Cristina Kirchner intenta no repetir la experiencia de Mauricio Macri

Las alianzas y partidos que compitan en la provincia de Buenos Aires precisarán por lo menos 60 mil responsables de fiscalizar las PASO y las elecciones generales. El incremento del 50 por ciento sobre las 40 mil mesas que ya estaban habilitadas para votar es la consecuencia más inmediata de las medidas de prevención acordadas anteayer por el Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral, como parte del nuevo protocolo sanitario que se aplicará el 12 de septiembre y el 14 de noviembre para evitar la propagación de la segunda ola de la pandemia.

Estar representado en cada una de ellas es una expectativa difícil de cumplir para las fuerzas que aspiran a ser opción al Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Lo que distingue a estas grandes coaliciones del resto es la capacidad organizativa para combinar voluntades y recursos en una instancia decisiva: controlar el recuento de los votos en un distrito que marca la tendencia del resultado definitivo. Concentra el 37 por ciento de los electores.

Una limitación operativa que le confiere un rol preponderante en los comicios a los intendentes en el conurbano, la región de la provincia donde votan dos tercios del total de bonaerenses habilitados para hacerlo. A la capacidad de lograr un entendimiento con ellos se la suele relacionar con la suerte que puedan tener en la fiscalización, donde su interés circunstancial para incidir en el resultado a favor del oficialismo o la oposición puede resultar un factor determinante.

Es lo que le da la dimensión de una transferencia de ese poder a la asunción de Máximo Kirchner en la presidencia del PJ . Ese aparente comportamiento de los intendentes peronistas es una de las razones a las que el kirchnerismo atribuye su derrota en las elecciones de medio término desde 2009. Es una de las versiones para interpretar un acontecimiento que el líder de La Cámpora vio demorado por errores propios. Pero también por la resistencia planteada por algunos jefes comunales sintetizada por el de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Una posición que intenta explotar Florencio Randazzo, ofertándoles a los intendentes las candidaturas de las listas de concejales en el espacio del peronismo que encabezará para disputarle votos al Frente de Todos. A varios de ellos les aseguró que desaparecer de la política es la otra posibilidad que tiene si no compite. Desde otra perspectiva, María Eugenia Vidal intenta sobreponerse a esa disyuntiva.

Si pudiese, la exgobernadora se mantendría al margen de una candidatura en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires para evaluar las condiciones de candidatearse a presidente en 2023. Es un criterio difícil de sostener. El fin de semana pasado, Mauricio Macri le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que la persuada de encabezar la lista de diputados nacionales bonaerenses.

La misión tiene otra complejidad implícita. El jefe del Gobierno porteño la imagina a para resistir la pretensión de Patricia Bullrich de liderar la de candidatos en la capital. Vidal habría puesto condiciones. Una es que Gustavo Ferrari sea designado ministro de Justicia y Seguridad en la ciudad, el área que tiene a cargo Diego Santilli, si como parte de esos acuerdos el segundo de Larreta se postula en la provincia de Buenos Aires. Algo que pondría en riesgo el equilibrio entre los intendentes opositores. El de Vicente López, Jorge Macri, resiste a Santilli. El pedido de Vidal para ubicar a su ex ministro de Justicia en la ciudad persigue una reivindicación de su lugar en la provincia. Si no es candidata perderá toda influencia para incidir sobre el resto en un territorio que considera propio. Existe una dificultad que le impediría validar esa idea. La imagen negativa que recoge en la Tercera Sección, bastión electoral de Cristina Fernández de Kirchner.

El oficialismo aspira a vencer con los votos de las zonas Sur y Este del Gran Buenos Aires con los que Axel Kicillof construyó parte de la ventaja de 18 puntos sobre Vidal en 2019. Néstor Grindetti intenta promover una nueva armonía. El de Lanús no descarta ser candidato a gobernador. Cree que el que logre una solución sin apelar a una PASO destrabará lo que el Pro debate desde diciembre: quién debe liderarlo.

Alberto Fernández tuvo que rectificar sus últimos pasos para recuperar el centro de su administración después del último decreto presidencial que lo distanció de gobernadores y del jefe del gobierno porteño con los que acordará las nuevas medidas restrictivas después del fracaso de intentar instalar la idea del Área Metropolitana (AMBA) como una nueva jurisdicción. Un estatus que la Constitución no le reconoce al producto de la invención de Cristina Fernández de Kirchner a través de Carlos Zannini.

El procurador del Tesoro fue el autor de las excéntricas respuestas del gobierno nacional al amparo presentado por la ciudad contra el último decreto presidencial. Como en la primera ola, el pánico de Kicillof a un desastre sanitario en la provincia refleja la inquietud de la vicepresidenta por el panorama que enfrentaría en las elecciones. Sin importar demasiado quienes sean los candidatos, está descontado que el proselitismo reposará en su ascendiente entre los votantes fieles al kirchnerismo.

Cristina sigue con atención cómo se está configurando ese posible escenario. Algunos insisten en que podría intervenir en la sucesión que prevé Sergio Massa en el Ministerio de Transporte. De los 365 mil millones de su presupuesto, más del 60 por ciento están destinados al subsidio del transporte público. Javier Osuna reuniría los requisitos suficientes para pasar los filtros oficialistas. En 2015 fue electo intendente de Las Heras por el Frente Renovador y desplazó del cargo al candidato del PJ. Su tío, Carlos Caló. De familia radical, el acuerdo que mantuvo en su gestión con esa fuerza fue uno de los pocos motivos de discordia entre Vidal y su vice, Daniel Salvador. Después de las elecciones de 2017 en las que Massa quedó tercero, Osuna amenazó con pasarse al kirchnerismo si él no lo hacía. Abogado de profesión, es el titular de Autopistas Buenos Aires (Aubasa)

La vicepresidenta también sigue de cerca la peripecia de Marcelo Figueiras para constituir el grupo inversor que financia la vacuna Sputnik V que producirá Laboratorios Richmond. Habría gestionado en forma personal el aporte que deberían efectuar Mauricio Filiberti y José Luis Mazano, miembros del grupo concesionario de Edenor, junto a Ricardo Depresbiteris, titular de Covelia. La empresa de logística y transporte que adquirió fama con la recolección de residuos en municipios del conurbano y asociada desde siempre al clan Moyano.

El Presidente instó a los sindicalistas a que los camioneros sean parte de la unidad que debería expresar la nueva conducción que la CGT elige este año. El problema es la poca disposición que prestan los Moyano. Sobre todo por su injerencia en la vida interna de otros gremios. Una actividad que podría aparejarle trastornos. El 12 de abril la policía detuvo en Máximo Paz a Claudio Burgos en un operativo antidroga. Burgos es chofer de Ramón Muerza, opositor de Armando Cavalieri en el sindicato de Comercio. Muerza responde al clan Moyano.

El fiscal Ricardo Duarte pidió al juez de Garantías Juan Rizzo la prisión preventiva de Burgos. Pablo Moyano aspira a ser el próximo secretario general de la CGT. Recibió a Muerza anteayer en la sede de los Camioneros junto a Hugo, su padre. Cristina intenta evitar la experiencia de Mauricio Macri en 2019: ingresar en una pendiente donde el voto castigo al oficialismo sea más importante que la propuesta formulada por la oposición.

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