Cristina al poder, ¿Alberto al gobierno?

Escasos días antes de ser ungido como candidato presidencial para las elecciones de 2019, Alberto Fernández sostenía públicamente que solo había dos opciones para Cristina Kirchner: postularse a la presidencia de la Nación o irse a su casa.

Consultado el 11 de mayo de ese año por la periodista María Julia Oliván en Radio Nacional sobre la posibilidad de que la líder del kirchnerismo ungiera a alguien para enfrentar a Mauricio Macri, Fernández fue muy claro: “Yo quisiera que eso no ocurra. O Cristina es candidata o Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. Yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay y Juncal, y en la Casa de Gobierno haya un títere al que Cristina le prestó los votos. O Cristina es candidata y se hace cargo de lo que viene, o libera a todas las fuerzas y deja que cada uno haga lo que quiere. ¿Se entiende?”-

Por si quedaban dudas sobre sus dichos, todavía desde el llano, aquel Alberto Fernández abundó en consideraciones sobre la importancia de evitar un poder bicéfalo. Habló de la importancia de “tomar en cuenta las experiencias para no repetirlas” y, en referencia a lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 1973, recordó: “Héctor Cámpora fue víctima de ese sistema y lo resolvió con mucha dignidad, renunciando el día 49 (de su mandato)”. Poco después, se convocaría a nuevas elecciones, que permitieron el retorno de Juan Domingo Perón a la Casa Rosada.

Lo que siguió a esas declaraciones radiales de Alberto Fernández son historia conocida. Para sorpresa de todos, Cristina Kirchner lo nominó como su candidato presidencial, al tiempo que ella se quedó con el segundo lugar de la fórmula. Aunque ninguno de los protagonistas lo reconocerá alguna vez, siempre existió la sospecha de un pacto entre ambos, por el cual el actual presidente se habría comprometido a hacer todo lo que estuviese a su alcance para garantizar el final de los juicios contra la exmandataria. Los gestos del jefe del Estado en los últimos días estarían confirmando ese supuesto compromiso, más allá de las condiciones que prácticamente tornan imposible su cumplimiento.

Está claro que Cristina Kirchner tiene un serio problema con el Poder Judicial, pero el problema de Alberto Fernández es otro. Como presidente de la Nación debe ocuparse de muchos otros frentes, al tiempo que las principales demandas de la ciudadanía no pasan por una reforma en la justicia federal o en el Ministerio Público, ni por la conformación de una comisión bicameral parlamentaria –a todas luces inconstitucional– que investigue a los magistrados, como la que insinuó el primer mandatario ante la Asamblea Legislativa y festejó el kirchnerismo más duro.

Al respecto, una reciente encuesta de Clivajes Consultores, efectuada entre el 1° y el 5 de marzo en el orden nacional, les preguntó a 1160 personas mayores de 16 años cuál medida les parecía más urgente y solo el 6,6% mencionó una reforma de la Justicia. El 38,7% se inclinó por aumentar jubilaciones y pensiones; el 37,1%, por vacunar masivamente contra el Covid-19, y el 14,4%, por modificar el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias.

La misma encuestadora interrogó sobre la principal preocupación de los argentinos. El 22,3% mencionó la inflación; el 20,1%, el desempleo; el 16,1%, la inseguridad; el 14,6%, la pobreza; el 14,4%, la corrupción, y el 10,3%, la pandemia. La reforma judicial no figura entre las cuestiones más preocupantes de la sociedad.

Pero no es la agenda de la opinión pública el único problema de Alberto Fernández. El mayor desafío del Presidente es la creciente percepción de su debilidad, que se multiplica cada vez que él mismo se muestra como lo que, en aquella entrevista previa a ser ungido como candidato, confesó: un títere de la vicepresidenta.

La palabra títere continúa siendo, en las nubes de palabras de la consultora Giacobbe & Asociados, uno de los términos preferidos por la opinión pública para caracterizar al primer mandatario. Esa calificación tiene un particular impacto entre el segmento del electorado que, en 2019, votó al Frente de Todos, aun renegando de la expresidenta, porque imaginaba que el Presidente iba a diferenciarse de ella.

Para muchos observadores políticos, desde un principio, Cristina Kirchner estaba destinada a tener el poder real mientras Alberto Fernández solo iba a mantener un poder formal. Lo cierto es que, progresivamente, la vicepresidenta ha ido sumando a su poder real cada vez mayores porciones de poder formal, lo cual deriva en cada vez mayor incertidumbre entre los distintos actores políticos y económicos.

La eventual salida de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, una de las funcionarias de mayor confianza del Presidente, constituiría una nueva evidencia del avance del núcleo duro del kirchnerismo en las áreas de la gestión gubernamental. El “pecado” de la ministra fue vaciar de contenido a la proyectada comisión bicameral que imaginaron los dirigentes cristinistas para “controlar” al Poder Judicial. La funcionaria puntualizó que esa hipotética comisión “no iba a sancionar o remover” jueces, porque no era constitucional que un grupo parlamentario tomara decisiones semejantes. Una verdad de Perogrullo para cualquiera que haya leído la Constitución, pero que cayó muy mal en el kirchnerismo, desde donde se viene acusando a Marcela Losardo de “tibia”.

Para Cristina Kirchner ya no hay margen para matices. Se trata de ir por la Justicia para avanzar en su plan de impunidad.

Una renuncia de Losardo podría terminar de desbalancear el gabinete en favor del cristinismo; especialmente si el principal sillón del Ministerio de Justicia pasa a ser ocupado por un hombre cercano a la vicepresidenta. Algo que daría pie a la reformulación de una vieja fórmula, que depararía una certeza y un interrogante a la vez: Cristina al poder, ¿Alberto al gobierno?

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