Conocer la identidad biológica, un derecho para todos

En sus orígenes hay un acto mentiroso: un robo, una venta, una adulteración o simplemente una desesperación. Personas apropiadas a las que se les adulteró el origen, en general adultos que quieren saber quiénes son sus madres, a las que sospechan les robaron a sus bebés para ser vendidos, tal cual reflejó el reportaje "A fondo" publicado por este mismo diario. Ese tráfico de personas, que muchas veces desde las grandes ciudades se ve como un mito y sin embargo es una odiosa realidad a lo largo y ancho de nuestro país.

Muchachas pobres o desprotegidas que entregan sus hijos a parejas que no pueden tenerlos, una práctica aceptada por médicos, parteras o religiosos bajo el prejuicio de que un niño "estará mejor en una casa con comodidades", o la contracara de la chica "de buena familia" que se embaraza y para evitar el bochorno social entrega a su hijo en falsa adopción. Millones en nuestro país. No fueron apropiados en los tiempos de la dictadura, pero como los hijos de los presos desaparecidos cargan con el despojo de la apropiación y ya adultos van detrás de lo que se les negó, el derecho a la verdad de su identidad biológica. Una obligación que debe garantizar el Estado democrático. Ese saber que para la mayoría es la natural certeza de quiénes son nuestros padres, el lugar donde nacimos y el nombre que nos identifica. Los atributos que hacen de cada uno de nosotros una persona. En una sociedad como la muestra, tan proclive a la falsificación y la mentira –tal cual mostró el reportaje–, vale ir más a fondo para evitar otra falsificación, la apropiación de la verdad en relación con la política de derechos humanos.

En 2009, el gobierno kirchnerista restringió la universalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos, creado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Desde entonces, quedaron fuera todas las apropiaciones que no están vinculadas a los delitos de lesa humanidad.

Aun cuando no conseguí ni como diputada ni como senadora que se aprobara una ley para garantizar ese derecho y restituir la universalidad al Banco, desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, siempre con la participación y la ayuda de los numerosas agrupaciones de "buscadores" (como se llaman quienes intentan conocer sus orígenes), promovimos el debate en torno a ese derecho, impulsamos y acompañamos el trabajo de la Red Nacional por la Identidad Biológica, creada por la Secretaría de Derechos Humanos de la gestión anterior, para ir configurando un registro y elaborar un protocolo para la dramática situación de los reencuentros. Junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación viajamos por todo el país para crear conciencia sobre el tema y promover una legislación que obligue al Estado a garantizar ese derecho. Así, existen en el país provincias pioneras, como Santa Fe y Mendoza, como decenas de municipios que adoptaron nuestra propuesta de ordenanza para dar respuesta a esas demandas.

Fueron años en los que pude conocer dramas personales, unidos todos por la misma fuerza para conocer la verdad sobre el origen. La misma que nos debemos como sociedad. ¿No será que el sistema de terror que durante la dictadura robó bebés y les sustrajo la identidad al entregarlos en falsas adopciones fue posible porque culturalmente naturalizamos que las personas sean apropiadas de manera ilegal y traficadas? Lo que no podemos naturalizar es la ideologización de los derechos humanos ni la falsificación de la historia, mucho menos que aquellas organizaciones que trabajaron para encontrar a los nietos desaparecidos les cierren las puertas a los que también tienen derecho a conocer sus orígenes.

El pasado trágico debe servirnos como aprendizaje para que tengamos un verdadero Estado de Derecho, moderno y eficaz, que de manera sencilla facilite la adopción de tanto niño abandonado y evite la corrupción y la desidia. Pero, sobre todo, para que finalmente la verdad sea un valor y evitar que se perpetúen como cultura la falsificación y la mentira.

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