Condiciones argumentales para un debate más robusto sobre el aborto
En un artículo publicado en LA NACIONel 23 de junio pasado, las juristas Aída Kemelmajer de Carlucci y Eleonora Lamm sostuvieron que quienes se oponen al proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo tienen "preconceptos en contra de la mujer" y que "la búsqueda de posiciones conciliadoras sobre la cuestión" es un "dibujo con palabras" que pretende "detener el avance de los derechos de la mujer". Asimismo, el senador Miguel Pichetto suele repetir que quienes se oponen al proyecto de ley que legaliza el aborto , lo hacen por motivaciones dogmáticas vinculadas a la religión.
Este planteo conduce a preguntarnos: ¿es enriquecedor un debate si se descalifica a quienes argumentan en contra de las posiciones de uno, por el solo hecho de hacerlo? En estas líneas buscamos reflexionar sobre las condiciones argumentales de un debate robusto en un tema tan sensible y serio.
Para que el debate democrático sea un espacio de argumentación y diálogo genuino, la primera condición es la escucha mutua. Cuando lo que se busca es conocer la realidad, es necesario dar crédito de buena fe y conocimiento del tema al que piensa diferente. La segunda condición, es concentrarse uno mismo en demostrar paso a paso la veracidad de los argumentos propios. En asuntos como el aborto, donde están en juego la vida y la libertad humana, es imprescindible observar previamente la realidad del fenómeno humano que sustenta nuestro discurso. Centrarnos en el "qué está pasando" y en los "por qué" y no en el "quién lo dice", permite comprender la realidad y modera el apego a abstractas consignas militantes.
Uno de los argumentos citados es que si el Estado no persigue penalmente a las mujeres que abortan, también debe garantizar su derecho a abortar. ¿Por qué el Estado no podría promover una política pública que ayude positivamente a las mujeres a evitar abortos, experiencia trágica, al tiempo que decide su no-punibilidad hasta la semana 14? Desde el consumo de tabaco y alcohol, hasta el uso del cinturón de seguridad, los Estados promueven políticas públicas para evitar prácticas que entienden perjudiciales para la comunidad, no obstante ello eligen no perseguir penalmente a quienes las realizan. Razonar así, es tomar en cuenta que la mujer suele ser la primera víctima, y no la culpable del aborto. Víctima de un acto sexual forzado, de la presión familiar por abortar, de la debilidad de las políticas de salud pública para acompañar a las mujeres embarazadas.
Recientemente el senador Pinedo recordó que, aún siendo ilegal el aborto, desde hace tiempo el Estado argentino ha dejado en los hechos de perseguir penalmente a las mujeres que abortan. ¿Debemos derivar de este hecho que el Estado debe dejar de penar a la mujer que aborta? No necesariamente, pero es una posibilidad que se apoya en una experiencia concreta y que no puede descalificarse sin argumentar. Conocer los problemas de la realidad no provee una receta para resolverlos, pero sí un marco referencial a partir del cual argumentar, captando matices y complejidades muchas veces nublados por juicios precipitados.
Otra afirmación que merece respuesta es la que sostiene que en Argentina el aborto es una cuestión central de salud pública y que las mujeres de menores recursos son las principales víctimas de su no-legalización. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2016 fallecieron en Argentina 245 mujeres por causas relacionadas con o agravadas por el embarazo. De dicho universo, 31 muertes responden al aborto inducido, lo cual representa el 12,65% del universo total. El restante 87.35% de las muertes responde a causas obstétricas directas o indirectas. Esto significa que más de 200 mujeres fallecieron llevando su embarazo a término por las deficientes cuestiones sanitarias.
Estos datos son consistentes con los publicados por el Ministerio de Salud de la Nación en el documento "Análisis de la Mortalidad Materno Infantil, República Argentina, 2003-2012", de donde surge que el 87,2% de los casos de mortalidad materna se producen por causas evitables diferentes al aborto y solo un 12,8 tiene relación con prácticas abortivas. ¿Debemos deducir que las muertes de mujeres por abortos no merecen nuestra atención? No, estos datos solo indican que cuantitativamente el aborto no es el principal problema de salud pública en Argentina y que el desafío es luchar contra todas las causas de mortalidad materna.
El Institut National d’Etudes Démographiques (INED) de Francia ofrece datos relevantes: desde su legalización en 1975, el número de abortos no se redujo sino que se estabilizó. Los datos relevados demostraron que la tasa más alta de abortos se da entre mujeres de 15 a 30 años y que una sola mujer aborta más veces. Por otro lado, luego de escuchar a mujeres de diferentes condiciones sociales, la investigadora Ségolenè Du Closel encontró que muchas de ellas abortaron bajo presión. Antes de realizar el acto, el aborto suele ser percibido por algunas mujeres como una liberación, pero no pocas veces da lugar a un posterior arrepentimiento. El aborto es una realidad compleja que merece ser comprendida y sentida antes que reivindicada. Defender los derechos de la mujer no implica necesariamente el deber de legalizar el aborto.
En la discusión, tampoco podemos invisibilizar la realidad de la persona por nacer y sus derechos. Un intelectual socialista y ateo como Norberto Bobbio sostenía que en la cuestión del aborto, existen tres derechos: "El primero, el del concebido, es el fundamental; los otros, el de la mujer y el de la sociedad, son derechos derivados. Por otro lado, y para mí este es el punto central, el derecho de la mujer y el de la sociedad, que suelen esgrimirse para justificar el aborto, pueden ser satisfechos sin necesidad de recurrir al aborto, evitando la concepción. Pero una vez que hay concepción, el derecho del concebido sólo puede ser satisfecho dejándole nacer.". Y a continuación afirmó: "El hecho de que el aborto esté extendido es un argumento debilísimo desde el punto de vista jurídico y moral. Me sorprende que se adopte con tanta frecuencia. Los hombres son como son, pero precisamente por eso existen la moral y el derecho." También le sorprendía a este intelectual italiano que los laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de defender la vida desde la concepción.
Contra lo que sostiene el senador Pichetto, la defensa del derecho a la vida del niño por nacer no es una cuestión exclusivamente vinculada a creencias religiosas, es fundamentalmente una cuestión humana. Nuestros argumentos pueden originarse en una sensibilidad religiosa y eso no tiene nada de malo, pero una vez en la esfera pública es su solidez la que los hace útiles para un debate que interpele a creyentes y no creyentes por igual.
Si queremos mejorar como comunidad, sin odios y llegar a esforzados pero necesarios acuerdos sociales, el debate es un camino difícil que debemos transitar con paciente escucha y prudente pasión. Descalificar al otro es una postura débil, porque niega la apertura a una realidad plena y compleja como es el embarazo. El futuro del país se construye tendiendo puentes hacia el que piensa diferente, apoyándonos en el conocimiento compartido de la realidad. La experiencia de muchísimas mujeres es que el aborto, legal o no, es una tragedia que marca sus vidas. Si partimos de esa realidad, podremos robustecer el debate actual en Argentina.
Guillermo Jensen es docente e investigador. Doctor en Derecho.
Juan B. González Saborido es abogado y docente. Maestrando en Ciencias de la Legislación. Investigador adjunto.
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