Crimen organizado, transnacional y argentino, un flagelo inquietante

La región y nuestro país sufren de un cáncer institucional en expansión y muy profundo, que cuesta comprender y aprender a extirparlo y controlarlo. Me refiero a flagelos que van más allá de los problemas habituales de inflación, desempleo, crisis energética y rural. Más específicamente, al temeroso y sigiloso avance de los grupos criminales que ya a esta altura ostentan poder suficiente para atemorizar o liquidar la vida en segundos de fiscales y jueces que se animen a encarcelarlos. Como el reciente asesinato del fiscal antimafia y drogas de Paraguay Marcelo Pecci, ejecutado en las playas de Colombia por dos sicarios que en segundos se llevaron su vida (y su impronta en las causas que tramitaba también).

Pero la Argentina no está para nada alejado de aquella realidad. Si alguna duda cabe, tan solo basta resaltar el discurso de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti en la reciente reunión en Rosario de Junta de Jueces y Juezas Federales (Ajufe), donde se respaldó a los magistrados que aún se animan a investigar al crimen organizado, internacional y con ramificaciones domésticas.

La situación es tan extrema y alarmante que pasó desapercibida la reciente noticia sobre las verdaderas razones por las cuales la jueza federal Arroyo Salgado renunció a seguir impulsando el asesinato de su exmarido, el fiscal Alberto Nisman: las repetidas amenazas de muerte recibidas. Los fiscales y jueces tienen miedo, sus familias también; y los testigos y denunciantes mucho más. ¿Quién se animaría en este contexto tan pesimista a denunciar estos crímenes si ni siquiera los juzgadores pueden asegurar su seguridad individual y la de sus familias? Solo los imprudentes o sumamente aventureros.

El crimen organizado local extendió sus ramificaciones en el país, amenazando la paz y la seguridad ciudadana. Ya todos tenemos un poco de miedo; todos los días. No es para menos. Los delitos (trans)nacionales, como el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, contrabando, piratería, tráfico de armas, corrupción y fraude corporativo, entre otros, contienen un carácter económico, social y de perspectiva supranacional que dificulta su persecución y condena. Su poder económico, táctico y de lobby suele ser su garantía de impunidad. Tanto, que muy rara vez se termina condenando a los mandos medios y jefes de la organización.

Según los estudios de 25 casos comparativos que publiqué en mi último libro Ganancia económica del delito (Marcial Pons), la situación es tan critica que el delito transnacional, ejecutado por organizaciones delictivas de alcance local, argentino, ni siquiera tienen necesidad de someter sus millones derivados de sus crímenes a un costoso y arriesgado proceso de lavado de activos. La inflación, el caos social reinante y sobretodo la masa de informalidad del dinero que circula en la economía argentina (superior al 50%) hace que invertir en el país sus millones de pesos o dólares en efectico, resulta ser un trámite normal, sin complicaciones.

En este contexto, cabe preguntarse qué políticas implementa el Estado argentino, para evitar el avance y penetración de este fenómeno entre nosotros; sobre todo en las zonas calientes del conurbano, gran Rosario, la triple frontera y la extensa frontera en general; en fin, a esta altura este flagelo ya se ha expandido por todo el país.

Entre las pocas bondades, merece ser resaltado la reconfiguración que le dio recientemente la Corte Suprema al burocrático y paralizado Consejo de la Magistratura en materia de nombramientos y auditoria o control de los tribunales. Pero no mucho más, lamentablemente. El marco normativo está completo y bien claro, pero su aplicación práctica parece “letra muerta”. Las normas y los tratados se sancionan, pareciera, para satisfacer la presión internacional y solo; pasar las evaluaciones.

A continuación, tan sólo algunos ejemplos que dejan ver el “espeluznante” (perdón por la palabra) panorama planteado:

• En el año 1989 fuimos el primer país de América en incorporar el delito de lavado proveniente del narcotráfico; sin embargo, a la fecha tan sólo contamos con un manojo de condenas por asuntos de menor volumen. En el camino quedaron las grandes investigaciones de los ‘90 contra el Cartel de Medellín, Sinaloa y el de Juárez. Y las de reciclados derivados de la corrupción local (ej., causa cuadernos o Hotesur) también. Casi todos absueltos.
• Nada cambió con el nuevo régimen antilavado de la ley 25.246 del 2000 (Ley “Lilita Carrió”). No se logró aún ni una condena firme por asuntos de gravedad institucional.
• Según estadísticas de enero a abril 2022, los asesinatos en zonas calientes de Rosario o barrios bonaerenses, ya superan los dos dígitos por día. Cada hora mueren promedio dos personas fruto del crimen y las bandas narcos que se disputan poder territorial. Sicarios, zonas liberadas y narco policías, dominan parte del territorio.
• La Unidad de Información Financiera (UIF), tiene facultades de aplicar multas a los “sujetos obligados” que incumplan con sus obligaciones anti-lavado; sin embargo, en los últimos años no se registra ninguna clase de sanción relevante (solo chucherías por montos irrisorios).
• Para colmo, en el 2016 se modificó por ley (en tiempo récord y sin debate) la integración de la UIF, que pasó del Ministerio de Justicia a la esfera de la cartera de Finanzas; abandonando la prevención y control del crimen complejo y organizado, para adoptar un perfil más de economía monetaria.
• Un 35% de los juzgados federales del país tienen puestos vacantes; al mando de jueces subrogantes que la Corte Suprema ya las declaro inconstitucionales al ser “elegidos discrecionalmente’, a dedo. Un ejemplo, el Juzgado Federal del Dorado (ubicado a 100 de Iguazú, Misiones) no tiene fiscal a cargo y su Juez subrogante Miguel Guerrero sufre amenazas de muerte casi a diario. A su vez, con sus 22 empleados total, debe tramitar 22.000 procesos previsionales, civiles, administrativos y penales; como el del grupo islámico musulmán Chir Hezbollah.
• Los organismos internacionales han solicitado con urgencia la implementación de mayores controles en zonas sensibles de las amplias fronteras del país. Nada sustancial parece haberse hecho hasta ahora.
• Una reciente auditoria del Banco Mundial sobre los tribunales de nuestro país demuestra que los procesos penales por delitos federales de crímenes complejos, tienen una duración promedio superior a los 10 años; arribando a condena firme menos del 4 % de las causas iniciadas.
• El nuevo Código Procesal Penal Federal, que le da más poder de maniobra a los fiscales; por falta de presupuesto aun no pudo ser implementado salvo en Salta y Tierra del Fuego.

Y la lista de ausencias del Estado es mucho más larga. El avance del crimen organizado entre nosotros, constituye sin duda la amenaza más grave a la paz social en el presente, sin excluir, desde luego, los flagelos de la inflación, la marginalidad y el empleo informal, en la que casi dos cuartas partes de la sociedad argentina está inserta. ¿El poder del Estado está a la altura? Y si lo está ¿por qué no actúa?

Abogado, su último libro, Ganancia económica del delito, fue premiado por la Interamerican Bar Association

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