Comunicación: sin censura, el pluralismo sigue en disputa
De raíz histórica, la concentración mediática y el uso discrecional de recursos públicos para castigar la crítica aún impactan en la circulación social de ideas diversas
Las tres décadas que se cumplen tras la recuperación del orden constitucional contienen transformaciones fundamentales en el sistema de medios, pero también recrean síntomas cuya raíz es histórica y que obturan la progresión de mejoras en la producción y circulación social de ideas diversas.
La superación de la censura directa erradicó una endemia fomentada por todos los gobiernos militares y muchos civiles antes de 1983. A la extensión de la libertad de opinión se sumó la revolución tecnológica, que incorporó nuevas plataformas de producción y emisión de informaciones y entretenimientos (radios FM en los 80; televisión multicanal de pago en los 90; Internet a través de conexiones fijas y móviles más recientemente). Nuevos géneros, lenguajes y temas franquearon un estilo oxidado por tabúes políticos y culturales, acercando no sólo el registro periodístico, sino el de la ficción a los ritmos de vida de la sociedad y estimulando nuevos usos sociales, cada vez más desprogramados, con los medios.
El cambio tecnológico coincidió con el incremento de la concentración de la propiedad (que registra fases expansivas y defensivas, pero que no se detiene desde 1989), fruto de la mayor importancia económica del sector. A su vez, el renovado interés por los medios agilizó la comunicación y el marketing político.
La ley audiovisual sancionada en 2009 y validada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia en 2013 cristalizó finalmente una promesa de los partidos mayoritarios en la elección de 1983, a la vez que profanó uno de los núcleos duros de la regulación anterior, al fijar como objetivo de la intervención estatal el acceso a los medios de sectores que estuvieron proscriptos como licenciatarios por no guiarse por el lucro. El Gobierno no fue respetuoso de la ley y los principales grupos mediáticos se resisten a cumplirla, lo que, sumado a limitaciones de la norma, dificultó hasta ahora su aplicación.
Presente de tensiones
La discusión social que acompañó la sanción de la ley fue irreverente con la ideología del objetivismo de las empresas periodísticas. Pero para que esa ideología tenga un relevo superador se precisa un ambiente plural. La Corte Suprema aportó un sumario de esa necesidad: además de la concentración, destacó como limitaciones el abuso de publicidad oficial y la ausencia de garantías de acceso a la información pública, que son prácticas transversales a distintas formaciones políticas que administran los Ejecutivos nacional, provinciales y municipales (por supuesto con diferente impacto por la escala de los niveles de gobierno).
El pluralismo es un emblema disputado a partir de la descalificación de la disidencia. La aparente incompatibilidad entre quienes piden regular la pauta oficial (acusados de oficiar de voceros de los grandes grupos) y quienes cuestionan la concentración mediática (sindicados como inescrupulosos defensores del atropello gubernamental) sustraen del debate el hecho de que en ambos casos aluden a recursos, como las licencias audiovisuales o el presupuesto, que son públicos pero se gestionan como si no lo fueran.
La concentración de medios y el uso discrecional de recursos públicos para premiar la sumisión y castigar la crítica son dos rasgos que, aunque históricos, configuran un presente de tensiones entre política y medios. De no resolverse el impacto negativo que estos rasgos tienen para la convivencia democrática, la posibilidad de ensanchar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación será una quimera.
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