicial. Es el único límite constitucional que Cristina no puede traspasar para terminar de adueñarse de la Justicia.
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