Conflicto YPF-Chevron: ¿se puede avanzar sin dañar el medio ambiente?

Los eventos ocurridos en Neuquén por el acuerdo con Chevron para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta, con movilizaciones e incidentes violentos, son el emergente de un conflicto consuetudinario poco tratado hasta ahora: el que existe entre el crecimiento económico y sus beneficios, con la preservación del ambiente y las necesidades de actores que de él dependen para subsistir. Habrá que arbitrar los mecanismos necesarios para protegerlos y compensarlos, induciendo su participación activa en un modelo de gestión que los comprenda como protagonistas y no como variable de ajuste.

A diferencia del hidrocarburo convencional, los tipos de petróleo y gas shale se encuentran atrapados en formaciones rocosas como arenas y pizarras, requiriendo para su extracción la fractura de las mismas o "fracking" por inyección de agua y químicos a grandes presiones a través de perforaciones horizontales de varios kilómetros de largo. Las objeciones más importantes a esta modalidad de explotación se centran en tres aspectos: en primer lugar no se rompe con un modelo energético basado en los combustibles fósiles y por lo tanto se continúa generando contaminación y efecto invernadero.

Habrá que arbitrar los mecanismos necesarios para protegerlos y compensarlos

Esta postura se desactiva si se observa que mientras la economía norteamericana creció 30% en los últimos 20 años, las emisiones de carbón descendieron un 10 % debido a la transición de formas más contaminantes como el carbón hacia el gas natural. En segundo lugar, se ubica la problemática del agua: aunque el gas se encuentre a profundidades de entre dos y tres kilómetros y la napa freática a sólo 500 metros de la superficie y entre éstos haya estratos de roca impermeables, la ruptura de una camisa (tubo que va de la superficie al yacimiento) puede generar contaminación cruzada. También en Pensilvania surgieron graves problemas debido a la eliminación superficial de los fluidos residuales. En tercer lugar, los enormes volúmenes de agua necesarios pueden privar a muchos actores del acceso al líquido elemento, en especial en zonas tan áridas como la provincia de Neuquén. Aquí las declaraciones de Miguel Galuccio en relación al uso de sólo un 5% de las aguas de los ríos neuquinos despiertan controversia: ese porcentaje sólo se corresponde con los actuales bajos niveles de explotación, de ningún modo con los proyectados.

El protocolo de Kyoto del 2000 viene a formalizar un cambio en la mirada sobre la responsabilidad por bloque de naciones en la contaminación ambiental global según el cual los países en desarrollo tienen más derecho que los desarrollados al consumo de energías convencionales (petróleo y gas). Esto se expresa en los consensos alcanzados para la fijación de techos más altos de emisiones de gases invernadero que se les ha conferido. La razón: son responsables en menor medida del daño al ambiente global por su menor consumo histórico de bienes y energía, y tienen entonces más derecho a usar combustibles fósiles, insumo que fue esencial en su momento para el desarrollo de los países hoy prósperos. Por otra parte, las fuentes de energía renovables no pueden dar una respuesta aún a un consumo energético intensivo como el requerido por el impulso industrializador de las naciones en crecimiento. Entonces, es imprescindible avanzar. Lejos de una gestión-museo de su ambiente, la Argentina no puede ni debe darse el lujo de dejar pasar esta oportunidad. Además de ser el segundo país del mundo en reservas de petróleo y gas no convencional, las importaciones anuales de energía que ya rondan los 14.000 millones de dólares constituyen una causa estructural de sus problemas crónicos de escasez de divisas que comprometen la sustentabilidad de la economía.

Los países en desarrollo tienen más derecho que los desarrollados al consumo de energías convencionales

Sin embargo, de nada sirve el crecimiento económico si el precio para evitar una suma cero entre los beneficios para la nación y los costos ambientales y sociales que genera es una mirada que soslaye a estos últimos. Algunos protagonistas de las protestas de Neuquén como los representantes de pueblos originarios constituyen un colectivo al que un modelo del que se suponían beneficiarios en un principio les ha soltado la mano hace tiempo. Sus tribulaciones no se limitan a Vaca Muerta, padecen también las consecuencias ambientales de la expansión sojera en vastos segmentos del norte del país. El monocultivo compromete la biodiversidad, y acarrea desmontes masivos que afectan su acceso al agua y los alimentos. Conforme avanza la frontera agropecuaria, los más desafortunados son expulsados sin que se les ofrezca más alternativa que el destierro. Pensar en un cambio es difícil. El sistema de retenciones a las exportaciones así como las regalías petroleras son una fuente fundamental de financiamiento del modelo económico vigente. Al tiempo que muchos de estos abusos ambientales y sociales ocurren en territorios de provincias leales al gobierno nacional cuyas autoridades lo sustentan políticamente. Sin embargo, los eventos de Neuquén puestos en el contexto de la pérdida de capital electoral del Ejecutivo deberían invitarlo a abrir más el juego democrático y escuchar a expertos y protagonistas para minimizar los actuales niveles de conflicto social. Es en esta dirección que el paradigma del Desarrollo Sustentado cobra significado dado que propone avanzar con los objetivos crecimiento y sus demandas intensivas de energía sin comprometer la sustentabilidad del ambiente, atendiendo a las necesidades de los actores excluidos en el proceso. El manejo apropiado del impacto ambiental sobre un segmento poblacional altamente vulnerable debe concitar un compromiso tan importante como el que suscita la explotación del recurso.

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