Contrastes en un comienzo de año agitado

Con centros turísticos repletos de visitantes, locales y extranjeros; argentinos de regreso a las playas de Punta del Este y Florianópolis y demoras en las entregas de algunos modelos de autos 0 kilómetro, una parte de la sociedad parece haber dejado atrás su peor crisis. Lo cual no alcanza a ocultar el drama de millones de argentinos sumergidos debajo de la línea de la pobreza, muchos de ellos con trabajo, que difícilmente puedan soñar con vacaciones y cuya aspiración es asegurarse la subsistencia y llegar al final de cada día sin ser víctimas de algún delito que los haría aún más pobres.

Estos contrastes en la distribución del ingreso, forjados por el hiperdesempleo, la profunda recesión de fines de los 90 y la debacle económica de fines de 2001 y comienzos de 2002, sólo podrán resolverse con crecimiento económico durante muchos años. Pero en lo inmediato habrán de condicionar los plazos de la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados que permanece en default desde hace dos años.

Según las últimas estimaciones oficiales, finalmente la economía creció más de 8% el año pasado. Especialistas como Juan Llach sostienen que una performance similar podría repetirse este año, ya que 2004 arranca con un arrastre estadístico no inferior a los 3 puntos de PBI. Los consultores que participan de la encuesta de expectativas que elabora el Banco Central le han puesto un piso del 6.6% al crecimiento. Aún así, esta recuperación apenas permitiría volver a los niveles de PBI de 2001, cuando la crisis todavía estaba en el camino de ida. Y una base de comparación más alta hará que, hacia mediados de este año, irán achicándose las espectaculares cifras de dos dígitos que vinieron mostrando algunos indicadores de la actividad económica con relación a 12 meses atrás. A partir de entonces, cobrará importancia lo que ocurra con la inversión privada, el factor clave para que este crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. Sin esta condición, reducir el desempleo y la pobreza se convertirían en una simple expresión de deseos. El debate que se viene, entonces, es sobre qué bases se asentará el crecimiento en los próximos años y cómo se repartirá el peso de la reestructuración de la deuda pública sin fondos externos ni paquetes de rescate como ocurría en el pasado.

Cuenta regresiva

El problema es que ya comenzó la cuenta regresiva: la Argentina necesita tiempo para seguir recuperándose, pero no dispone de un calendario ilimitado para negociar con los acreedores privados. Lo acaba de comprobar el Gobierno tras los últimos cortocircuitos con el Fondo Monetario, que fueron subsanados con la ayuda de la administración Bush luego de la gestión del ministro Roberto Lavagna. Allí se planteó que el FMI invertía los términos de la ecuación. O sea que, en lugar de privilegiar la sustentabilidad en el tiempo de la propuesta argentina para reestructurar la deuda, ponía énfasis sólo en su aceptabilidad por parte de los acreedores. "No queremos salir del default ahora, para volver a caer en cesación de pagos dentro de cinco años", previno Néstor Kirchner a Horst Kšhler.

Tras la cumbre de Monterrey, las posiciones comenzaron a acercarse. En el plano de la política exterior, el viaje a Cuba desapareció de la agenda presidencial; el acercamiento a Evo Morales se transformó en un apoyo a la salida al mar de Bolivia y los coqueteos con Hugo Chávez quedaron circunscriptos a ciertos proyectos de integración regional. También Kirchner optó por evitar riesgos innecesarios y suspendió su anunciada presencia en el foro de Davos, frente a un auditorio empresario internacional donde tenía más que perder que ganar, como Eduardo Duhalde lo experimentó en carne propia hace un año. En cambio, la sugestiva declaración de la administración Bush al juez neoyorquino Thomas Griesa no estuvo en la mesa de negociaciones: en realidad, tendió más a preservar el papel del FMI dentro del sistema financiero internacional, que a apoyar la posición argentina de no incluir el default a los organismos internacionales, aseguran en el Palacio de Hacienda. De hecho, el Fondo opera con los países miembros a través de la compra y recompra de Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad de cuenta que no resultaría sencillo embargar.

El respiro, sin embargo, permitió que el Ministerio de Economía pudiera avanzar en la contratación de los cuatro bancos que actuarán como organizadores regionales de la reestructuración de la deuda. Serán dos para América del Norte y dos para Europa y Asia (ya que el mercado japonés quedará para más adelante) y sobre ellos recaerá la compleja tarea de negociar con acreedores individuales e institucionales que rechazan la quita de 75% de capital o la extensión de plazos a 42 años. En el medio hubo que zanjar la discusión por las comisiones, que finalmente se distribuirán entre el costo del servicio y los resultados que obtengan: en total rondarán los 150 millones de dólares. Si es mucho o poco lo dirán los resultados.

Las discusiones de Monterrey también sirvieron para que el Gobierno se curara en salud frente a nuevas demoras del Fondo cuando deba reprogramar vencimientos por casi 3000 millones de dólares a comienzos de marzo. Una misión del organismo estará en Buenos Aires el 20 de febrero para que su informe pueda ser tratado por el directorio del organismo a mediados del mes siguiente. Con todo, el FMI se encargó de remarcar que para entonces evaluará cómo marchará la negociación con los acreedores privados. Este esquema apenas cierra, si se tiene en cuenta que sólo para la segunda quincena de ese mes el Ministerio de Economía tiene previsto presentarles su propuesta.

Allí se admite que habrá de incluirse un abanico de opciones y variantes. Una de ellas podría ser la emisión de un título por los intereses impagos de la deuda que se incluyeron en la renegociación. Otra sería remozar el bono con pagos ligados al PBI; aquí, el Gobierno tiene el handicap de contar con mayores recursos sin alterar la pauta del 3% de superávit primario, debido al crecimiento de la economía más elevado que el previsto.

El argumento central del Gobierno para no moverse del 3% es que el actual superávit se asienta sobre bases precarias, tras la caída salarial en el sector público y una estructura tributaria donde el 25% de la recaudación se asienta en impuestos distorsivos. Tarde o temprano, estas distorsiones tenderán a corregirse. Ya se hizo punta con el piso salarial de los empleados estatales; el impuesto al cheque será reducido en un tercio hacia mitad de año y, a más largo plazo, se estudia que una parte de las retenciones a la exportación sea tomada a cuenta del impuesto a las ganancias, en un proceso gradual. Si se avanza en este terreno, ni puede pensarse en flexibilizar la quita a los acreedores, dicen en el Palacio de Hacienda. A menos que se pretenda incubar otro default para cuando Kirchner haya concluido su mandato, añaden.

Por ahora, se desarrolla entre bambalinas el debate sobre si se aumentará el gasto público, se reducirán impuestos distorsivos o si habrá pagos de buena voluntad a los acreedores. En los próximos meses, si la economía sigue creciendo y la cuerda con el FMI no se rompe, tal vez se vea un poco de todo.

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