Crímenes económicos: a la espera de una reacción
El crimen de corte aun incierto del que fue víctima Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, debería hacernos reflexionar sobre los peligros que representan el crimen organizado y la corrupción para la consolidación socioeconómica y democrática de nuestro país.
El avance de los delitos de la "nueva criminalidad" (droga, extorsión, crímenes económicos y corrupción) ya no es una mera percepción social. Su consolidación se ve reflejada, no sólo en el asesinato de Gutiérrez, sino también en el hallazgo de laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas, a las toneladas de cocaína secuestradas en los últimos meses y en las investigaciones periodísticas y judiciales, sobre el espionaje ilegal, la corrupción y el chantaje de propios y ajenos, que solo anima a la expansión de la grieta social.
Para comprender los peligros que entraña el trinomio "corrupción", "crimen complejo" y su "lavado de activos", debemos acudir a las ciencias de la criminología. Si bien existen varias interpretaciones sobre estos flagelos, los académicos concuerdan en que su avance amenaza la paz social, el desarrollo y la seguridad individual, sobre todo la de los países más pobres y débiles a nivel institucional como la Argentina.
Federico Varese, profesor de la Universidad de Oxford, lo describe así: "el delito, ejecutado por y sobre individuos de enorme poderío económico, generador de corrupción, extorsión y más crimen, destruye las formas legítimas de convivencia, constituyendo sin duda una amenaza grave para la paz social en el presente, sin excluir, desde luego, la marginalidad en la que los países débiles y sin justicia se ven insertos".
Sobre esta base, podemos decir que su tratamiento preventivo y represivo supera ampliamente las medidas que pueda adoptar el gobierno de la provincia de Santa Cruz en el tema. Está claro que la criminalidad económica y el factor de la corrupción que encierra este caso no reconoce fronteras municipales, provinciales ni nacionales. El crimen sofisticado y de los poderosos actúa por igual de un lado y del otro de las fronteras territoriales.
No hay desarrollo social justo y sustentable con el avance de grupos mafiosos
Los delitos que involucran droga, asesinatos, lavado de dinero, secuestro extorsivo, chantaje, corrupción y fraude, entre otros, contienen un carácter económico, social y de perspectiva supranacional que dificulta su investigación y condena. Su poder económico, técnico y de lobby puede llegar a ser, incluso, su garantía de impunidad. De hecho, muy rara vez se termina condenando al jefe máximo de la organización.
Pero entonces, la pregunta que se suscita es: ¿cómo enfrentar al crimen económico y sin fronteras?
Una manera efectiva es, sin duda, mediante la implementación de políticas de estado, que se focalicen en identificar a sus miembros, mediante el seguimiento de sus vías de financiamiento y reinversión; la famosa "ruta del dinero". A través de esta estrategia legal se intenta: primero, ahorcar financieramente a los grupos criminales e incautar sus ganancias; segundo, conocer sus movimientos financieros y, de ese modo, dar con su paradero; tercero, evitar su filtración en la actividad económica legal, atacando una función crucial de su actividad: construir poder económico a costa del crimen (Convención Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional, 2000).
Con ese fin, nuestro país diseñó un sistema preventivo y punitivo anti-lavado; puesto al mando de una Oficina de Fiscales especializados y de una Unidad de Investigación antilavado (más conocida por sus siglas UIF). Este sistema legal contra el crimen económico, se complementa con la sanción de otras leyes penales, tales como la de "trata de personas", "arrepentido" y la nueva ley anti-corrupción empresaria.
Sin embargo, la tarea contra la delincuencia organizada no termina con la sanción de leyes. Una vez consensuadas las normas básicas contra el crimen, las energías deben volcarse en darle vida a la letra misma de la norma. Y esta parece ser, justamente, la crítica máxima que le hace la sociedad a la dirigencia política (ubicados en ambos lados de la "grieta" por igual": que las instituciones están ahí, pero sólo en forma aparente. O, mejor dicho: de qué sirve la redacción adecuada de leyes contra el crimen complejo, si después los servicios de inteligencia se dedican a "espiar" a periodistas, al clero y a políticos, en lugar de reencausar sus energías y presupuesto en lo que les es propio y debido.
Para revertir el reclamo incesante de mayor justicia social, hace falta decisión política. Y no de un sector político o económico determinado; sino de todos: de la nación. Si la política es el arte de lo posible, la inseguridad y la corrupción son el arte de lo imposible. No hay desarrollo social justo y sustentable con el avance de grupos mafiosos. Es hora de que la dirigencia reaccione.
Doctor en derecho
Por Roberto Durrieu
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