Contribuir al bien público es un deber

Si nos ponemos de acuerdo en que la persona humana se realiza al poner sus dones al servicio, es decir, no cuando acumula o acapara para sí, sino cuando se dispone al encuentro con el otro, ¿por qué nos resulta extraño pedirle eso mismo a una persona jurídica? Claro, las empresas, como personas jurídicas (al igual que las instituciones públicas o las organizaciones de la sociedad civil), alcanzan un propósito cuando a través de sus actividades impactan positivamente en la sociedad. En otras palabras, cuando aportan valor más allá del valor económico inmediato.

Asimismo, me gusta pensar que toda vocación genuina debe traducirse en un bien tangible para los demás. En este sentido, no hay vocación en ganar dinero, como tampoco en el afán de poder o en el culto al yo. Tanto para las personas como para las instituciones, el dinero, el poder o el prestigio serán siempre medios, aunque tendamos a confundirlos con fines.

De aquí que en esta analogía entre las personas humanas y las personas jurídicas, o bien entre la vocación personal y el propósito institucional, hay que incorporar los valores del bien común y la dignidad de las personas como cualidades centrales de una sociedad con pretensiones de ser humanitaria. Y en este contexto es oportuno abordar el fenómeno de la articulación público-privada para atrevernos a repensar el rol de las instituciones en la sociedad.

Se trata de promover un modelo de desarrollo que cuestione nuestra concepción del Estado como exclusivo garante de lo público, de las empresas como creadoras de riqueza y dinamizadoras de la economía y de la sociedad civil como aquella que impulsa las causas que ni el Estado ni el mercado resuelven. De lo contrario, la expectativa estará en lograr una suma virtuosa de las partes, pero carente de perspectiva integral. Ahora bien, tomando la noción de que "el todo es más que la suma de las partes", podemos rebelarnos ante el mandato que mantiene a cada uno en lo suyo para ir del yo al nosotros, del saber técnico al conocimiento holístico y de una racionalidad fría y calculadora a una razón cordial.

Desde esta idea de afectación recíproca podemos pensar un desarrollo sostenible en el que la articulación público-privada no reunirá tan solo el aporte aséptico de cada uno desde su especificidad, sino que antes de ver cómo o con qué puedo dar lo mío, digo presente.

De allí que no solo debamos promover diálogos multisectoriales, sino también procesos participativos para el diseño de políticas públicas, como espacios de interlocución potentes. ¿Cómo no aprovechar el movimiento de instituciones y personas que impactan en la vida común para que contribuyan al bien público? ¿Cómo no reconocer a la política en su expresión más noble para incentivar una participación que no deje a nadie sin voz?

Quienes tenemos representatividad institucional de algún tipo tenemos que entender que persona humana y persona jurídica tienen mucho más en común de lo que creemos y que si buscamos sostener nuestras relaciones interpersonales en valores como la confianza, el respeto o el amor, no pueden ser la competencia individualista y la fragmentación los que rijan nuestro devenir organizacional.

"O se contribuye al bien público o no hay contribución alguna", decimos desde el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), desafiándonos a subir la vara cualitativa de la inversión social privada e interpretando el descrédito actual de nuestras instituciones como una oportunidad de refundación.

Director ejecutivo Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)

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