Con énfasis, sin resolver nada

Acababan de retirarse las petroleras y Carlos Caserio, flamante vicepresidente del Banco Nación, se dirigió el martes a sus comprovincianos, un grupo de cordobeses que quedaba en la Secretaría de Energía. Eran funcionarios del gobernador Schiaretti que, acompañados por Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, habían ido a ver al anfitrión del encuentro, Darío Martínez, para exponerle lo que desde la semana pasada los tiene intranquilos: unas 30 plantas fabriles sufrieron recortes de hasta el 30% en el suministro de gas. Caserio, que terminó su mandato de senador en diciembre, aprovechó entonces para cobrarse una pequeña cuenta: si los legisladores de Schiaretti no hubieran acompañado a Juntos por el Cambio en la última votación del presupuesto, les dijo, tal vez el Gobierno tendría hoy fondos para los gasoductos que le reclaman.

“Carlos, vos sos cordobés: no venimos a pelear –le dijo Sergio Busso, ministro de Agricultura de la provincia–. Tenés que tener la misma preocupación que nosotros”. De pronto, una reunión técnica o sectorial había cobrado tinte partidario. Y cuando eso pasa, en general con bastante frecuencia en la Argentina, la discusión se aleja de las precisiones, justo lo que los empresarios pretenden tener en un contexto energético complicado. La situación es seria y así se lo plantearon a Martínez. Si, por ejemplo, los productores de maní no tienen suficiente combustible para el proceso de secado, es probable que pierdan toda la cosecha de este año, alrededor de un millón de toneladas, de las cuales exportan el 95%. Es decir, unos 1000 millones de dólares que vendrían al país cuando no sobran divisas. “Nosotros queremos saber si va a haber gas”, preguntó Uribarren. El secretario de Energía les dijo que sí, que el acuerdo al que Alberto Fernández había llegado con su par boliviano, Luis Arce, permitiría en las próximas semanas traer desde allá por lo menos 14 millones de metros cúbicos diarios. Pero ¿está firmado?, le insistieron. Martínez contestó que no, que el convenio estaba aún en la etapa de revisión, pero agregó que no habría obstáculos para cerrarlo en unos pocos días.

Las dudas de los cordobeses no se despejaron. No por mala voluntad de ninguno de los presentes, ni siquiera del anfitrión. Ya es tarde: la Argentina ha llegado sin previsiones a una crisis global que no solo impide tener alguna idea del precio del gas o el petróleo, sino también sobre los volúmenes con que podrá contar. Un estado de vulnerabilidad que hasta ubicó a Julio De Vido, el funcionario que perdió en 2010 el autoabastecimiento, en el rol de analista crítico. “No hay norte, es muy delicada la situación energética. Como la alimentaria, producto de la dolarización del precio del maíz”, dijo a Radio con Vos, y buscó provocar: “Como la gente no come maíz, por ahí tiene que comer polenta”.

Nubosa hacia el futuro, la evaluación de la oferta de gas deja al menos una certeza retrospectiva: la Argentina ha perdido en los últimos años un tiempo valioso que le habría permitido no solo abastecerse cómodamente, sino exportarlo a Europa a los precios más altos de la última década. Es probable que esta obviedad se haya insinuado en la conversación e incomodado a Caserio. Por ejemplo, cuando los cordobeses se lamentaron por la demora de una inversión no muy costosa: un refuerzo para ampliar la capacidad del gasoducto centro-oeste, el que une Loma La Lata, Neuquén, con General Baldiserra. Son apenas 60 km que, si se hubieran empezado a tiempo, costarían no más de 150 millones de dólares y le permitirían a la provincia no depender, como ahora, en un 75% del gas que vendrá desde Bolivia. Pero la obra no está. Caserio dice que por la caída de la ley de presupuesto.

La falta de respuestas sobre el asunto explicaría también por qué la Secretaría de Energía ha decidido últimamente incluir en estas reuniones a las petroleras y a las transportistas y comercializadoras de gas: para que sean ellas las que les digan de frente a industriales y funcionarios las razones de la escasez. El Gobierno hizo exactamente lo mismo al día siguiente, el miércoles por la mañana, cuando recibió a la Unión Industrial Argentina (UIA). “Es un tema entre privados”, definió Martínez. La central que conduce Daniel Funes de Rioja pidió que al menos se conformara una mesa en la que se anticipen las eventuales restricciones. “Si me vas a cortar, mejor saberlo tres semanas antes”, dijo uno de los presentes ese día, y el secretario de Energía lo juzgó razonable.

El Gobierno debe agregar a todas estas dificultades su inclinación natural hacia lo periférico del drama argentino: internas del Frente de Todos, urgencias judiciales de la vicepresidenta, posicionamiento ideológico para las elecciones de 2023, discusiones por las pistolas Taser. Con el acuerdo con el Fondo firmado, más de uno en el gabinete se había ilusionado con adentrarse de una vez en crecer y bajar la inflación. Pensaron que Alberto Fernández relanzaría su gobierno y que hasta echaría a algún funcionario durante esta semana que pasó. Esperaban un lunes emancipador. Guzmán, por ejemplo, llegó a fantasear con el despido de Federico Basualdo, su colaborador más rebelde, pero tuvo que conformarse con menos: Martínez se acopló finalmente al programa tarifario del Palacio de Hacienda y convocó a la audiencia pública a partir del 10 del mes próximo. En realidad, el propio Presidente ya había apaciguado algunas ínfulas el fin de semana: seguirá adelante con las medidas que se propone, les dijo, pero no habría despidos inmediatos y tampoco está seguro del modo en que el kirchnerismo reaccionará ante la ratificación de este rumbo. “Si se quedan o se van”, citó entre las opciones que ignora, y dio un ejemplo: a pesar de que no habla con la vicepresidenta, sabe que ella pretende que restituya la mesa de los lunes, aquellos encuentros semanales de los que participaba, por ejemplo, Kicillof.

Alberto Fernández dice estar dispuesto a desobedecer esta recomendación. Sin embargo, es evidente que la sola posibilidad de un rechazo de Cristina Kirchner los exime a él y a todos sus colaboradores de actuar con naturalidad. Es como una trampa invisible: la “jefa” influye hasta desde el silencio. Y no se salva ni el imperturbable Guzmán: para aplacar presiones del camporismo ideó el proyecto de la renta inesperada, una iniciativa que juzga sin posibilidades de prosperar en el Parlamento. ¿Con qué pagará entonces el bono de 18.000 pesos para 13 millones de personas que acaba de anunciar? De Vido hurgó por ahí con un segundo aporte: “Algunos economistas, como Juan Valerdi, dicen que lo único que va a hacer es potenciar el proceso inflacionario”.

El resultado de esta debilidad es que no se resuelven problemas. La administración está en falsa escuadra. Se entiende que los empresarios no sepan si tendrán gas en el invierno. “Son muchos imponderables: la lluvia en Brasil, el frío acá, un paro en Vaca Muerta”, enumeró un integrante de la mesa directiva de la UIA. Es imposible proyectar cuando se está entre la Providencia y el humor piquetero. Que Alberto Fernández haya afirmado anteayer que en Vaca Muerta hay gas para 200 años y que, al mismo tiempo, la obra del gasoducto con que pretende extraerlo no empiece antes de agosto no hace más que confirmar el desconcierto. “¡Un carajo estamos perdidos!”, se envalentonó en José C. Paz. La Argentina es a veces eso: énfasis desde y hacia la nada.

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