Crímenes del pasado
Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Alfredo Kraut, secretario general de ese tribunal, abordan en Derechos humanos: justicia y reparación la experiencia argentina con relación al juzgamiento de los delitos cometidos por la última dictadura militar, especialmente lo ocurrido a partir de la reapertura de los procesos en 2005.
Desde la recuperación democrática en 1983, la Argentina intenta que sea la Justicia, sustancialmente, quien repare las violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas durante el gobierno militar de 1976. No hay duda alguna de que, en ese aspecto, existe una continuidad histórica entre los primeros años de la democracia y la actualidad. Esa línea presenta, no obstante, diferencias notables en cuanto al contexto político, social y jurídico en que se desenvolvieron los procesos. Interrumpidos los juicios, después de tres alzamientos militares, se abrió una etapa intermedia durante los años 90, en la que se intentó infructuosamente la pacificación a través del perdón, la reparación económica a las víctimas y familiares, y la verdad sin justicia, por medio de los denominados "juicios de la verdad". Durante ese período comenzaron a consolidarse las reglas del derecho internacional de los derechos humanos que hoy resultan corrientes, y que fueron admitidas por la Corte Suprema de Justicia en la extradición de Erich Priebke por la masacre de las Fosas Ardeatinas.
Este libro relata bien cómo se fue gestando un clima de época favorable a la reapertura de los procesos. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso "Barrios Altos"; el reclamo de tribunales extranjeros para juzgar los delitos de la dictadura; la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar la anulación de las leyes que impedían el juzgamiento; la sanción de la ley 25.778, que otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad fueron todas circunstancias que prepararon las decisiones que tomó nuestro máximo tribunal en los casos "Arancibia Clavel", "Simón" y "Mazzeo".
La piedra angular de esta nueva etapa es el concepto de delito de lesa humanidad, que ha permitido atravesar institutos jurídicos tradicionales, como la prescripción, la amnistía o el indulto. Los autores dedican el primer capítulo a narrar sus antecedentes y evolución, sin eludir los aspectos polémicos o cuestionables de la figura, especialmente su compatibilidad con el principio de legalidad ( lex scripta ). Hay que ser consciente de que este carácter excepcionalísimo del delito de lesa humanidad no debe ser desvirtuado. La legitimidad moral universal que contiene la persecución sin tiempo de estos crímenes atroces se pierde cuando se pretende "ensanchar" el puñado de delitos tradicionalmente admitidos en su definición.
Los últimos capítulos analizan el enorme esfuerzo de las oficinas creadas por la Corte Suprema y la Procuración General para tratar de ordenar un panorama judicial muy complejo, ante la ausencia de políticas públicas que permitirían un trámite más rápido y coordinado. La ingente labor judicial se detalla con la descripción y el estado de las principales causas en juzgamiento. "No se trata sólo de juzgar el pasado, sino de sentar las bases del futuro", sostienen Lorenzetti y Kraut al comienzo del libro, y dicen al final: "Sin memoria y justicia no hay presente, no hay futuro". © La Nacion
El autor, ex camarista federal, es diputado nacional por la UCR
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