Contra la corrupción, China ensaya cambios en su sistema judicial

Dos años después de asumir, el presidente chino Xi Jinping, sigue firme en su determinación de combatir la corrupción. Hay más de sesenta funcionarios de rango ministerial o superior que han sido destituidos y enjuiciados. El año 2015 se abrió con la destitución del ministro asistente de Relaciones Internacionales, Zhang Kunsheng, que estaba a cargo de América latina y el Caribe en la cancillería, quien está siendo investigado por "sospechas de violación disciplinaria", eufemismo del Partido Comunista Chino (PCCh) para posibles prácticas corruptas.

Los casos más sonados fueron los de Bo Xilai -el jefe del PCCh de Chonqing- y más recientemente el del ex ministro de Seguridad Zhou Yongkang. Éstos han sido los mayores "tigres" (altos funcionarios), pero también se ha detenido, enjuiciado y expulsado a miles de "moscas". Entre estos últimos -burócratas de menor rango entre los que hay investigados más de 300.000- están desde el administrador de la compañía de aguas de Qinhuangdao, en la provincia de Hebei, que fue apresado con 37 kilos de oro escondidos en su casa, hasta 41 expulsados del Partido en la provincia de Yunnan por drogadictos. Todas las semanas se recuperan millones de cuentas de funcionarios que han desviado fondos, cobrado sobornos o hecho negocios fraudulentos con propiedad pública. Zhang Xinhua, el administrador de la Corporación Industrial y de Agricultura Baiyun de Guangzhou, fue condenado esta semana a pena de muerte, una condena que el 73% de la población china apoya en casos de corrupción.

Más coyunturalmente, el oportunismo político de esta cruzada por la transparencia no es ingenuo. Sin credenciales revolucionarias, esta bandera legitima la autoridad de Xi previo al cambio de rumbo en la economía china, que está pasando de una fase de alto crecimiento a una de crecimiento sostenible y desarrollo inclusivo. En la práctica ello implica un rebalanceo económico que requiere una recentralización política. La cruzada anticorrupción fortalece la credibilidad del Partido y consolida el apoyo de la clase media para implementar un ambicioso plan de reformas. Y en esa ambición está el riesgo: Xi está cambiando el contrato social entre el Estado y la sociedad. Ya no alcanza solamente con la promesa cuantitativa de altos beneficios económicos, sino que comienza la fase cualitativa de la gobernanza.

Cambio estructural

Pero lo que está ocurriendo es una transformación de orden estructural. La campaña anticorrupción tiene tres componentes. El primero es la investigación, la detención y la sanción firme. Xi dijo expresamente que habría "tolerancia cero" hacia la corrupción y los abusos de poder, lo que implica castigos estrictos y efectivos: remoción del cargo, recuperación de los activos en manos del detenido o de toda su familia, expulsión del PCCh y prisión o pena de muerte. El segundo es la prevención. En principio, a través de castigos ejemplarizantes que desincentiven por aumentar los costos de la malversación. Además, Xi busca fomentar la "moralización administrativa" a través de la creación de mecanismos de denuncia ciudadana. El anonimato y el formato online están siendo utilizados por el gobierno chino para canalizar las denuncias; esto genera una alianza más que una oposición de intereses entre Estado y sociedad.

Pero ¿es la corrupción un asunto de manzanas podridas? ¿Qué pasa si es el sistema el que pudre las manzanas? En sus Discursos, Maquiavelo advierte que cuando los hombres se acostumbran a convivir con la corrupción, no pueden ser restringidos por ningún método, ya que son capaces de ver la ruina de su Estado con tal de satisfacer sus deseos e intereses privados.

El tercer y más riesgoso componente de la campaña de Xi es la reforma del sistema de gobernanza de China. En su libro aparecido en noviembre La gobernación y administración de China, Xi no deja dudas: el poder debe ser enjaulado por el sistema. ¿Cómo se está llevando a cabo este objetivo? Internacionalmente, China está fortaleciendo los convenios de información, extradición y repatriación de activos para cerrar el camino de salida a los funcionarios y sus fondos mal habidos. Internamente, se está dando mayor autonomía al Poder Judicial, construyendo en el proceso el camino hacia un mayor imperio de la ley y un Estado de Derecho, aunque "con características chinas".

China está llevando a cabo otro de sus experimentos sin precedente en el mundo, esta vez en el campo legal y judicial. Las categorías más elementales de la gobernabilidad y la representación están siendo repensadas. Así como hizo Deng Xiaoping con el comunismo y la economía de mercado, Xi está reescribiendo las categorías intelectuales de la política. Por eso, interpretar lo que está ocurriendo como una mera táctica para centralizar autoridad y purgar opositores sería inexacto.

Parte de la intencionalidad puede ser ésa, así como la apertura económica en el año 1978 fortaleció las bases de poder de Deng. Pero sería más acertado pensarlo como una conceptualización alternativa a la de James Madison y el sistema de frenos y contrapesos. El sistema político norteamericano resolvió sus dilemas con la distribución del poder con ambición frenando ambición, dilemas propios del contexto al que los federalistas se enfrentaban. Como en el camino los Estados Unidos fueron construyendo su ascenso a la primacía global, su sistema fue adoptado e imitado. Cuando la potencia ascendente elige como prioridad la reforma de la gobernanza, los efectos de ese proceso tienen efectos y reverberaciones de escala planetaria. Los dilemas internos de Xi hoy tendrán eco intelectual y práctico en el mundo en los años venideros. Nadie puede saber el resultado final de este proceso: reforma, revolución o restauración.

Globalmente, vivimos hoy una era de heterodoxia y experimentación pragmática. Las fronteras entre Estado y mercado, entre doméstico-interno e internacional se vuelven difusas y confusas. Ya lo sabemos en el campo económico. Les toca ahora a la administración pública y de lo público, a la naturaleza, funciones, alcances y competencias de las instituciones y funcionarios del Estado.

Las respuestas de las democracias liberales de los siglos XIX y XX no son las de Pekín en el siglo XXI. Son estructuraciones esencialmente innovadoras, y la sociedad china lo percibe claramente. Es peligroso para los países latinoamericanos caer en la complacencia de descartar las reformas del presidente Xi como el retorno a viejas recetas con nuevas tecnologías. Lo aceptemos o no, China está obligando a Occidente a replantear sus propias categorías, esta vez de gobierno.

El autor es especialista en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Di Tella

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