Coronavirus: liberar las patentes de las vacunas, la otra lucha en la pandemia
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PARA LA NACION
Los especialistas acuerdan en que disponer de una vacuna que pueda ser administrada a todos los habitantes del planeta es la medida más importante que puede emprenderse en la lucha contra el coronavirus.
La vacuna es un elemento fundamental para garantizar el acceso a la salud y, como tal, constituye una necesidad y un derecho humano para todos los habitantes del planeta.
El prestigioso economista Stefano Zamagni, presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, explicó que las vacunas por enfermedades infecciosas, que no tienen fronteras, deben ser reconocidas a nivel internacional como bien común y no como un bien privado. El Papa Francisco, ha solicitado explícitamente que la vacuna contra el Covid-19 sea accesible a todos.
Sin embargo, el sistema de patentes vigente protege, aún en un contexto de emergencia sanitaria global, de forma excesiva el derecho a la propiedad privada de los laboratorios dueños de la fórmula. Este punto debe ser especialmente remarcado: el sistema internacional de patentes, en la práctica, prioriza el valor de la propiedad privada de un puñado de laboratorios por encima del derecho a la vida, a la salud y la libertad de millones de personas alrededor del mundo.
Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención por un plazo de tiempo. La misma permite utilizar y explotar la innovación e impedir que terceros la exploten comercialmente o la utilicen sin su consentimiento. Respecto a las vacunas, las patentes impiden que se comparta el conocimiento y la tecnología. Así, las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente. Eso está generando un cuello de botella en la producción y distribución de las mismas y, simultáneamente, grandes ganancias a los laboratorios dueños de las fórmulas.
En esta situación, la propuesta de liberar las patentes (y compensar económicamente a sus propietarios) no es una idea revolucionaria, no atenta contra el esquema de incentivos, ni mucho menos pretende debilitar el sistema capitalista. Surge, simplemente, como una respuesta sensata y eficaz ante una situación excepcionalmente extraordinaria. Si se consideran las altísimas externalidades positivas que se generarían acelerando el proceso de producción e inoculación masiva, la iniciativa puede justificarse, incluso, desde la ortodoxia económica.
Es necesario y urgente una medida inusual, como la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, con la adecuada compensación económica a sus titulares
Los derechos de exclusividad y las ganancias que se generan para los propietarios de patentes son normalmente justificados por el enorme gasto en la investigación previa hasta la comercialización del producto. Sin embargo, según la economista Mariana Mazzucato (”El valor de las cosas: ¿Quién produce y quien gana en la economía global?” Editorial Taurus, 2018), la realidad es distinta: los gastos previos a la venta de fármacos, como los de investigación básica y marketing, en general, son muy bajos en comparación con los beneficios que generan. Sumamente inferiores a los aumentos a corto plazo del precio de las acciones, las opciones sobre acciones y el pago a los ejecutivos, que desencadena el anuncio del desarrollo de un nuevo medicamento.
Ahora bien, en el caso de la pandemia del Covid, debe sumarse una consideración adicional: el esfuerzo realizado para aprobar rápidamente las vacunas, es posible gracias a una sustancial inversión pública. De acuerdo con los datos recogidos por la organización Policy Cures Research, hasta el 1° de octubre de 2020 se habían invertido al menos 9.177 millones de dólares en partidas relacionadas con la investigación básica y el desarrollo de diagnósticos, terapias y vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Según esta misma institución, la casi totalidad (92%) de los recursos invertidos en estas partidas procedía de los presupuestos públicos de EE. UU. (48% del total computado), Alemania (12%), Reino Unido (8%), Canadá (7%) y la Comisión Europea (4%), entre otros. No obstante, las patentes quedaron en exclusividad para los laboratorios privados.
Estos datos dan cuenta de que hubo esfuerzos públicos y privados mancomunados al servicio de un objetivo común: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra el Covid-19. Ahora, dichas vacunas deben producirse rápidamente a escala global y distribuirse a todas las personas en forma gratuita para combatir eficazmente la difusión de la pandemia. No parece haber otro camino.
En este contexto, los acuerdos bilaterales, como el celebrado entre el Instituto Gamaleya y el Laboratorio Richmond para producir la vacuna Sputnik-V en nuestro país, son encomiables, pero insuficientes para resolver el problema a escala nacional y global.
El Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres señaló que más de 130 países no han recibido una sola dosis de las vacunas contra el Covid-19 y denunció que el 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el momento se ha concentrado en tan solo diez naciones, todas ellas desarrolladas. Por su parte, tampoco se había logrado alcanzar la meta de distribuir 100 millones de dosis a través del programa Covax, la iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas y la Alianza para las Vacunas (GAVI) para garantizar el acceso a la vacuna a países en desarrollo.
Existen antecedentes bien concretos de suspensión de las patentes: el científico que desarrolló una de las vacunas contra la poliomielitis, Jonas Salk, decidió no patentar su descubrimiento
En el Consejo de los ADPIC, donde se regula la propiedad intelectual en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se intenta consensuar un proyecto de suspensión de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas y medicamentos COVID presentada por India y Sudáfrica, patrocinada por 56 países y que cuenta con el apoyo de otros 100 entre los que se encuentra la Argentina. Pero hasta ahora, ha sufrido la oposición de Estados Unidos y Europa, cuyas farmacéuticas afirman que las patentes son el sustento de la innovación. De todas formas, se prevé que las negociaciones continuaran en los próximos meses.
Suspender las patentes, no es una consigna impracticable o utópica: existen antecedentes bien concretos. El científico que desarrolló una de las vacunas contra la poliomielitis, Jonas Salk, decidió no patentar su descubrimiento. Consultado sobre esa posibilidad manifestó: “Es evidente que no habrá patente ¿Acaso se podría patentar el sol?”. La decisión de Salk permitió que la producción de la vacuna escalara rápidamente. De esta forma, el número de personas inoculadas se multiplicó y la incidencia de la polio fue reduciéndose drásticamente hasta su total erradicación.
Repasemos los hechos. Un virus letal y altamente contagioso se extendió por todo el mundo cobrándose cientos de miles de vidas, obligando a las personas a restringir su libertad y destrozando la economía global. Los estados invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar vacunas en tiempo récord con la esperanza de frenar la expansión de la enfermedad. Pero, cuando las fórmulas de las vacunas se demostraron eficaces, se decidió no aumentar la producción al máximo posible para preservar ganancias colosales de unos pocos laboratorios. Esta decisión genera que hoy tengamos un ritmo de producción insuficiente y una distribución absolutamente inequitativa.
Pareciera que estamos viviendo la trágica escena de Titanic que todos repudiamos alguna vez desde nuestra butaca en el cine, pero replicada a escala global: los habitantes de los países más ricos tienen prioridad para salvarse.
Por consiguiente, es necesario y urgente una medida inusual, como la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, con la adecuada compensación económica a sus titulares. El objetivo es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.
En medio de una calamidad como la que estamos viviendo, necesitamos redoblar los esfuerzos por preservar los derechos fundamentales de todas las personas. Exigir la suspensión de las patentes es una causa justa, posible y, ante todo, profundamente humanista.
* El autor es abogado, docente e investigador universitario
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